Un informe del Ministerio de Defensa puso al descubierto que, antes de la vuelta de la democracia, un vocal de la Junta de Calificaciones de la Marina se opuso al ascenso de un suboficial por haber encubierto a personal más joven que “se abusaba de las subversivas detenidas”. Hasta ahora, esta documentación no era conocida por los tribunales que juzgaron la violencia sexual en la ESMA. Para Graciela García Romero, una de las primeras denunciantes, los archivos contribuyen a que se conozca una verdad todavía sepultada.

La violencia sexual fue una constante en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Durante largos años, las mujeres que sobrevivieron a ese infierno contaban lo que padecieron pero los jueces no las escuchaban. En los últimos tiempos, se registraron cambios: un tribunal oral y la Cámara Federal de Casación condenaron a dos represores por estos delitos. Uno de ellos, Jorge Acosta –conocido como el “Tigre” en la mazmorra– era el jefe de inteligencia del grupo de tareas y su alma mater. Pero, además de los testimonios de las exdetenidas-desaparecidas, se encontraron documentos en poder de la Armada que dan cuenta de que sus integrantes abusaban de quienes estaban secuestradas en el centro clandestino de detención de la Avenida del Libertador.

En septiembre de 1983 –semanas antes de que asumiera Raúl Alfonsín– la Junta de Calificaciones para el Personal Subalterno de la Armada analizó la situación de un suboficial. Uno de los vocales escribió que no debía ser propuesto para un ascenso. “Este hombre encubrió a personal más moderno que se abusaba de subversivas detenidas e intentó hacerlo cuando fue descubierto y sancionado”, decía la evaluación.

Según la reconstrucción del vocal, al cabo principal lo habían sancionado en octubre de 1976, cuando la represión en la ESMA estaba en su cénit, pero había salido indemne hasta entonces. “Este hombre debió haber sido (a mi juicio) separado de la institución en 1976. Aún hoy su ascenso a suboficial segundo es un mal ejemplo para los que seguramente conocen los hechos producidos en la ESMA”, completó.

Los equipos de relevamiento y análisis documental que funcionan en el Ministerio de Defensa encontraron el legajo de los dos cabos a los que se hacía una mención en la evaluación de la Junta de Calificaciones. Uno –el que fue sancionado por encubrir el abuso– era, para octubre de 1976, subencargado de la Compañía de Aspirantes del Curso de Mar y Servicios. El otro sancionado era sastre dentro del Departamento de Abastecimiento de la ESMA.

En uno de los legajos puede leerse que el contraalmirante Rubén Jacinto Chamorro, entonces director de la ESMA, le aplicó al cabo una sanción por “cometer una total falta de ética y corrección militar al aprovechar las ventajas que su cargo le ofrecía, empleándolas en beneficio propio y encubrir en forma reiterada una falta similar cometida por otro cabo”.

La información –que deja en claro que para 1983 toda la Armada sabía de las violaciones en el campo de concentración de Avenida del Libertador– se publicó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner –bajo la gestión de Defensa de Agustín Rossi— con los nombres de los implicados testados. Hasta ahora no había trascendido ni era conocida por los tribunales que tuvieron a su cargo el juzgamiento de los delitos sexuales en la ESMA. Tampoco por quienes estuvieron cautivas en la ESMA. Por el momento, no se sabe quiénes podrían haber sido las víctimas de los cabos ni si sobrevivieron para contarlo.

La documentación deja en evidencia varias cuestiones:

* En la Armada se hablaba sin tapujos de la existencia de personas detenidas –ilegalmente– en la ESMA, el campo de concentración donde se estima que pasaron cerca de 5000 prisioneros;

* Los cabos implicados en los abusos estaban asignados a distintas reparticiones de la Escuela, lo que demuestra que cualquiera de ellos podían ser destinados al campo de concentración;

* La Marina tenía conocimiento de los abusos sexuales a los que fueron sometidas las prisioneras.

