Los hijos e hijas de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar, 28 de ellos, ingresaron a trabajar en las dependencias del Estado en las que se desempeñaban sus progenitores al momento de ser secuestrados, gracias a la reparación de sus legajos donde nunca había constado que la desvinculación laboral obedeció al plan sistemático militar.
La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad se encarga de la reparación de los legajos de los trabajadores y trabajadoras secuestradas durante la dictadura donde no constaba el verdadero motivo de la desvinculación laboral.
Julián Scabbiolo, coordinador de la Comisión -que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos-, contó que hasta el momento, situaciones similares de ingresos laborales, se produjeron en áreas como «Ferrocarriles, AFIP, Aduana , Enohsa, Aysa, Administración General de Puertos, Ministerio de Trabajo, PAMI y Anses».
El organismo se dedica a «recuperar la identidad de los trabajadores del Estado detenidos desaparecidos, reparar sus legajos y entregarlo a sus familias», añadió.
En este sentido, explicó que «la reparación y la memoria son un impulso que reconstruye los lazos sociales y culturales que trató de destruir el terrorismo de Estado».
De esta forma, las Resoluciones Conjuntas firmadas por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, establecieron que en ambos legajos debe constar que «la verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado».
El último ingreso, anunciado esta semana, fue el de Fernando Peralta, hijo de Eustaquio Peralta, quien se desempeñaba en la Empresa Líneas Marítimas Argentinas y fue detenido desparecido el 28 de diciembre de 1977.
