Histórico sello distintivo de Argentina, la educación pública ve amenazados sus cimientos en manos de propuestas tendientes a su privatización, amparadas en un sostenido deterioro de la calidad del sector en las últimas décadas. Del rol inclusivo de la escuela hasta la brecha con los colegios privados: la palabra de los especialistas.

Argentina ostentó históricamente como emblema distintivo a nivel continental su sistema educativo público, gratuito, y de brazos abiertos a los extranjeros. Sin embargo, en medio de una reñida carrera electoral signada por la radicalización de discursos —al calor de la crisis más profunda de los últimos años—, la educación es blanco de propuestas de sensibles reformas.

Pese al nombre que se labró el país en la materia durante los siglos XIX y XX como pionero de la enseñanza libre, la sucesión de dificultades económicas y desmanejos de gestión han llevado a un paulatino deterioro de la calidad educativa ofrecida, como reflejan algunas investigaciones de las últimas décadas.

Números rojos

Según el Estudio Regional Comparativo y Explicativo —evaluación estandarizada aplicada en Latinoamérica—, casi la mitad de los alumnos argentinos de tercer grado de primaria no tiene comprensión lectora, cifra que escala hasta el 61,5% entre los provenientes del tercil de menor nivel socioeconómico.

Los resultados del trabajo —realizado en 2019 bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés)— exhiben que en este apartado Argentina es el segundo país con mayor retroceso con respecto a la anterior evaluación (2013), con una caída del 2% en el puntaje, solo superada por Guatemala, que cayó en 3,2%.

«Estos resultados en términos de aprendizaje son malos, incluso a nivel regional. Que casi la mitad de los chicos de tercer grado no pueda comprender un texto es un gran llamado de atención», afirma el analista Martín Nistal, del Observatorio de Argentinos por la Educación, a cargo de la recopilación del estudio.

Para el especialista, el fenómeno tiene una explicación concreta y es definitivamente material: «Está claro que no estamos poniendo la educación como una prioridad, y esto se refleja en la caída que hubo respecto al presupuesto destinado».

Efectivamente, la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 estableció que la inversión mínima destinada al sector iría aumentando sostenidamente hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI). En los 17 años transcurridos desde entonces, las metas previstas solo se cumplieron en 2009, 2013 (parcialmente) y 2015, según datos congregados en un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

«Lo más preocupante del dato es que en los últimos siete años no se cumplió la inversión pautada y, de hecho, es uno de los sectores donde mayor subinversión hubo», destaca Nistal. De acuerdo al Observatorio que integra el analista, el 68,4% de la desinversión denunciada ocurrió en cuatro años puntuales: 2010 y el trienio 2018-2020, con lo cual se acumula una deuda con la educación que equivale al 5% del PBI, es decir alrededor 26.000 millones de dólares.

Mariano Narodowski es pedagogo y exministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2009). Remarca que «es claro que hubo una falta de política educativa, y eso se refleja en que hoy tenemos una deuda con el sistema educativo de 26.000 millones de dólares, por todo lo que no se invirtió».

«El problema con la Argentina es que todo ese capital, que comenzó hacia 1860, se fue perdiendo. No hay que enroscarse con responsabilidades de políticos: hay una espiral de declive que no tiene que ver particularmente con los gobiernos sino con una explicación estructural«, explica el investigador.

Por fuera del claro déficit presupuestario, una de las razones centrales que explican las complejidades que atraviesa el sistema consiste en su descentralización. Las reformas impulsadas durante el Gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem (1989-1999) supusieron una federalización del modelo, al dividirlo en 24 provincias y transferirles la responsabilidad de financiamiento de la mayor parte del sistema educativo.

«A diferencia de otros países, donde el Gobierno central se encarga de administrar la educación de todas las escuelas, en Argentina esto queda en manos de las provincias a lo largo de todo el sistema obligatorio. La nación puede repartir libros o incentivar algún programa de formación docente, pero no es su responsabilidad», aclara Nistal.

«La disputa política entre los distintos partidos no entra en juego porque las provincias fueron gobernadas por distintos espacios más allá de quién presidió el país. La federalización del sistema fue un golpe muy importante a una política educativa«, dice el experto.

La disputa de los ‘vouchers’

En este marco, el economista libertario Javier Milei, precandidato presidencial de La Libertad Avanza, propone reformar el sistema eliminando la obligatoriedad de la educación e instalando un modelo de vouchers para que el Estado subsidie a las familias, basándose en el caso de Chile.

«El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta», explicó Milei en una entrevista televisiva.

En la región existe como antecedente el modelo de vouchers que fue instaurado en Chile en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Proponía financiar la educación entregando una especie de bono a las escuelas por cada estudiante matriculado, asumiendo que los recintos educativos competirían por los estudiantes y, por lo tanto, tendrían incentivos para mejorar su calidad.

«Ninguno de los supuestos funcionó. En la práctica, fueron las escuelas las que eligieron a los mejores estudiantes para poder subir sus puntajes, descartando a una mayoría de alumnos que quedaron excluidos«, explica el académico Sergio Martinic, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile.

