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NacionalPolítica & Economía 

El Gobierno anunció la revisión de contratos y la suspensión de la pauta en los medios.

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Manuel Adorni brindó detalles sobre la reducción de ministerios, sostuvo que «el Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo» y destacó que trabajan para evitar una hiperinflación. Al referirse a las movilizaciones en la vía pública, sentenció: «Dentro de la ley todo fuera de la ley nada».

El Gobierno nacional anunció este martes que comenzó con el proceso de revisión de los contratos que se firmaron en la administración pública en el último año y confirmó la suspensión por el término de un año de la pauta publicitaria en los medios de comunicación.

Los anuncios fueron realizados esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el marco de la segunda conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, en la previa de la nueva reunión de gabinete que encabezó el presidente Javier Milei esta mañana.

«Todos los contratos que se firmaron en el Estado en el último año están en revisión», anunció Adorni, al tiempo que también reveló la decisión de la «suspensión de la pauta publicitaria en los medios por un año», tal como lo había prometido Mieli en la campaña electoral.

«Se inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado nacional del último año. Todos están bajo revisión y todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando tendrá la sanción correspondiente«, advirtió el vocero.

Esa decisión fue adoptada este lunes en la primera reunión del gabinete nacional, realizada a primera hora en la Casa Rosada, que encabezó el jefe de Estado.

Al término del encuentro de ministros, Adorni sostuvo que se avanzaría en la revisión de «cada una de las contrataciones en el Estado nacional» para «encontrar contrataciones irregulares», además de que se realizará una inspección de los «contratos con universidades», entre otros puntos.

En paralelo, el vocero había apuntado este lunes que también se «comenzará a exigir el 100 por cien de la presencialidad en los lugares de trabajo de la administración pública nacional».

Este martes, ante una consulta respecto al objetivo mencionado de terminar con el «empleo militante», Adorni explicó que incluye al empleo que «nace por cuestiones políticas, por cuestión de caja y de campaña», al tiempo que reiteró que se busca la «reducción de cargos políticos».

«La Argentina pasó en la esfera nacional de 18 ministerios a tener 9», expresó el vocero presidencial, al detallar las primera medidas de achicamiento en la estructura de cargos políticos que fueron oficializadas el lunes a primera hora a través del decreto de necesidad y urgencia 8/2023 publicado en el Boletín Oficial.

En esa línea, precisó que en «términos de secretarías, hasta el 10 de diciembre eran 106 y ahora habrá 54, por lo que la reducción ha sido del 49%» y que «en términos de subsecretarías, eran 182 y ahora serán 140, con una reducción de un 23%».

«La reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34 %», completó y explicó que el objetivo que busca el Gobierno con las nuevas medidas es «hacer lo imposible en el cortísimo plazo para cumplir lo prometido y evitar la catástrofe».

El DNU 8/2023 estableció una modificación a la Ley de Ministerios que indica que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve ministros «tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación».

Los ministerios serán los siguientes: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Infraestructura; Justicia; Seguridad; Salud y Capital Humano; en tanto, habrá tres Secretarías Presidenciales: General, Legal y Técnica y de Comunicación y Prensa.

Según precisó Adorni, en adelante seguirá la reducción en un «tamaño similar» de direcciones generales y nacionales y coordinaciones.

«Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse, tenemos un Estado tamaño elefante», graficó e insistió: «Hay que entender que los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos».

«Hay que terminar con esta lógica de ver normal cosas que no lo son», advirtió.

Al fundamentar las medidas, Adorni indicó: «Estamos inmersos en una de las crisis más profundas de la historia económica argentina y, además, nos encaminamos hacia una hiperinflación y la decisión es evitarla«.

Paralelamente, aseveró que otro objetivo del Ejecutivo es «revalorizar el empleo (público) como se debe» y que «quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal».

En relación a la situación de Argentina, Adorni, la evaluó como «crítica«, porque hoy es un país que tiene «un 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada».

