El sobrecosto impositivo y regulatorio hace inviable la generación fotovoltaica para usuarios residenciales

La provincia de San Juan se enorgullece de su potencial solar, pero los usuarios residenciales todavía no pueden aprovecharlo. Según el presidente de la Cámara de Energías Renovables provincial, Cristian Rosas, la carga impositiva que recae sobre la generación distribuida anula cualquier ahorro y desalienta la inversión familiar.

«Sí, el problema que tenemos con los domésticos… en este momento la Cámara no recomienda poner paneles solares, ya que está gravado con los impuestos; se le aplica el VAT, el VAT de valor agregado de distribución«, explicó. «Ese coeficiente, multiplicado por la energía que uno consume, termina encareciendo la boleta de la luz».

El cargo impositivo –al que se suman tasa municipal, Ingresos Brutos e IVA– se traslada al usuario incluso cuando este produce parte de su propia electricidad. Para Rosas, eso provoca que los paneles «sean invisibles» a la hora de calcular el precio final:

«Ha pasado de que, si uno tiene paneles solares en la casa, es como si no los tuviese… Exactamente. Es lo mismo que tengas y que no tengas paneles solares en tu casa».

Un freno que contradice la ley de fomento
La normativa nacional 27.424 fomenta la generación distribuida renovable, pero las disposiciones tarifarias que aplica el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) van en la dirección contraria, asegura Rosas:

«Las reglamentaciones que dicta EPRE no están adecuadas a favorecer esto, van en contra de la ley de fomento… Lamentablemente, hemos ido en una dirección contraria«.

Costos extras que multiplican la inversión
A la carga tributaria se suman requisitos técnicos que encarecen la instalación. El más significativo es la obligación de comprar y colocar un medidor bidireccional de alta capacidad:

«Ese medidor cuesta entre 400 mil y 450 mil pesos y el que retiran del domicilio se reutiliza en otro lugar; no es un costo real para la distribuidora», cuestionó.
«Además, hay que acondicionar el puesto de medición; entre mano de obra y materiales, un usuario puede llegar a gastar hasta dos millones de pesos».

Las empresas avanzan, los hogares se quedan atrás
Mientras los consumidores residenciales retroceden, las pymes y grandes firmas sí encuentran financiamiento y ventajas parciales:

«Las empresas lo van adoptando… la primera línea de crédito que hay en los bancos es para energías verdes», señaló Rosas.
No obstante, aclaró que «todavía tienen algunos impuestos que les siguen cobrando, al contrario de otras provincias que han premiado con más reducciones».

Un pedido formal para destrabar el conflicto
Ante la falta de avances, la Cámara presentó un expediente al Ministerio de Infraestructura que conduce Fernando Perea, solicitando una mesa de trabajo con todos los actores:

«Hemos pedido una reunión con la gente más capacitada en energía: el Instituto de Eléctricas de la UNSJ, DECSA, Naturgy, el Director de Recursos Energéticos José María Ginestar… para que EPRE se sienta respaldado y no tome decisiones unilaterales».

Rosas advierte que eliminar los sobrecargos podría impactar positivamente en toda la economía provincial:

«La quita puede ser tan fuerte que ayude a reducir la tarifa eléctrica, volver más competitivas a las industrias locales y evitar que ingresen productos más baratos de otras provincias que sí gozan de energía verde».

El balance por ahora: «No conviene»
El diagnóstico es tajante. A pesar del potencial solar de San Juan y de los beneficios ambientales, la ecuación económica para un hogar promedio sigue sin cerrar:

«A un usuario común no le conviene poner paneles solares… No puede vender energía ni declarar la planta porque le caen todos los impuestos como si no tuviese paneles«.

Hasta que la provincia no adapte su marco impositivo y regulatorio, la promesa de un techo solar para cada casa sanjuanina permanecerá como un proyecto a la espera de condiciones favorables.

/DZ

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, recibió en el Edificio Anexo a una comitiva de autoridades chilenas en el marco de una visita protocolar que refuerza los lazos de cooperación y cercanía entre San Juan y la región de Coquimbo.

Del encuentro participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; la directora de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera Peña, junto al director de Obras de la Municipalidad, Max Campaña; el encargado de Fomento Productivo y Turismo, Rodrigo Gutiérrez Fonfach; el concejal Cristian Lazo Lazo; y el exalcalde de Vicuña, Rafael Vera.

El encuentro fue una oportunidad para ratificar el espíritu de colaboración que une a San Juan con las comunas del norte chileno, con las que históricamente se han compartido vínculos económicos, culturales y sociales.

/PrensaLegislatura

Mediante una Carta de Intención suscripta entre el Gobierno de San Juan y SEDRONAR, se busca mejorar las herramientas para tratar casos de personas que atraviesan consumos problemáticos de sustancias psicoactivas.

El Gobierno de San Juan dio el primer paso para contar con financiamiento por parte de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, para garantizar el acceso a tratamientos especializados destinados a personas mayores de 18 años, con consumo problemático de sustancias psicoactivas, sin cobertura médica suficiente, en dispositivos debidamente habilitados y supervisados por el organismo nacional.

Esto es posible gracias a una Carta de Intención firmada en Buenos Aires este martes entre la Provincia, representada por el gobernador Marcelo Orrego, con SEDRONAR, encabezada por su titular, Roberto Esteban Moro. En el acto estuvieron presentes también el ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y la directora de Prevención y Asistencia a Consumos Problemáticos Provincial, Daniela Merlo.

El apoyo de Nación a Provincia se proyecta en el marco del Programa para el Abordaje Integral de Personas con Consumos Problemáticos, aprobado por Resolución SEDRONAR N° 71/2023.

Entre los objetivos principales de este programa se destacan el garantizar un abordaje integral, continuo y territorialmente equitativo para personas con consumos problemáticos, mediante la articulación con instituciones públicas y privadas. Y asegurar la adecuación de los tratamientos a los marcos normativos vigentes, especialmente lo dispuesto por la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Ley N° 26.934).

El plan contempla la asignación de una prestación económica no reintegrable, que se otorga mensualmente a instituciones previamente evaluadas y autorizadas por equipos interdisciplinarios del Centro de Asistencia Inmediata de SEDRONAR. Esta suma está destinada a cubrir el arancel total de la atención terapéutica de las personas beneficiarias, conforme a los estándares de calidad exigidos por SEDRONAR.

San Juan se destaca por disponer de un predio apto para la constitución de un establecimiento especializado, por lo que Nación consideró de interés institucional fomentar su puesta en funcionamiento, bajo una figura legal apropiada, a los efectos de gestionar el dispositivo asistencial acorde a los lineamientos de este valioso programa.

A su vez, la firma de esta carta de intención refleja la voluntad firme de la Secretaría de acompañar técnica y operativamente los esfuerzos del Gobierno de San Juan en el desarrollo de un dispositivo que amplíe la red de atención integral a nivel federal.

/SiSanJuan