El sobrecosto impositivo y regulatorio hace inviable la generación fotovoltaica para usuarios residenciales
La provincia de San Juan se enorgullece de su potencial solar, pero los usuarios residenciales todavía no pueden aprovecharlo. Según el presidente de la Cámara de Energías Renovables provincial, Cristian Rosas, la carga impositiva que recae sobre la generación distribuida anula cualquier ahorro y desalienta la inversión familiar.
«Sí, el problema que tenemos con los domésticos… en este momento la Cámara no recomienda poner paneles solares, ya que está gravado con los impuestos; se le aplica el VAT, el VAT de valor agregado de distribución«, explicó. «Ese coeficiente, multiplicado por la energía que uno consume, termina encareciendo la boleta de la luz».
El cargo impositivo –al que se suman tasa municipal, Ingresos Brutos e IVA– se traslada al usuario incluso cuando este produce parte de su propia electricidad. Para Rosas, eso provoca que los paneles «sean invisibles» a la hora de calcular el precio final:
«Ha pasado de que, si uno tiene paneles solares en la casa, es como si no los tuviese… Exactamente. Es lo mismo que tengas y que no tengas paneles solares en tu casa».
Un freno que contradice la ley de fomento
La normativa nacional 27.424 fomenta la generación distribuida renovable, pero las disposiciones tarifarias que aplica el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) van en la dirección contraria, asegura Rosas:
«Las reglamentaciones que dicta EPRE no están adecuadas a favorecer esto, van en contra de la ley de fomento… Lamentablemente, hemos ido en una dirección contraria«.
Costos extras que multiplican la inversión
A la carga tributaria se suman requisitos técnicos que encarecen la instalación. El más significativo es la obligación de comprar y colocar un medidor bidireccional de alta capacidad:
«Ese medidor cuesta entre 400 mil y 450 mil pesos y el que retiran del domicilio se reutiliza en otro lugar; no es un costo real para la distribuidora», cuestionó.
«Además, hay que acondicionar el puesto de medición; entre mano de obra y materiales, un usuario puede llegar a gastar hasta dos millones de pesos».
Las empresas avanzan, los hogares se quedan atrás
Mientras los consumidores residenciales retroceden, las pymes y grandes firmas sí encuentran financiamiento y ventajas parciales:
«Las empresas lo van adoptando… la primera línea de crédito que hay en los bancos es para energías verdes», señaló Rosas.
No obstante, aclaró que «todavía tienen algunos impuestos que les siguen cobrando, al contrario de otras provincias que han premiado con más reducciones».
Un pedido formal para destrabar el conflicto
Ante la falta de avances, la Cámara presentó un expediente al Ministerio de Infraestructura que conduce Fernando Perea, solicitando una mesa de trabajo con todos los actores:
«Hemos pedido una reunión con la gente más capacitada en energía: el Instituto de Eléctricas de la UNSJ, DECSA, Naturgy, el Director de Recursos Energéticos José María Ginestar… para que EPRE se sienta respaldado y no tome decisiones unilaterales».
Rosas advierte que eliminar los sobrecargos podría impactar positivamente en toda la economía provincial:
«La quita puede ser tan fuerte que ayude a reducir la tarifa eléctrica, volver más competitivas a las industrias locales y evitar que ingresen productos más baratos de otras provincias que sí gozan de energía verde».
El balance por ahora: «No conviene»
El diagnóstico es tajante. A pesar del potencial solar de San Juan y de los beneficios ambientales, la ecuación económica para un hogar promedio sigue sin cerrar:
«A un usuario común no le conviene poner paneles solares… No puede vender energía ni declarar la planta porque le caen todos los impuestos como si no tuviese paneles«.
Hasta que la provincia no adapte su marco impositivo y regulatorio, la promesa de un techo solar para cada casa sanjuanina permanecerá como un proyecto a la espera de condiciones favorables.
/DZ
