El planteo se definirá la semana que viene. Todo se aceleró tras la insólita denuncia del magistrado contra el fiscal que lo investiga.
El juez Roberto Montilla no sólo enfrenta una causa penal por tratar de favorecer y mejorar las condiciones de un detenido, sino que, también, quedó a tiro de un juicio de destitución, conocido como Jury de Enjuiciamiento. Fuentes judiciales señalaron que en la cúpula de Fiscalía estarían trabajando en la denuncia. Por el momento, circula que le endilgarían la causal de mala conducta, debido a su intromisión en la situación de una persona que no estaba bajo su órbita sino en la de otro magistrado.
Además, en el Ministerio Público dicen que sorprendió “la ignorancia jurídica” del polémico juez, ya que ayer denunció al fiscal que lo investiga por supuestas conductas delictivas que no encuadran como tales. Ahí, la causal sería la de “desconocimiento notorio del derecho”.
En ese marco, trascendió que en el Ministerio Público están a la espera del regreso a la provincia del fiscal General, Eduardo Quattropani, que se encuentra en Mendoza, para que defina la situación. De acuerdo a las fuentes, habría una opinión mayoritaria entre sus colaboradores para avanzar en un Jury. Incluso, se echaron a rodar fechas: martes o jueves de la semana que viene.
La situación de Montilla es inédita, ya que fue designado por la Cámara de Diputados como juez penal de Garantías el pasado 27 de febrero y asumió su cargo el 12 de marzo. En ese breve lapso en funciones, el fiscal Iván Grassi, coordinador de la Unidad de Investigación Delitos Especiales, lo denunció y el próximo lunes se llevará adelante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, en la que dará a conocer los detalles de la imputación en su contra.
Las chances concretas del pedido del juicio de remoción contra Montilla se aceleraron ayer. El magistrado accedió a hablar en el programa “Demasiada Información”, de Radio Light, y disparó críticas contra el fiscal. “Me parece realmente descabellada la investigación porque no he cometido ningún hecho delictivo”, destacó el juez.
No fue lo único, ya que resaltó que “no sé qué quiere el Ministerio Público”, dado que criticó al fiscal al culparlo de la filtración del video en el que aparece el sábado 5 de abril en la Comisaría Cuarta. De acuerdo a la acusación, se dirigió hasta la seccional para pedirle a los policías y a un ayudante fiscal que se trasladara a Benito Martín, de 84 años, a una residencia de adultos mayores.
En el programa radial, Montilla admitió que fue a la comisaría “anoticiado de la existencia de una persona de 84 años que se encontraba detenida. Teniendo todas las unidades fiscales a mi cargo, me presenté en la comisaría a los efectos de saber si era un detenido por alguna causa mía, lo cual no era así. Estaba a la orden de Flagrancia. Manifesté que informaran al juez porque la Policía no sabía qué hacer, que necesitaban mandarlo a algún lado porque se había descompuesto. Me retiré y, a partir de ahí, no sé qué pasó”.
La postura de Fiscalía indica que ese 5 de abril llamó dos veces a la Cuarta para darle indicaciones a los policías para el traslado del detenido y, como no se produjo, fue personalmente para concretar la medida.
No obstante, Montilla negó haberle dado instrucciones al personal policial. No se quedó ahí, ya que remarcó que el fiscal “mancilló mi nombre y apellido” al difundir el video “por todos los lugares de San Juan. Afectó a mi familia”.
Incluso, señaló que, en el juicio, “todos los periodistas van a tener que comparecer para que digan cómo consiguieron el video”. En ese punto, se le hizo saber al juez que los periodistas cuentan con el derecho constitucional de no revelar sus fuentes de información.
También había salido a la luz que, luego de que se conociera la investigación, Montilla había ido a buscar a Grassi a su oficina. Pero el encuentro no se produjo porque uno de los supervisores del Ministerio Público, el secretario Relator Rolando Lozano, le explicó que ese contacto no corresponde.
El juez indicó que no fue a ver al fiscal sino que “iba a otra cosa (…) porque yo tenía dos causas sumamente complicadas con respecto a delitos complejos”. Por eso, señaló que “son todas situaciones falsas. Quieren desacreditarme y no lo voy a permitir”. Así, aseguró que “no le tengo miedo al fiscal ni a la causa”.
La entrevista fue pasadas las 13.30 y, a las 17, Montilla fue a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Denunció a Grassi por incumplimiento de los deberes de funcionario público por injuriar a un juez de Garantías. Las fuentes explicaron que la injuria es un delito de acción privada, por lo que, el denunciante, tiene que convertirse en acusador y presentar el caso ante un juez. No frente al Ministerio Público, que investiga delitos de acción pública.
Además, acusó al fiscal de incurrir en tráfico de influencias por la filtración del video. La figura que usó Montilla contempla un delito cometido por un funcionario, en connivencia con otra persona, en perjuicio contra la administración pública. No tiene ninguna semejanza con lo denunciado por Montilla.
Fue la gota que rebalsó el vaso y las fuentes señalaron que se habría dado la causal de destitución de desconocimiento de derecho. Un pedido de destitución es evaluado por el Jurado de Enjuiciamiento, que no actúa de oficio, sino a través de una denuncia. A diferencia de una causa penal, en la que, a la hora de una sentencia condenatoria, se requiere de certeza, en el Jury no es necesario ese requisito, sino que se comprueben las causales, como las de mala conducta y desconocimiento del derecho.
La causa penal y el eventual juicio de destitución pueden ir por carriles paralelos y tiempos distintos. Uno busca determinar si el juez fue responsable o no de un hecho delictivo, mientras que el otro tiene como fin el hecho de establecer si corresponde o no que sea echado del Poder Judicial.
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