Desconocidos sustrajeron mercadería del Colegio Parroquial San Antonio de Padua. Cuando miraron las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrieron algo sorprendente.

El robo contra el colegio parroquial de Media Agua tuvo un final jamás imaginado. Y es que las autoridades denunciaron la sustracción de mercadería del depósito del establecimiento, pero lo extraño fue que no había signos de violencia. Lo que no esperaban las autoridades escolares era que las cámaras de seguridad de la escuela les darían una sorpresa: los supuestos ladrones eran los mismos porteros de la institución.

El hecho delictivo tuvo como blanco el Colegio Parroquial San Antonio de Padua y sucedió días atrás. María Gladine, la representante legal del colegio, fue la encargada de radicar la denuncia en la Comisaría 8ª. En su relato aseguró que tomaron conocimiento del robo el 26 de agosto último y en esa ocasión el director advirtió el faltante de mercadería del depósito de la institución, ubicada en calle M. López, frente a la plaza departamental de Sarmiento. Lo llamativo fue que ni puertas ni ventanas habían sido forzadas.

El misterio se resolvería al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del mismo predio escolar. En esas imágenes se veía a dos hombres cargando la mercadería, sin que nada les impidiera el paso. Lo sorprendente fue cuando reconocieron a esas personas: no eran intrusos, los supuestos autores eran dos empleados que cumplían funciones de porteros.

Fuentes judiciales contaron que la denunciante también aportó las grabaciones y las identidades de los sospechosos, aunque por el momento se manejan con reserva. Ambos quedaron bajo la lupa de la UFI Delitos contra la Propiedad, que tomó la investigación y ordenó medidas para esclarecer la maniobra. Lo que no trascendió es si los acusados fueron detenidos o separados de sus funciones mientras avanza la causa.

El martes último hubo otro hecho delictivo perpetrado contra una escuela religiosa. Ese día entraron al Colegio Parroquial Santa Bárbara, en Villa Aberastain, Pocito, y robaron 2.300.000 pesos de la oficina administrativa del establecimiento. Ese dinero correspondía a la recaudación del festival que habían realizado semanas atrás los docentes y los padres con el fin de reunir fondos para insumos y obras en la escuela.

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El insólito y riesgo hecho ocurrió sobre Ruta 270, cuando un objeto del alumbrado público golpeó fuertemente un Fiat 147, dejando a dos hombres heridos.

La sacaron barata se podría decir. Es que dos hombres que se trasladaban en un Fiat 147 sufrieron diversas heridas al caerse un poste de luz sobre el rodado, cuando se dirigían por Ruta 270, en el departamento Caucete.

El impacto, según ‘Infocaucete’, resultó tan fuerte que el techo del vehículo se hundió, provocándole heridas a sus ocupantes, los cuales fueron llevados al hospital departamental para su atención.

Los damnificados fueron identificados como Patricio Figueroa, de 41 años, y Claudio Ponce, de 37, quienes recibieron el golpe de manera imprevista en el techo del auto. De acuerdo a la información policial, en el lugar se encontraba trabajando personal de DECSA, a bordo del interno 18, quienes realizaban tareas de reemplazo de postes en la zona. En esas circunstancias, uno de los postes se desplomó sobre el automóvil que pasaba por el lugar, provocando serios daños materiales y lesiones en sus ocupantes.

Mientras que, la UFI Delitos Especiales tomó intervención en el caso y será la encargada de dilucidar los responsables de lo ocurrido.

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Además, se solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, norma que reinstauró criterios restrictivos ya superados y que, según la Defensoría, significan un retroceso en la protección de las personas con discapacidad.

La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, acompañada por beneficiarios afectados, pidió a la Justicia Federal que se restituyan de inmediato las pensiones no contributivas por invalidez suspendida en la provincia. También solicitó que se declare inconstitucional el decreto nacional que habilitó estas medidas.

La Defensoría del Pueblo presentó este viernes un amparo colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el objetivo de dejar sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral que comenzaron a aplicarse en la provincia desde abril de este año.

La acción judicial, acompañada por un grupo de beneficiarios afectados, reclama que se restituyan de manera inmediata los haberes suspendidos y que se adapten los procedimientos de auditoría a lo establecido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Además, se solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, norma que reinstauró criterios restrictivos ya superados y que, según la Defensoría, significan un retroceso en la protección de las personas con discapacidad.

La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, afirmó: «No se trata solo de un trámite administrativo. Hablamos de personas que, de un día para el otro, quedaron sin su único ingreso para vivir. Las pensiones tienen carácter alimentario y su suspensión pone en riesgo la salud, la vida y la dignidad de miles de familias sanjuaninas».

Asimismo, señaló: «El Estado tiene la obligación de garantizar derechos y no de vulnerarlos. Lo que pedimos a la Justicia es que se restituyan las pensiones y se frenen estas medidas arbitrarias que profundizan la vulnerabilidad de quienes menos tienen».

El amparo presentado incluye además una medida cautelar para que el Estado Nacional no dicte nuevas suspensiones mientras dure el proceso judicial.

Finalmente, la Defensora remarcó: «La protección de las personas con discapacidad es un mandato constitucional y una responsabilidad internacional que la Argentina asumió. No vamos a permitir retrocesos en materia de derechos humanos».

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