La jueza de Nueva York ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación.

La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó un planteo de los abogados de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitres y ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera bandera del 2012.

Aunque todavía hay varias instancias judiciales abiertas, incluso una apelación solicitada por el país que puede estar en trámite dos años, el caso se podría encaminar en llegar en los próximos meses a la Corte Suprema de los EEUU.

Los fondos buitre ganadores insisten en que se abra una etapa de negociación entre altos funcionarios del gobierno de Javier Milei y sus representantes. Los defensores de la Argentina esperan que algún tribunal de alzada les de la razón. Este martes por la mañana habrá una reunión clave entre las partes en Nueva York, que podría destrabar la situación.

Cómo sigue el juicio por la expropiación de YPF

El Gobierno nacional apeló el fallo el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si el fallo vuelve a ser desfavorable. Por ahora este pedido no tiene resolución y puede estar en trámite durante por lo menos dos años.

Lo que la jueza ya definidió fue una solicitud paralela para frenar la ejecución del fallo que ordenó a la Argentina pagar u$s16.099 millones en compensación por la expropiación irregular de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Ferández de Kirchner.

La Justicia de EEUU ordenó que la Argentina le transfiera el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres demandantes.

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Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Donald Trump.

Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.

Causa YPF: por qué apelaron los abogados de la Argentina antes de tiempo

En respuesta a esa presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro -hoy a cargo de Santiago María Castro Videla- respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska y la entrega de acciones.

Según comentaron fuentes ligadas al caso, los estrategas del estudio apelaron sin aguardar por una definición de Loretta Preska sobre el pedido de “stay” realizado anteriormente. Esta apelación se esperaba para los próximos 15 días, no ahora. Posiblemente, los abogados esperan otro rotundo revés contra el país en este juicio, y una orden de embargo dirigida a instituciones financieras de EEUU. Por ese motivo y para ganar tiempo, decidieron presentar cuanto antes la apelación y que sea un tribunal de alzada el que defina los pasos a seguir.

YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en el Segundo Distrito judicial de Nueva York, sino que es uno de los «botines» junto a Vaca Muerta del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.

De hecho, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se mantuvo al margen del caso. «Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar«, apuntó.

Lo que Marín buscó resaltar es que la jueza quitó a YPF del centro del proceso, y focalizó las presuntas irregularidades en el accionar del Estado nacional, en particular, del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Los motivos del rechazo de la Argentina a la sentencia de Loretta Preska

En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Kicillof, las acciones de YPF «sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso» como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.

Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

/ámbito

El Ente Nacional de Comunicaciones también canceló la convocatoria a otros programas para cooperativas y zonas vulnerables.

El gobierno de Javier Milei volvió a pasar la motosierra, esta vez en el sector de las comunicaciones, al eliminar varios programas y convocatorias del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que beneficiaban a pymes y cooperativas.

Así lo hizo a través de la Resolución 956/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante la cual se oficializó la finalización de una docena de programas y convocatorias orientadas a la mejora de la conectividad y el acceso a servicios TIC, dirigidas a cooperativas, pymes, zonas vulnerables y parques industriales, entre otros sectores.

La decisión se basa en un informe de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo, que argumentó que varias convocatorias no recibieron presentaciones por parte de los destinatarios. Si bien se reconoció la validez de los fundamentos que motivaron su creación.

La medida también se enmarca en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 27.078, que establece la revisión periódica de los programas del Servicio Universal al menos cada dos años, en función de la demanda, la evolución tecnológica y las necesidades sociales.

De este modo, el gobierno de Milei sigue pasando la motosierra por diferentes organismos del sector público pese a la finalización, la semana pasada, de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso hace un año en el marco de la Ley Bases.

Cuáles son las convocatorias y programas para pymes dados de baja por el ENACOM

El ENACOM dio por concluidas las siguientes convocatorias:

• Unidad Poblacionales / Cooperativas y PyMEs (Resolución 909/2020, Programa Conectividad)
• Tasa Preferencial para redes de acceso a Internet (Disposición DNFyD 16/2018)
• Acceso a TIC en zonas adversas y desatendidas (Resolución 2033/2021)
• Acceso a conectividad en Parques Industriales – Etapas II y III (Resoluciones 1184/2021 y 571/2022)
• Vivienda Digitales – Etapa I (Resoluciones 2345/2022 y 304/2023)

/Ed

La derrota en el Senado abrió una nueva grieta entre el Presidente y la vice. Patricia Bullrich ya la había acusado de jugar para la oposición en la sesión del jueves, pero ahora el propio Milei hizo suyas los insultos del séquito libertario e redes. Sin largar el twitter, también difundió una encuesta en la que una supuesta mayoría acompaña las decisiones de su Gobierno. «La libertad arrasa en octubre», agregó.

