Un día después de que Página/12 publicara que había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, Isabelita renunció al último cargo que tenía en la esfera de la Policía Federal Argentina (PFA). Pese a haber pedido la baja al Cuerpo de Informaciones en 2004, había estado todos estos años formando a los nuevos cuadros de la fuerza tanto en la Escuela Federal de Inteligencia (EFI) como en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA). La persistencia en las estructuras de las fuerzas de quienes actuaron en la dictadura muestra los desafíos que aún tiene la democracia argentina –que el año próximo cumplirá 40 años.

Días atrás, en los tribunales de Comodoro Py recibieron el legajo de Isabel Correa como docente en la PFA. La carpeta muestra que la licenciada en Ciencias de la Educación empezó a desempeñarse como profesora en 1995, cuando aún reportaba en el Departamento de Protección del Orden Constitucional –más conocido como el POC–. El POC se creó hacia finales de 1983 y tuvo como primer jefe a Pedro Santiago Godoy, condenado como torturador en los centros clandestinos conocidos como Atlético-Banco-Olimpo (ABO). En los primeros años de la democracia –créase o no–, tenían a su cargo la seguridad de los jueces que, entre otras cosas, debían investigar los crímenes de la dictadura. En 1994, el POC estuvo involucrado en la investigación del atentado a la AMIA –y en la destrucción de evidencia clave–.

A lo largo de más de 25 años como docente de la PFA, Isabelita dio materias como Actualización doctrinaria y Tendencias Políticas, Métodos y procedimientos de reunión –que básicamente se refiere a cómo conseguir información–, Metodología de la investigación y análisis o Análisis situacional. Lo hizo inicialmente en la EFI –donde llegó a ser la jefa de estudios– como en el IUPFA.

En 2013, la mujer fue denunciada por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) hallara en su legajo una constancia de que había estado infiltrada en Madres durante la dictadura. En esos años –particularmente en 1981–, otro exagente de la PFA Luis Alberto Martínez –conocido como “Japonés” mencionó a una mujer llamada “Isabelita” como la persona que estaba infiltrada en el grupo de Madres y familiares que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz. En el legajo de ella también figura que había aparecido en una denuncia hecha en el ámbito internacional.

Durante 45 años, Isabelita jamás debió dar explicaciones –incluso siguió formando a las nuevas generaciones de integrantes de la PFA pese a haber sido denunciada por crímenes de lesa humanidad y por su vinculación con uno de los casos más emblemáticos de la represión: la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas.

“Cuando se han cometido violaciones masivas de derechos humanos, el Estado tiene una serie de obligaciones que van más allá de enjuiciar a los responsables”, le dice a Página/12 Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. “Una de las medidas más importantes para la no repetición de los hechos es lo que se llama el proceso de vetting, que es sacar de las estructuras del Estado a quienes hayan estado involucrados directa o indirectamente en violaciones de derechos humanos”, agrega.

“Si hay un plano en el que yo he detectado en países de todos los continentes una fuerte resistencia a llevar adelante ese proceso es el campo de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia porque el espíritu de cuerpo hace que sea muy difícil llevar adelante esa tarea. Eso genera muchos problemas. En el caso de Chile es evidente: a pesar de que el país se democratizó, las fuerzas de seguridad reaccionaron en la represión de las protestas de hace dos años con las mismas formas que reaccionaba la policía de (Augusto) Pinochet”, ejemplifica el funcionario de Naciones Unidas. “Si se tiene a una persona que podría haber cometido crímenes en el desempeño de su tarea y luego es responsable de la formación de quienes van a llevar adelante tareas y trabajos de seguridad, el resultado es patético”, resalta Salvioli.

El Cuerpo de Informaciones al que perteneció Isabelita es uno de los organismos de inteligencia menos conocidos e investigados. Es el mismo que integró José Pérez –Iosi, el espía que estuvo infiltrado en la comunidad judía– o Américo Balbuena, el espía que estuvo metido en la Agencia Walsh. No se ha desclasificado información más allá de la que se ha enviado a causas judiciales puntuales. “Los países, pasada una cantidad de años, no tienen ningún motivo serio que les impida desclasificar esa información. No proceder a la desclasificación lo único que termina generando es la impunidad de esas personas, por lo que, en ese supuesto, el Estado está incumpliendo por omisión”, apunta Salvioli.

“Lo grave de esta situación no es esta mujer en particular, sino que ese instituto de formación siga funcionando de esa forma. Ella puede ser el testimonio de la continuidad de un modelo de policía que no es compatible con la democracia. En la democracia, nuestra lucha diaria es por desprestigiar la violencia y que ese lugar lo ocupe finalmente el Estado de derecho”, dice Jorge Auat, extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

Para el sociólogo Daniel Feierstein, el foco debe ponerse en la falta de cambios reales en las fuerzas de seguridad en las últimas décadas. “Desnuda que no ha habido reformas en las fuerzas de seguridad durante todos estos años de democracia. La formación de las fuerzas no se resuelve con la introducción de una materia de derechos humanos. Es una medida cosmética que no lidia con el problema de fondo, que son las currículas, los docentes y el funcionamiento de estos cuerpos”, opina el director del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF).

“Siempre denunciamos que quienes actuaron en la dictadura siguieron siendo parte del aparato represivo del Estado y formando a las nuevas generaciones”, aporta la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) Myriam Bregman. “Eso se ve claramente en el caso de Isabelita, pero no es solo eso: se puede advertir el contenido político de la persecución que ha realizado el Cuerpo de Informaciones de la PFA. Por eso, siempre hemos reclamado –y ahora lo hacemos desde el Congreso nacional con un proyecto de ley– que se disuelva este organismo”, insiste Bregman.

Durante la gestión de Sabina Frederic al frente de Seguridad se trabajó en una propuesta de reforma de la PFA en su totalidad –que incluía el Cuerpo de Informaciones– pero no llegó a hacerse pública. En gateras también está la reforma de la Ley de Inteligencia en la que se enfocó Cristina Caamaño junto con un grupo de especialistas.

“El Cuerpo de Informaciones tiene un vicio de origen: es totalmente secreto”, afirma Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Como nunca se desclasificó información, pueden pasar estas cosas como que una persona que podría haber estado involucrada en delitos de lesa humanidad siga dando clases porque nadie sabe quién es. Nunca se terminó de discutir qué hacer con el Cuerpo de Informaciones”, remarca.

Litvachky, que es una de las expertas que estudian la relación entre la inteligencia y el sistema de justicia, va a estar presente el 13 y 14 de octubre en Montevideo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el pedido de Memoria Activa para condenar al Estado argentino por su rol frente al atentado de la AMIA. “En esas audiencias vamos discutir el peso del secreto en la intervención de agentes del Cuerpo de Informaciones y la imposibilidad de reconstruir la verdad después de todos estos años”, adelanta. Es un debate que Argentina se debe hace décadas.

/Página12.