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Política & Economía Nacional

El Gobierno ultima detalles de la convocatoria a sesiones extraordinarias

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El Gobierno tiene previsto publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 1 al 28 de febrero, con el objetivo de tratar una agenda parlamentaria que incluirá la reforma del Consejo de la Magistratura y una serie de iniciativas económicas, informaron fuentes del oficialismo.

Los detalles de la agenda que impulsará el Poder Ejecutivo -la única que se puede tratar en sesiones extraordinarias- se terminarán de definir en las próximas horas, y por ese motivo el presidente Alberto Fernández estuvo analizando varios aspectos del decreto de convocatoria con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En ese marco, el jefe de Estado publicó el viernes en su cuenta oficial de Twitter una foto de su reunión con Ibarra a la que acompañó con la frase “me reuní con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había adelantado hace algunos días que la intención oficial era publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 1° de febrero.

Fuentes oficiales señalaron que uno de los proyectos centrales de esa agenda será la reforma del Consejo de la Magistratura ya que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo tripartido encargado de seleccionar jueces, aplicar sanciones o remover magistrados.

El Gobierno quiere elevar de 13 a 17 los miembros el Consejo de la Magistratura para aumentar la representación de los jueces de tres a cuatro, de los abogados de 2 a 4 y de los académicos y científicos de uno a dos.

Si el proyecto que se encamina a enviar el PEN reúne los votos suficientes en el Parlamento, el organismo quedaría integrado por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.

Para sancionar el proyecto el oficialismo deberá enhebrar acuerdos con la oposición, que es la primera minoría en las dos cámaras del Congreso, y esa iniciativa se debe votar con una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

El Frente de Todos tiene 117 votos en Diputados -ya que el titular del cuerpo Sergio Massa solo vota en caso de desempate- y en el Senado 35, por lo cual deberá contar con el voto de los bloques de la oposición.

De todos modos, el oficialismo aspira a consensuar este proyecto con Juntos por el Cambio -que también ya presentó sus propias propuestas- y otros bloques opositores, ya que quiere que se sancione con un respaldo mayoritario, informaron fuentes parlamentarias.

Además de este proyecto institucional, el oficialismo buscará incluir en el temario de sesiones extraordinarias un conjunto de iniciativas económicas que ya se encuentran en el Congreso, con el objetivo de apuntalar el desarrollo económico.

Uno de los proyectos que aspira a tratar es la creación del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuyo objetivo es consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, generar 700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector hasta 2030 e incorporar tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.

Esta iniciativa permite una amortización acelerada y la devolución de IVA para nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago del impuesto a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.

En la agenda podría figurar el proyecto de Promoción de la Movilidad Sustentable, que prevé generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y crear más de 21.000 puestos de trabajo.

Otro proyecto económico que aún está pendiente es la iniciativa que promueve la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, que es un mercado que viene creciendo en el mundo ya que se utiliza para fines medicinales y terapéuticos.

El texto impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado por el Senado y obtuvo dictamen en noviembre en Diputados, pero ese despacho perdió estado parlamentario el pasado 10 de diciembre.

El proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Política & Economía Nacional

Advierten que la ley Bases pone en peligro al Banco Nacional de Datos Genéticos

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Un comunicado de la UCR expresa su preocupación por el futuro de la base de datos que colaboró en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia tras la dictadura.

Este viernes, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó a través de un documento donde “instan a los diputados y diputadas de la Nación a que garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos“, una herramienta clave para la detección de niños secuestrados en la dictadura. Preocupación por el impacto de ley bases.

A través de un comunicado, el partido centenario señala que “entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia“.

“El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación”, detallan.

Finalmente, recuerdan que “estamos a tiempo de defender el BNDG en el Recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales. El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”.

Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos

El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

Sirve para poder identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado y sus familias de origen. Su análisis consiste en el estudio de las secuencias de nucleótidos (unidades que constituyen el ADN) que se encuentran en los cromosomas humanos.

En cuanto a la fiabilidad de sus resultados, las probabilidades de paternidad, hermandad o abuelidad son lo suficientemente altas como para confirmar o descartar prácticamente un vínculo genético.

La genética al servicio de la sociedad: cómo surgió el Índice de Abuelidad

Todavía en dictadura, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo emprendió la búsqueda de nietos y nietas que habían sido apropiados. Sin embargo, necesitaban encontrar una manera de probar a ciencia cierta el parentesco con sus familiares.

En ese momento, todavía no había pruebas que permitieran analizar el ADN para determinar parentescos y era todavía más difícil cuando, en gran parte de los casos, ambos padres estaban desaparecidos.

Ante este problema, recurrieron a un grupo de investigadores liderados por Mary Claire King en Estados Unidos, y junto al genetista argentino Víctor Penchaszadeh, lograron desarrollar el “Índice de Abuelidad”.

A partir de un trabajo estadístico y matemático, este índice permitió establecer, con el material genético, vínculos entre abuelos y abuelas y nietos y nietas con un 99,99% de eficiencia. Por el alto grado de confiabilidad que aseguraba el análisis, la Justicia lo aceptó como prueba fehaciente.

La recuperación de Paula Eva Logares en 1984 fue el primer caso en el que la Justicia utilizó como prueba de filiación los análisis genéticos.

Tres años más tarde, el Congreso de la Nación impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.

Desde entonces, el Banco colaboró en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, y ayudó en la búsqueda e identificación de personas nacidas en cautiverio.

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Política & Economía San Juan

Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 30 de abril

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Así lo confirmó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa la fecha de pago de los haberes de la Administración Pública correspondiente al mes de abril de 2024.

El mismo se encontrará acreditado en cajeros el día 30 de abril del corriente. Los haberes se percibirán con el 11% de incremento.

Cabe destacar que el plus se abonará en planilla complementaria.

@SiSanJuan.

/Imagen principal: SiSanJuan/

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Política & Economía Nacional

Gobierno anunció que bajará los impuestos al sector automotor

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Es con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno anunció este viernes que lanzará una rebaja de aranceles e impuestos para el sector automotor, con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar su crecimiento, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X.

Actualmente, este sector tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75 mil empleos.

El ministro dijo además que “se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock)”.

Estas medidas “permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación”.

En este sentido, Caputo señaló que “los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35% al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%”.

Y a partir de junio, “también se homologarán los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil para que no sea necesario duplicar aquellos ensayos que ya están reconocidos por el país vecino y viceversa“, sostuvo el titular de la cartera económica.

Según los últimos datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción de vehículos en el país fue de de 43.159 unidades, un 15,1% más respecto de febrero y 29,4 % menos respecto del mismo mes del año pasado.

El sector exportó 23.484 vehículos en el tercer mes del año, con lo cual registró 0,4 % menos en su comparación con febrero, y 27,6 % por debajo del volumen que se contabilizó en marzo de 2023.

En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 30.176 unidades en marzo, 9,2% menos comparado con el mes anterior, y 20,8 % por debajo de marzo del año pasado.

En el acumulado del primer trimestre, el sector produjo un total de 103.293 vehículos, un 23,2% menos respecto de las 134.574 unidades que se produjeron en el mismo período del 2023.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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