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Política & Economía San Juan

El servicio de diálisis del Rawson al borde del colapso por baja de un plan nacional.

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En la provincia hay más de 700 pacientes que se dializan, según confirmó el jefe de Nefrología del Hospital Rawson. De estos, 130 entran en el programa nacional Incluir Salud que dieron de baja, y que se encuentran en alto riesgo de vida porque el Hospital no tiene posibilidad de recibir más pacientes.

El convenio con el plan nacional Incluir Salud, que asiste, entre otros pacientes, a personas con discapacidad que necesitan diálisis, no se renovó al finalizar el año 2023 por decisión de Nación y esto pone en jaque la continuidad de la atención. En San Juan, son 130 pacientes los que se dializan en clínicas privadas con este sistema y de no haber acuerdo entre los propietarios de las mismas y las autoridades nacionales, sólo podrían atenderse en el Hospital Guillermo Rawson. Pero, según alertó el jefe de Nefrología de la institución, Fernando Martín, no tienen posibilidad de recibir más pacientes, ya que están trabajando por encima de la capacidad original, por lo que colapsaría el sistema de diálisis. De no haber solución, el 15 de enero los afectados dejarían de ser atendidos en el sector privado y un paciente con insuficiencia renal no puede esperar más de una semana el tratamiento, porque estaría en altísimo riesgo su vida.

Incluir Salud es el programa nacional que reemplazó al Programa Federal de Salud, conocido como Profe. El mismo destina fondos y garantiza la atención de salud para personas con discapacidad que tienen pensiones y no acceden al sistema sanitario privado. Una de las funciones que cumple es pagar el servicio en clínicas privadas para que los pacientes que requieren de diálisis puedan hacerlo. Pero al 31 de diciembre de 2023, el convenio terminó y debían renovarlo, algo que no sucedió, según contó Fernando Martín, debido a que se demoró el nombramiento de las nuevas autoridades hasta la primera semana de enero y estas todavía no renuevan el servicio. Además, dijo que “existe una deuda con las clínicas desde agosto, que con la inflación hace más complicada la situación”.

Pero la falta de contrato es lo que más dificulta la situación ahora, explicó el profesional. “Las clínicas van a poder seguir recibiendo los pacientes hasta el 15 de enero, pero después no tienen ni siquiera el marco legal para continuar con las diálisis”, agregó. Esto plantea una fecha límite en la que los 130 pacientes, entre los que hay adultos mayores pero también niños y personas jóvenes, tendrían que empezar a atenderse en el Rawson. “Cuando nos informaron de la situación dimos aviso, porque hoy en el servicio del hospital estamos dializando a 73 pacientes, cuando la capacidad máxima es 60, porque sumamos más turnos para poderlos recibir a todos, pero 130 más saturarían el sistema”, alertó Martín.

Además, explicó que ampliar la capacidad en el tiempo que hace falta es imposible, ya que las áreas de diálisis “tienen la complejidad de una terapia intensiva, cada máquina cuesta 35.000 dólares y demora un tiempo en estar calibradas y listas”. Todo esto sería imposible de soportar para los pacientes, que según el profesional luego de una semana sin dializarse terminarían en terapia intensiva y, sin los cuidados adecuados o de continuar sin el tratamiento, peligra su vida.

Las autoridades de Incluir Salud son regionales, por lo que, si bien asumieron, todavía no hubo un contacto con los propietarios de las clínicas sanjuaninas. “La verdad es que nos inquieta la falta de diálogo a pesar de que lo estamos avisando”, agregó el profesional, quien dijo que desde diciembre piden que se regularice la situación. Para Martín, la falta de esta renovación del acuerdo podría significar un problema grave en muy pocos días en el Hospital Rawson, pero también tiene a otros pacientes. Es que al ser el servicio de atención de personas con discapacidad, hay traslados que se hacían con este plan, tratamientos oncológicos, asistencia a niños y adultos con parálisis cerebral y otros cuadros graves.

