El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició la cuarta revisión trimestral de las cuentas públicas de Argentina en base al acuerdo suscrito con el Gobierno para refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares. Por otro lado, la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación Argentina(AGN) expuso que el acuerdo con el FMI incurrió en incumplimientos de los procedimientos previstos y llevó a que la deuda se volviera «insostenible».
«Las discusiones técnicas sobre la cuarta revisión del programa han comenzado en un formato híbrido», especificó un portavoz del FMI.
Un equipo técnico del FMI tiene previsto desplazarse esta semana a Buenos Aires para concretar la cuarta de las diez auditorías trimestrales que contempla el acuerdo alcanzado en marzo de 2022 por el actual Gobierno de Alberto Fernández.
En base al programa de Facilidades Extendidas suscrito por entonces, que fue avalado por el Congreso, la actual gestión y el FMI acordaron la refinanciación del préstamo por 44.000 millones de dólares.
El organismo, que entregó a Argentina el mayor crédito de su historia entre 2018 y 2019, anunció que tras «continuar con estas discusiones» en el marco de la cuarta fiscalización, está prevista «una visita de las autoridades a Washington, D.C. hacia fines de mes para finalizar el trabajo técnico».
Con esta perspectiva, el Fondo aseguró que «el trabajo y la comunicación entre el equipo técnico del FMI y las autoridades continúa con fluidez en todos los temas e iniciativas relevantes».
En base a ese acuerdo stand-by (de contingencia), firmado con la administración anterior del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), el FMI prestó a Argentina unos 44.000 millones de dólares, de los 56.300 millones previstos en un comienzo.
En contrapartida, el organismo multilateral exigió un ajuste en las partidas presupuestarias para llegar a un equilibrio en el déficit, lo que conllevaba un programa estricto en lo fiscal y en lo monetario.
De acuerdo al nuevo programa consensuado con el ejecutivo de Fernández, el país se comprometió a reducir su déficit fiscal al 2,5% del Producto Interno Bruto en 2022, al 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024.
Bajo el paraguas del nuevo convenio con el FMI, el Gobierno también accedió a que el Fondo audite sus cuentas públicas durante dos años y medio a lo largo de diez auditorías que se efectúan cada trimestre.
Argentina comenzará a pagar a partir de 2026 y hasta 2034, por lo que tiene una ventana de cuatro años y medio antes de devolver el crédito asumido por la gestión anterior.
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La Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina expuso que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incurrió en incumplimientos de los procedimientos previstos y llevó a que la deuda se volviera «insostenible».
El préstamo «incumplió con la normativa prevista», afirmaron representantes durante una presentación que se realizó en la víspera en el Colegio de Auditores de la ciudad de Buenos Aires.
Argentina es el mayor deudor del FMI, después de que el organismo se comprometiera a entregar el mayor crédito de su historia al país sudamericano. En junio de 2018, el FMI aprobó un préstamo stand-by de 50.000 millones de dólares a Argentina para ayudar al país sudamericano a reducir su déficit presupuestario, en un contexto de alta inflación.
Tres meses después, el organismo acordó aumentar el tamaño del programa de financiamiento a 56.300 millones. El Fondo desembolsó al final 44.000 millones, dado que el actual presidente, Alberto Fernández, rechazó el resto del préstamo al resultar electo en octubre de 2019.
En su evaluación de aquel crédito, la AGN, un organismo autónomo que realiza auditorías para el Congreso nacional en la supervisión del sector público nacional, constató que la deuda externa representaba en 2016 el 17,7% del Producto Interior Bruto (PIB), porcentaje que ascendió en 2018 al 41,8%.
Ese año, se emitió deuda por 55.940 millones de dólares, lo que llevó a que la deuda pública aumentara hasta los 332.192 millones de dólares. En sintonía, la deuda bruta en divisas extranjeras que en 2016 representaba el 36,3% del PIB pasó a suponer el 65,8%.
En paralelo, los vencimientos de deuda para 2019 equivalían al 192,75% de la cantidad de reservas internacionales que poseía el Banco Central (BCRA) al término de ese año, mientras que a finales de 2018, representaban el 131,36%.
«El stock de reservas internacionales al 31 de diciembre de 201,8 equivalentes a 65.806 millones de dólares, representaba el 99,7% de los vencimientos de deuda de la administración central en moneda extranjera de los años 2019 y 2020», señalaron los expositores.
El informe de la AGN, que se presentará ante el Congreso antes de su publicación, prevista en estos días, fue efectuado tras analizar 25 informes técnicos sobre el ejercicio fiscal del año 2018.
El actual Ejecutivo alcanzó en 2020 un acuerdo con el FMI para refinanciar el pago del préstamo. En base al nuevo convenio, el Gobierno se comprometió a reducir los subsidios a la energía y la emisión monetaria, además de reducir el déficit fiscal a 2,5% del Producto Interno Bruto en 2022, al 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024.
Argentina, que transita la cuarta de las diez auditorías trimestrales a las que se comprometió con el FMI, comenzará a pagar el crédito a partir de 2026 y hasta 2034, por lo que tiene una ventana de cuatro años y medio antes de afrontar el primer vencimiento.
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