«La situación es crítica lo vemos en la foto de Argentina pobre, con 45% de pobreza, 200% de inflación anualizada, con problema de empleo, de salario y en el comercio exterior y en otros ámbitos como el educativo o el sistema de salud. No hay plata y se deben tomar medidas concretas como la reducción de estructura política», fundamentó.

El vocero remarcó que «hay que entender que los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos» y advirtió que «hay que terminar con esta lógica de ver normal cosas que no lo son».

En tanto, acerca de las marchas en la vía pública, expresó: «Dentro de la ley todo fuera de la ley nada, y se va a cumplir a rajatabla, no va a haber excepciones porque es la intención del presidente Milei que la ley se respete».

@Télam.

/Imagen principal: Archivo/

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La morosidad en las familias volvió a crecer en abril: en tarjetas de crédito tocó un máximo desde 2021

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El endeudamiento para consumo continúa como un fenómeno estructural en los hogares argentinos. En ese marco, la morosidad en créditos personales tocó un máximo en 20 meses y en tarjetas de créditos, un tope de tres años y medio.

El endeudamiento continúa creciendo entre las familias argentinas, a tal punto que la morosidad en los créditos personales trepó al 4,6% en abril, el nivel más alto en 20 meses, mientras que en tarjetas de crédito escaló al 3,2%, alcanzando un récord en más de tres años y medio.

Los datos se desprenden del último informe sobre entidades financieras del Banco Central (BCRA) para el cuarto mes del año, que constata que el crédito para el consumo persiste como un fenómeno estructural en los hogares y que la mora del crédito del sector privado creció «desde niveles acotados».

El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,2% para el conjunto agregado de entidades en ese mes, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) más que en marzo. El alza estuvo principalmente explicada justamente por el crédito destinado a las familias, donde la morosidad relativa aumentó al 3,7% (0,4 p.p. más que en marzo).

Al respecto, el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, señaló a Ámbito que el incremento se explica por la mayor frecuencia en que los hogares comenzaron a usar la tarjeta de crédito para «patear» gastos a partir del deterioro del poder adquisitivo de los salarios. «Hay no solo una caída profunda en los salarios reales, no recuperada aún, sino una precarización laboral mayor», expresó.

«Cuando uno mira que el salario privado registrado efectivamente recuperó niveles de hace un año y mediotiene que entender que hay menos trabajadores registrados privados y mucha de esa gente está cobrando a la vez salarios peores, o pasaron a ser no registrados o hacer cosas por cuenta propia», continuó el economista.

En ese sentido, Kalos expresó que «este deterioro de los ingresos no tiene por ahora una perspectiva de mejora» por el tope que impone el Gobierno al ritmo de actualización de las paritarias a futuro, por debajo de las expectativas de inflación, marcando un desinterés en mejorar este aspecto.

El nivel de endeudamiento en los hogares argentinos empeoró en abril.

El nivel de endeudamiento en los hogares argentinos empeoró en abril.

En diálogo con este medio, el director de Analytica Consultora, Claudio Caprarulo, explicó que el crédito desaceleró su crecimiento en los últimos meses, mientras «la carga de la deuda sobre los ingresos de las familias está cerca de los niveles récord del 2018», a diferencia de un año atrás cuando se encontraba en mínimos.

Según el experto, la clave es que hacia adelante los ingresos de las familias «frenen la caída que tuvieron en marzo y abril, tanto en lo que respecta a salarios como a jubilaciones», y que baje el costo del financiamiento, ya que «las tasas quedaron altas, producto de la desinflación», más allá de los factores que las ubicaron allí.

Por otra parte, el indicador de irregularidad de crédito a las empresas totalizó 0,9%, un nivel cercano a mínimos de 20 años. Asimismo, el informe de la autoridad monetaria señala que el nivel actual del coeficiente de mora del sistema financiero se encuentra por debajo del promedio de la regional, donde es del 2,8%, y de la media local en las últimas dos décadas, la cual es del 3,1%.