El mismo patrón

Dos meses después de que les aplicaran las sanciones a los dos cabos, Susana Ramus vivió una situación similar. En la madrugada del 13 de enero de 1977, fue secuestrada de su departamento en la calle Pacheco de Melo. Estaba con su suegra, Cándida García de Muneta, y su hijita de tres años. Su compañero, Jorge Carlos Muneta, había sido “chupado” horas antes.

A Susana la torturaron hasta que se desmayó. Al día siguiente del secuestro, pidió que la llevaran al baño. Uno de los “verdes” –como se conocía a los alumnos de la ESMA que oficiaban de guardias– simuló que iba a conducirla hasta los sanitarios, pero aprovechó para violarla. Ella se lo dijo a unos oficiales y esto llegó a oídos de Chamorro, que sancionó al “verde” en cuestión e hizo una especie de reconstrucción de cómo fue la situación que derivó en la violación.

En los juicios, Susana también relató que fue violada por dos oficiales del grupo de tareas, Jorge Radice y Juan Carlos Rolón. “Cuando le fui a decir a Acosta lo que había pasado, me contestó: ‘Con los oficiales, podés hacer lo que quieras’. En realidad, me estaba diciendo que los oficiales sí podían hacer con nosotras lo que quisieran y no sus subordinados”, contó Ramus.

El valor de los archivos

“El informe de Defensa confirma que los rangos inferiores no estaban autorizados en la ESMA, al contrario de lo que sucedió en otros centros clandestinos, a acceder a los cuerpos de las mujeres. Era un ‘privilegio’ reservado a la oficialidad”, explica Miriam Lewin, quien también estuvo cautiva en el campo de concentración de la Marina entre 1978 y 1979.

Para la coautora de Putas y Guerrilleras, los abusos sexuales eran “un método de disciplinamiento de mujeres que se habían apartado del modelo tradicional de novia, esposa y madre, pero también un mensaje a los prisioneros varones y a los pares y superiores, porque los legitimaba como integrantes de la fratria que menciona Rita Segado”.

Para la abogada Sol Hourcade, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la documentación hallada señala “la paradoja de que sancionaban a los suboficiales pero que los oficiales que instalaron el sistema de abusos sexuales a personas que estaban detenidas no fueran sancionados por estos hechos y continuaran su carrera destacada” en lo que ellos denominaban la lucha contra la subversión. “Siempre supimos de los abusos en la ESMA por los testimonios de las sobrevivientes, pero a partir del trabajo en archivos se puede verificar por otras fuentes estas prácticas dentro de los campos de concentración”, completó.

“El hallazgo de estos legajos que dan cuenta de la violencia sexual contra las mujeres secuestradas en la ESMA demuestra que los documentos sobre el accionar genocida existen“, dice Myriam Bregman, que actuó como querellante en la causa ESMA antes de ocupar una banca como diputada del FIT-U. “Por eso reclamamos que se abra la totalidad de los archivos de las fuerzas armadas y de seguridad, especialmente todos los de la estructura de inteligencia”, insiste.

Caballeros del mar

Recién en 2010, cuando se estaban por cumplir 27 años del regreso de la democracia, los tribunales empezaron a contemplar la violencia diferencial que habían padecido las mujeres en los campos de concentración. Trece años después de ese hito, la deuda judicial en esta materia persiste. Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), solo un 16 por ciento de los fallos contemplan este tipo de delitos. 

“Estos documentos vienen a reforzar la línea de lo que decían las mujeres. Siempre estuvo presente, lo que cambió es el abordaje que el sistema de justicia hizo de esto”, explica la auxiliar fiscal Ana Oberlin. “Hubo durante muchos años una idea generalizada de que las mujeres no habían contado las violencias diferenciales que habían vivido, en especial, las violencias por medios sexuales y las violaciones en particular. En realidad, en muchísimos testimonios –incluso en los años ’80–, aparecen las referencias a las violaciones y los abusos pero fueron directamente ignoradas por el sistema judicial y no tuvieron un reflejo en las investigaciones de esos años”, añade.

