A través de un decreto el gobierno nacional delegó en la cartera de Mariano Cúneo Libarona la instrumentación en todo el país del Código Procesal Penal Federal, que estaba a cargo de una Comisión Bicameral definida por el Parlamento.

El Gobierno nacional dispuso este lunes, por medio de un decreto, la implementación en todo el país del Código Procesal Penal Federal y dejó la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Justicia, que reemplazará en esa función a una Comisión Bicameral creada para tal fin en el Congreso.

“El Código Procesal Penal Federal entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia”, que tendrá la responsabilidad de ponerlo “en funcionamiento en el país”, indicó el Decreto 188/2024 firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y publicado hoy en el Boletín Oficial.

Entre sus funciones, el Ministerio de Justicia tendrá, además, la de implementar “en forma progresiva” el Código Procesal “en los distritos de la Justicia Federal y Nacional Penal”, como también “coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales”.

Asimismo, la cartera a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona diseñará las “propuestas de readecuación edilicia, recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código”, al igual que los “programas de capacitación de los operadores” de la medida.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia promoverá “la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales“; garantizará “el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación”; y constituirá “un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación” del Código.

Ese consejo asesor estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas a la Justicia.

El Ministerio de Justicia también establecerá, según el decreto, “el criterio de asignación y distribución de los juzgados de garantías respecto a las oficinas judiciales”.

La reforma por decreto

La posibilidad de reformar por decreto la ley que establece el mecanismo de implementación del sistema acusatorio en todo el país había sido informada a Télam por fuentes al tanto de la iniciativa.

La información trascendió trascendió luego de la visita que hizo el ministro Cúneo Libarona a las provincias de Salta y Jujuy, hacia donde se desplazó específicamente para observar en detalle cómo se llevó a cabo en esos territorios la implementación del sistema acusatorio.

“Queremos establecer el mejor sistema judicial procesal para nuestro país”, indicó el ministro de Justicia en Jujuy.

Este sábado, Cúneo Libarona había publicado una serie de mensajes en la red social X bajo el título “El sistema acusatorio como política de estado”, en los que se refirió a las bondades de ese sistema.

“El nuevo Código Procesal Penal Federal se basa en un modelo de justicia oral y rápido, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata. Es prioritario que se reanude la aplicación del Sistema Acusatorio para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo”, expuso.

El funcionario acompañó los mensajes con una serie de placas en las que sostuvo que el sistema acusatorio implica poner a la fiscalía a cargo de la investigación y la acusación, para dejarle al juez el lugar de resolver “de forma imparcial e inmediata, sobre la base de lo presentado en las audiencias”.

Las defensas, en tanto, cumplirían su tarea en igualdad de condiciones que la acusación.

La implementación de ese sistema implicaría, además, dar lugar a la “oralidad” ya que “el litigio y la argumentación se dan verbalmente ante el juez en audiencias públicas” por lo que los procesos se vuelven más ágiles que cuando se tramitan en formato papel, mientras que se precisará de la implementación de Oficinas judiciales que se ocupan de la gestión de las audiencias y agendas de los magistrados.

@Télam.

/Imagen principal: Edgardo Varela/