«Se produjo una especie de división del sistema. Por un lado, la escuela pública, que acogía a todos por ley; por el otro, las subvencionadas, que mantenían la posibilidad de seleccionar estudiantes. Esto generó una fragmentación muy profunda que devino en un conflicto que promovería un cambio hacia un sistema mixto con mayor regulación», indica Martinic.

La Ley General de Educación, promulgada por el Congreso chileno en 2009, derogó ejes como la posibilidad de las escuelas privadas de seleccionar a sus alumnos, y aumentó los controles para que la subvención estatal solo fuera destinada a gastos educativos y no con fines comerciales.

Con base en su estudio, Martinic concluye que «la experiencia de los vouchers fue un fracaso, y hay bastante consenso sobre esto: el modelo no es adecuado para el sistema educativo en países como los nuestros, con grandes desigualdades. Es importante esta experiencia para que otros países como Argentina no caigan en él».

La pedagoga Adriana Puiggrós, ex viceministra de Educación (2019-2020), remarca que «el sistema de vouchers nunca tuvo éxito, porque es un mínimo porcentaje de la población la que lo acepta. Si, como supone esta propuesta, cada uno se desvincula de la sociedad, vamos por un camino de disgregación social«.

La huella de la desigualdad

Que el modelo de bonos propuesto no resulte deseable, según los especialistas, no significa que el vigente sea la panacea, y eso se refleja en la creciente desigualdad entre los citados resultados obtenidos por los alumnos de escuelas públicas y privadas.

Sin embargo, según Nistal, el hecho de que los indicadores sean peores entre los estudiantes de colegios de gestión estatal obedece a las dificultades materiales que afrontan los niños de los estratos más postergados.

«Existe una brecha, pero hay que tener cuidado con las causas. Cuando vemos los resultados educativos en nuestro país, estos se explican mucho por el nivel socioeconómico de los chicos más que por la gestión de la escuela en sí, porque este determina la trayectoria escolar«, advierte el experto.

«Definitivamente hay una incidencia de la diferencia de acceso a los diferentes aspectos de la educación: si un chico no puede ir todos los días a la escuela bien alimentado, va a estar en condiciones distintas para aprender. Pero no es natural, es una deuda del Estado con estos sectores«, destaca Puiggrós.

Pese a las desavenencias, lo cierto es que los colegios estatales aún desempeñan una función social crucial, al entrecruzar a jóvenes de distintas clases sociales de procedencia. La exministra considera que «la escuela pública es el gran integrador social porque tiene el potencial de igualar a distintos sectores socioeconómicos y permitir que interactúen naturalmente entre sí».

Haciendo a un lado los pobres resultados académicos obtenidos, los analistas coinciden en el proceso de creciente inclusión educativa que ha presenciado el país.

«Desde hace muchos años, y gracias a las políticas públicas y a la sociedad, Argentina tiene altos niveles de inclusión escolar, incluso comparándola con la región: casi todos los chicos que deberían estar en la escuela lo están, y eso se replica en todos los niveles», considera Nistal.

«Podemos discutir todos los temas de calidad, pero en términos de acceso e inserción escolar, que tiene un rol fundamental socialmente, Argentina es un pionero y además es un caso relativamente destacable«, considera el experto.

Polémica con los extranjeros

Uno de los temas más candentes en el debate educativo durante la carrera electoral es la apertura de las universidades públicas y gratuitas a los extranjeros que se mudan a Argentina para estudiar.

La polémica la instauró la precandidata presidencial Patricia Bullrich, de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, al señalar que «las universidades están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros«. El repudio que suscitó la declaración forzó a la dirigente a retractarse. Sin embargo, el debate persistió.

De acuerdo al Ministerio de Educación, los extranjeros representan apenas el 4,1% del total de estudiantes de universidades públicas. Según Nistal, «en Argentina los niveles de acceso de extranjeros son relativamente bajos, así que el impacto es muy menor: tiene mucho ruido y poca importancia«.

Gabriel es ecuatoriano, tiene 21 años y estudia medicina en la Universidad de La Plata, provincia de Buenos Aires (centro). Oriundo de la ciudad de Ibarra, ubicada a poco más de 100 kilómetros de Quito, el joven arribó al país en 2022 para comenzar su formación.

«Uno de los motivos centrales por los que vine es que la educación es gratuita y de calidad, al menos en comparación con Ecuador», aduce el joven. «Dos amigos míos también vinieron a Argentina a estudiar: creo que ofrece una oportunidad importante para los latinoamericanos«, afirma.

«Nunca nadie me miró diferente por ser de otro país. De hecho, se acercaron a hablarme justamente por eso, para que no estuviera solo. Integrarme fue relativamente fácil», dice Gabriel.

Según Mariano Narodowski, la llegada de inmigrantes que buscan formarse debe ser concebida como una oportunidad: «una buena política es la de captar extranjeros con becas para que se queden en el país, porque eso mejora la capacidad de dar respuesta en términos tecnológicos«, explica el exministro de Educación porteño.

En el caso de Gabriel, por ahora, ese futuro es incierto: «Mi idea es terminar estudios y quedarme un momento y luego ver qué pasa. Aún no sé si voy a volver a Ecuador», señala el joven.

@Sputnik

/ Imagen principal: © AP Photo / Rodrigo Abd