@Diario de Cuyo (info e imagen) 

Política & Economía Nacional

Advierten que la ley Bases pone en peligro al Banco Nacional de Datos Genéticos

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Un comunicado de la UCR expresa su preocupación por el futuro de la base de datos que colaboró en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia tras la dictadura.

Este viernes, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó a través de un documento donde “instan a los diputados y diputadas de la Nación a que garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos“, una herramienta clave para la detección de niños secuestrados en la dictadura. Preocupación por el impacto de ley bases.

A través de un comunicado, el partido centenario señala que “entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia“.

“El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación”, detallan.

Finalmente, recuerdan que “estamos a tiempo de defender el BNDG en el Recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales. El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”.

Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos

El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

Sirve para poder identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado y sus familias de origen. Su análisis consiste en el estudio de las secuencias de nucleótidos (unidades que constituyen el ADN) que se encuentran en los cromosomas humanos.

En cuanto a la fiabilidad de sus resultados, las probabilidades de paternidad, hermandad o abuelidad son lo suficientemente altas como para confirmar o descartar prácticamente un vínculo genético.

La genética al servicio de la sociedad: cómo surgió el Índice de Abuelidad

Todavía en dictadura, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo emprendió la búsqueda de nietos y nietas que habían sido apropiados. Sin embargo, necesitaban encontrar una manera de probar a ciencia cierta el parentesco con sus familiares.

En ese momento, todavía no había pruebas que permitieran analizar el ADN para determinar parentescos y era todavía más difícil cuando, en gran parte de los casos, ambos padres estaban desaparecidos.

Ante este problema, recurrieron a un grupo de investigadores liderados por Mary Claire King en Estados Unidos, y junto al genetista argentino Víctor Penchaszadeh, lograron desarrollar el “Índice de Abuelidad”.

A partir de un trabajo estadístico y matemático, este índice permitió establecer, con el material genético, vínculos entre abuelos y abuelas y nietos y nietas con un 99,99% de eficiencia. Por el alto grado de confiabilidad que aseguraba el análisis, la Justicia lo aceptó como prueba fehaciente.

La recuperación de Paula Eva Logares en 1984 fue el primer caso en el que la Justicia utilizó como prueba de filiación los análisis genéticos.

Tres años más tarde, el Congreso de la Nación impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.

Desde entonces, el Banco colaboró en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, y ayudó en la búsqueda e identificación de personas nacidas en cautiverio.

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Política & Economía San Juan

Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de abril

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Así lo confirmó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa la fecha de pago de los haberes de la Administración Pública correspondiente al mes de abril de 2024.

El mismo se encontrará acreditado en cajeros el día 30 de abril del corriente. Los haberes se percibirán con el 11% de incremento.

Cabe destacar que el plus se abonará en planilla complementaria.

@SiSanJuan.

/Imagen principal: SiSanJuan/

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Política & Economía Nacional

Gobierno anunció que bajará los impuestos al sector automotor

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Es con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno anunció este viernes que lanzará una rebaja de aranceles e impuestos para el sector automotor, con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X.

Actualmente, este sector tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75 mil empleos.

El ministro dijo además que “se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock)”.

Estas medidas “permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación”.

En este sentido, Caputo señaló que “los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35% al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%”.

Y a partir de junio, “también se homologarán los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil para que no sea necesario duplicar aquellos ensayos que ya están reconocidos por el país vecino y viceversa“, sostuvo el titular de la cartera económica.

Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción de vehículos en el país fue de de 43.159 unidades, un 15,1% más respecto de febrero y 29,4 % menos respecto del mismo mes del año pasado.

El sector exportó 23.484 vehículos en el tercer mes del año, con lo cual registró 0,4 % menos en su comparación con febrero, y 27,6 % por debajo del volumen que se contabilizó en marzo de 2023.

En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 30.176 unidades en marzo, 9,2% menos comparado con el mes anterior, y 20,8 % por debajo de marzo del año pasado.

En el acumulado del primer trimestre, el sector produjo un total de 103.293 vehículos, un 23,2% menos respecto de las 134.574 unidades que se produjeron en el mismo período del 2023.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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