A su vez, los créditos del sector privado respaldados por garantías preferidas representaron el 16% del total, con un nivel de morosidad del 1,6%, sin variaciones significativas respecto al mes anterior ni en la comparación interanual. En contraste, los préstamos sin este tipo de respaldo presentaron un ratio de irregularidad más elevado, del 2,3%.

El ratio entre los cargos por incobrabilidad devengados y el saldo de crédito del sector privado se ubicó en 4,7%, sin cambios a nivel mensual y con una baja de 0,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. En tanto, el nivel de previsionamiento alcanzó el 142% del financiamiento en situación irregular a abril, por encima del promedio de los últimos 20 años, que fue del 129%.

Crece la mora en los servicios financieros no bancarios

Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Financieros no Bancarios (Caesfi) advirtieron a Ámbito que la morosidad entre sus clientes aumentó un 5% en los últimos seis meses en comparación con el segundo semestre de 2024.

Según detallaron, este incremento refleja las crecientes dificultades que enfrentan los hogares para cumplir con sus compromisos financieros, en canales de crédito alternativos al sistema bancario tradicional.

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Javier Milei se adjudicó que «están mandando presos» a los «kirchneristas»

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En el marco del congreso libertario en Buenos Aires, el Presidente destacó la reciente resolución de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, y se la adjudicó.

En el marco del Congreso de La Libertad Avanza (LLA) que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, rumbo a las elecciones bonaerense, el presidente Javier Milei se encargó de cerrar el evento con un discurso al que no le faltaron polémicas, en especial cuando pareció reconocer que el Gobierno libertario interviene en la Justicia.

Con críticas al «kirchnerismo», y en lo que pareció ser un acto fallido, el Presidente se adjudicó estar «metiendo presos» a los dirigentes de la oposición. Declaración que surge mientras Cristina Kirchner cumple con la prisión domiciliara, tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena en la causa Vialidad.

«El experimento es el kirchnerismo y los resultados están siendo a la vista de todos. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos… bueno, por eso los estamos mandando presos… van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este Gobierno», expresó el libertario durante su discurso leído.

Justamente, la parte en la que destacó estar «mandando presos» a los «kirchneristas» fue un comentario propio, que no fue leído.

La actividad se realizó en La Plata, y la apertura estuvo a cargo del diputado nacional José Luis Espert. A continuación, expusieron los ministros de Salud, Mario Lugones; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Seguridad, Patricia Bullrich; y Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el titular bonaerense del partido, Sebastián Pareja, brindó una disertación previo al discurso de cierre del jefe de Estado. También participaron la presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La exposición de Milei también contó con fuertes agravios hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que llamó «soviético» y «pelotudo».

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La Justicia dejó sin efecto el decreto del Gobierno que eliminaba el Día del Trabajador Estatal

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La noticia fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X, luego de la resolución de la jueza Moira Fullana.

La Justicia dio lugar al amparo presentado por ATE y dejó sin efecto el decreto emitido por el Gobierno de Javier Milei el día miércoles que derogaba el asueto del viernes 27 de junio por el Día del Trabajador Estatal.

La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 firmada por la jueza Moira Fullana frenó la disposición de la administración libertaria para eliminar el día no laborable para la administración pública.

En su sentencia, la jueza Fullana expresó: «Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva».

Previo a la decisión de la Justicia, este jueves por la mañana, Aguiar había señalado: “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”.

Asimismo, la cuenta de X de ATE Capital celebró la medida y aseguraron que «años de historia no se borran de un día para otro».

Por qué se celebra el día del Empleado Público

La jornada de descansó para trabajadores estatales comenzó en 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159 vinculada al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de los trabajadores del Estado. Según el texto, se “pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

En nuestro país, este convenio fue ratificado recién en 1987 con la sanción de la Ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Posteriormente, en 2013 – impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – el Congreso determinó el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional.

De esta manera, se estableció una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

/ámbito

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