Si bien las violaciones no habían quedado contempladas en la Ley de Obediencia Debida, la justicia no avanzó sobre este tema tampoco. “Recién en los últimos años del proceso de justicia empezó a aparecer con mucha fuerza la palabra de las mujeres cis contando la violencia por medios sexuales en los centros clandestinos — dice Oberlin–. A pesar de eso, muchas veces el sistema de justicia no las escuchaba. Por eso decimos que la escucha del Poder Judicial puede ser habilitante u obturante. Una de las excusas que se usaba para no avanzar era decir que eran delitos de instancia privada, pero, en ese caso, lo que debe hacer un funcionario judicial es justamente informar de esta situación para que el obstáculo pueda ser removido si existe voluntad de la persona”.

En el caso de lo sucedido en la ESMA, la justicia tardó pero está llegando. En agosto de 2021, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó a Acosta y a Alberto González por los abusos sexuales que sufrieron tres mujeres que estuvieron secuestradas en la ESMA. La sentencia marcó un hito en el proceso de juzgamiento en la Argentina. “Los autodenominados ‘caballeros del mar’, lejos de merecer ese mote, han actuado de forma vil y deleznable, amadrigándose en los camarotes de la ESMA para luego someter con cobardía a las mujeres que bajo su yugo retenían”, escribió entonces el juez Adrián Grünberg.

El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal condenó a Acosta por haber abusado sexualmente de Graciela García Romero tanto dentro como fuera de la ESMA, un caso por el que había sido absuelto en el juicio que concluyó en 2017. Graciela fue la primera sobreviviente de ese campo de concentración en presentar una querella para que se investigaran los delitos sexuales que había padecido. Lo hizo de la mano de Carolina Varsky, entonces abogada del CELS.

“Hay compañeras que recién ahora están contando los abusos que sufrieron –dice García Romero–. La aparición de estos documentos sirve para eso como sirvieron las querellas y las sentencias. Todo es para que se sepa de estas situaciones que todavía están sepultadas”.

Violencia política sexuada

“Las voces de las mujeres en las salas de juicio de nuestro país nos hablan de una violencia política sexuada”, afirma Mercedes Soiza Reilly, que representó a la fiscalía en el juicio de la ESMA Unificada –el proceso judicial que más casos contempló en la historia del país–.

“El hallazgo de los archivos no hace más que confirmar lo que tantas mujeres han relatado. Desde la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) los casos de abuso fueron una constante, pero no fueron tratados de manera adecuada. La época histórica que estamos atravesando las mujeres hace que el discurso jurídico deba ser revisado en clave feminista, porque nos demuestra que carece de perspectiva de género”, sostiene la auxiliar fiscal.

“Fuimos fiscales mujeres las primeras que solicitamos ampliar la acusación durante los juicios sobre los casos de abusos sexual y violación que las mujeres comenzaban a visiblizar y denunciar cada vez mas en las audiencias. A pesar de ello, el proceso de juzgamiento está lentificado”, resalta Soiza Reilly.

Para la auxiliar fiscal, fue clave dejar de llamar tormentos a la violencia sexual para que estos delitos se volvieran visibles. Fue un proceso largo porque el Poder Judicial mostró resistencias. “También fue esencial decir que los crímenes que se cometieron contra las mujeres al interior de los centros clandestinos fueron crímenes de poder“, sostiene.

“Tenemos una gran tarea por delante –afirma Soiza Reilly–. Lo importante es que cuando las victimas de violencia sexual declaran volvemos a poner la voz de las mujeres en los espacios públicos. Y esto es sumamente necesario en los tiempos que corren”.

@Página12.

/Imagen principal: Carolina Camps/