Javier Milei se levantó furioso el domingo. Y, después de un desayuno que compartió con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien suena como candidata a senadora nacional para las elecciones de octubre por la Ciudad de Buenos Aires, agarró su celular y comenzó a repostear mensajes iracundos contra su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sin poner las palabras en su boca, prefirió replicar mensajes de su “cineasta” personal, Santiago Oría, otros del medio oficialista «La derecha Diario» y otros de distintos usuarios que no dan su nombre y apellido, en los que decían que ella es una traidora, populista, la acusaban de tener vínculos con el peronismo y la comparaban con Horacio Rodríguez Larreta. En el entorno del Presidente aseguran que «ya no hay relación alguna con la vicepresidenta», pero que no temen que ella haga nada «en el corto plazo». Sin largar el twitter, más tarde difundió una encuesta que publicó el vocero Manuel Adorni, en la que una supuesta mayoría acompaña las decisiones de su Gobierno, como el despido de trabajadores públicos. «La libertad arrasa en octubre», agregó.

Cerca de Milei admiten que ella aportó a la Libertad Avanza un voto «más de derecha/religioso», y reflexionan que, si en un futuro Villarruel decide ir en una elección por separado, les haría un daño. En el estado de situación actual, en el que ella parece más una opositora del Gobierno que alguien que tiene diferencias internas, ven como un escenario imposible que pueda volver a competir en alguna elección junto a Milei. De todos modos, en Casa Rosada no creen que la vicepresidenta se anime a romper antes del 2027. «Sería raro que lo haga sin renunciar», explican. 

En cuanto a los mensajes que el mandatario reposteó el domingo, por ejemplo, uno de Oría decía: “Además de traidora, es una demagoga y una bruta en términos económicos”, el texto fue reposteado por el Presidente. La nota de la Derecha Diario, en tanto, consignaba: “La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas que rompen el superávit fiscal”.

En otros posteos que compartió Milei, acusó a su vicepresidenta de «populista», y también de tener alianzas con el peronismo. Por ejemplo, en el que escribió el economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, que dijo que Villarruel: “abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal”. Y luego opinó que «se la devoró su ambición de ser presidente igual que a Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal».

Si bien el Presidente y la vice están enfrentados desde hace meses, el último episodio de la pelea interna comenzó la semana pasada por la sesión del jueves en el Senado de la Nación, donde el gobierno no dejó de acumular derrotas. Milei, no solo confronta con los gobernadores, con los diputados y senadores opositores, sino también con la propia presidenta del Senado, a la que desde Balcarce 50 la acusaron y hostigaron por presidir la sesión que, para ellos, no era válida. 

El jueves la confrontación directa la inició la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que, en medio de la sesión en la Cámara Alta, habló de golpe institucional e instigó a Villarruel a que abandone el recinto. La vicepresidenta respondió que lo que estaba haciendo era legal y eso le siguió valiendo más y más críticas. No solo de Bullrich, que este domingo desayunó con el Presidente en la Quinta de Olivos, sino también del propio Milei. Horas después de los ataques en redes de la ministra, el Presidente dijo en la bolsa de comercio que Villarruel era una traidora.

El sábado siguió el ida y vuelta en redes sociales. Villarruel comenzó a responder críticas que le hicieron distintos usuarios. Uno de los mensajes más fuertes que publicó decía: «Un jubilado no puede esperar y una discapacitada menos. Que ahorre en la SIDE y en viajes». Cuando alguien la acusó de traidora, respondió: «No sé por qué no puso a la hermana o la limones que a ustedes les gusta tanto». 

También trató a Milei de maleducado por «ni saludar a la persona con la que llegó al poder». Y acusó al presidente y su hermana de «usar aviones del estado». Después de que alguien le dijo que «coqueteaba con la casta», respondió: «Yo sigo viviendo de mi sueldo en mi departamento. ¿No se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad?».

Mientras Milei no deja de acumular enemigos internos y externos, los funcionarios que lo rodean deberán trabajar a destajo estas semanas para intentar juntar el número suficiente en el Congreso de la Nación con el objetivo de sostener los vetos presidenciales. El mandatario ya anunció, en reiteradas ocasiones, que vetará todas las leyes que fueron aprobadas en el Congreso y que, según la Casa Rosada, ponen en peligro la idea del «déficit fiscal cero». Es decir, en esta ocasión: la ley que mejora las jubilaciones, la ley que recompone las moratorias previsionales, la ley que declara la emergencia en discapacidad y la que habilita fondos para la ciudad de Bahía Blanca. También, en caso de que sean aprobadas por la Cámara de Diputados, las leyes que impulsan los gobernadores para hacer un reparto más equitativo del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional. 

Por ahora el Ejecutivo no fue notificado sobre las leyes que fueron aprobadas, pero una vez que eso ocurra, Milei tendrá diez días para estampar su firma y vetarlas. Una vez que lo haga, las normas deberán volver a la Cámara de origen, que es Diputados. Lo que ocurre es que los legisladores ingresarán en receso invernal, y es posible que la Cámara Baja recién pueda llamar a sesionar la segunda semana de agosto. Todos esos días, Francos y los diferentes alfiles de la Casa Rosada tendrán tiempo para conseguir a sus 87 héroes, que son los que ya acompañaron los vetos anteriores en contra de los jubilados y, en ese caso, de la universidad pública. 

En Diputados la oposición podría avanzar esta semana con los proyectos de emergencia pediátrica (Garrahan) y de financiamiento universitario, que ya obtuvieron dictamen de comisión. 

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