Los derechos que tienen los trabajadores hoy son la consecuencia de un proceso histórico muy largo de reclamos y conquistas, donde muchos dejaron su vida para lograrlas. Las protestas y luchas laborales tienen su origen en acontecimientos que sucedieron a nivel internacional, nacional y provincial. Es preciso tenerlo presente.

Los archivos resguardan información esencial que refleja la historia de un país o provincia. Por ello, es necesario comprender su importancia a partir del valor que tienen para la administración, la investigación, la comunidad, el desarrollo económico, social, científico y tecnológico, el fomento de la cultura y la consolidación de la identidad nacional.

Los antecedentes en San Juan

En nuestro país como sucedió a nivel internacional, también se suscitaron manifestaciones importantes en reclamo de los derechos laborales. Algunos ejemplos son: la Ley de Residencia (1902), que autorizó a expulsar del país a los trabajadores de origen extranjero, la Ley de Descanso Dominical (1905), la Ley de Protección al Trabajo de mujeres y niños (1907) entre otras.

Sarmiento en su gobernación (1862 – 1864) evidenció la necesidad de generar normas para reglamentar sobre algunas profesiones que se ejercieron en aquel entonces. Entre las diferentes medidas que dictaminó en el poco tiempo que gobernó San Juan.

Lo que le llevó a prohibir el ejercicio de la abogacía a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos debidos, por lo cual determinó la nómina de abogados provinciales como también su reglamentación, y así en la profesión de los procuradores y los dedicados al remate en nuestra provincia.

En relación a los juristas en un decreto del 3 de febrero de 1863, se expresa que debido a diferentes hechos deshonestos en la administración de la Justicia y con el fin de hacer efectiva su responsabilidad legal, se acordó que podían ejercer dicha profesión, aquellos diplomas que fueran emitidos por las Leyes Nacionales. El gobierno provincial podía expedir nuevos títulos si lo considerase a partir de un examen teórico y práctico. Para poder llevar a la práctica su trabajo, debían presentar sus patentes y el certificado de habilitación, en cuales trámites debía figurar su firma correspondiente.

La nómina de los abogados aparece también en un fondo de documentos de tribunales. Aquellos juristas que no figuraban en dicha lista, no podían llevar adelante su trabajo correspondiente.

En relación al ejercicio de los procuradores, similares medidas, en la cual mediante un decreto reglamentario de la misma fecha, regula la cantidad de procuradores que debían representar solamente los derechos de las partes litigantes. Con su respectiva patente, recibiendo el arancel correspondiente a sus funciones y derechos como trabajador según dicho reglamento; caso contrario eran penados con una multa o suspensión de su oficio por un tiempo determinado. No podían interrumpir en otras profesiones que eran competentes a los abogados y los escribanos, entre otras medidas.

En el caso de los rematadores, en primera instancia estaban sujetos a las prescripciones del Código Nacional de Comercio. Con la intención de normar la forma en que debían efectuar los remates provinciales. Esos remates debían ser anunciados debidamente en el periódico oficial o carteles públicos. Se detalle la situación (bienes o muebles) para cada tipo de remate con determinados días de anticipación del anuncio del acto. Y todas aquellas acciones que sucedían en el momento de producirse dicho acto se detallaron en un decreto reglamentario del 4 de febrero de 1863.

Estas y otras medidas relacionadas, dan cuenta de la preocupación del primer mandatario en establecer pautas, criterios, derechos, deberes y garantías entre el profesional y el ciudadano que requiriere sus servicios. Evitando así falta de honestidad y procurando promocionar actitudes y aptitudes éticas y morales en el desempeño de las profesiones.

En nuestra provincia, encontramos algunas resoluciones en relación a ello. En 1923, el Senado y la Cámara de Representantes llevaron la tarea de sancionar la Ley Nº 79, (1 de enero de 1923). Esta normativa fijó la jornada legal de 8 horas de trabajo. Posteriormente, se une a ella la Ley Nº 81 sancionada el 29 de noviembre de ese mismo año. Esta última estableció una división territorial de San Juan, en dos sectores, constituidos cada uno con sus departamentos respectivos. A su vez, fijó los salarios mínimos de aquellos trabajadores que fueran mayores de 18 años.

Otra fecha destacada para tener presente, es un Decreto Provincial del año 1924 sancionado un 30 de enero de dicho año, donde se expresa la necesidad de redactar un Reglamento de disposiciones de la Ley, estableciendo la Jornada Laboral de 8 horas. Con una intención clara, buscar que las normas emitidas un año anterior, dieran cumplimiento efectivo en nuestra provincia.

Posteriormente, al poco tiempo, se otorgó un día de reconocimiento, valorización y agradecimiento al trabajo diario de todos los sanjuaninos. En nuestra provincia fue fijado también para un 1º de mayo con el nombre de “Feriado Provincial por el Día del Trabajador”; a través de la Ley del 29 de abril de 1924.

Hubo muchas leyes laborales a nivel nacional, en cual la provincia de San Juan adhirió. Y las mismas continuaron surgiendo y forjando en los diferentes procesos históricos, según circunstancias y contextos de cada tiempo y lugar.

Muchas de ellas sentaron las bases de leyes que continúan vigentes en nuestra legislación. Su base fue originada por demandas sociales y por medidas de los gobiernos para hacer valer los derechos de los trabajadores.

Hoy destacar, recordar y honrar la memoria de aquellos que dieron lucha y perdieron la vida por derechos que consideraron justos. Gracias a ellos fueron obtenidos los reconocimientos con los que gozamos hoy en día.

Repositorios

• Decretos Reglamentarios, Fechas: 03-02, 04-02 de 1863, Fs. 100 al 106, Fondo Leyes y Decretos, Departamento Archivo Histórico, AGP.

• Nómina de Abogados, Caja 39, Carpeta 156, Doc. N° 1, Fs. 29, 30 y 85, Fondo de Tribunales, Departamento Archivo Histórico, AGP.

/SiSanJuan