NacionalPolítica & Economía
Diputados dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento de universidades nacionales

En un sesión maratónica la cámara Baja voto varios proyectos claves. Se aprobó la «Ley Finocchiaro» y la ampliación del Registro de Datos Genéticos.
La Cámara de Diputados finalizó con su maratónica sesión y se desarrolla el pleno debate en particular del proyecto de financiamiento de universidades nacionales, tras la aprobación del dictamen de minoría de la Unión Cívica Radical (UCR) y el rechazo del proyecto general de Unión por la Patria (UP). Antes dieron media sanción a la ley que obliga a las escuelas abrir los días del paro y ampliación del Registro de Datos Genéticos.
En medio de una sesión maratónica que arrancó en el mediodía del miércoles, los radicales lograron incluir en el temario su dictamen de minoría sobre el financiamiento de las universidades nacionales. La iniciativa es mirada de reojo por el Poder Ejecutivo: tendría un impacto fiscal de $1,4 billones y pondría en peligro el déficit cero de Javier Milei.
Por estas horas, los legisladores votan en particular (artículo por artículo) tras la aprobación en general por parte de la cámara baja. El proyecto de mayoría presentado por Unión por la Patria (UP), en tanto, fue rechazado con 120 votos negativos por sobre 90 positivos.
Otros proyectos aprobados en Diputados
En resumen, se avanzó en ampliación del Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual y en la «Ley Finocchiaro» que tiene como principal objetivo la reducción de las huelgas docentes.
La sesión fue solicitada por los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, y contó con el acuerdo para iniciar el debate por parte de la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal. Así, las fuerzas superaron la asistencia necesaria de 129 legisladores para dar inicio a la jornada.
La negativa inicial de los radicales para dar quórum se destrabó luego de que se incorporara al temario los recursos para las universidades nacionales, en medio de un paro universitario en todo el país debido a la falta de fondos y bajos salarios docentes.
En qué consiste el proyecto en Diputados para regular las huelgas docentes
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que «este proyecto beneficia a toda la sociedad» y agregó que «pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo». «Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse«, precisó.
Añadió que el proyecto busca que «en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda». «Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario», remarcó.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca «es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo». «A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza», agregó y señaló: «El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país».
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que «hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días».
La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: «Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina».
Se volvió a postergar el tr atamiento del DNU de fondos reservados para la SIDE
Más temprano, después de varias negociaciones infructuosas, los principales bloques de oposición no consiguieron los 3/4 de votos necesarios para tratar el DNU que le asignó a la SIDE 100.000 millones de pesos en gastos reservados y es incierto cuando se conseguirá el consenso para acordar una fecha.
Ya entrada la noche, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, pidió una moción para pasar a un cuarto intermedio para tratar de garantizar la sesión del jueves para tratar el DNU 656/2024, pero la petición no prosperó. Cuando se puso a votación consiguió 115 votos afirmativos, 122 negativos y 0 abstenciones.
A pesar del frustrado intento, el tema sobrevoló la sesión. Durante una de sus intervenciones y luego en X (exTwitter), el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro denunció que en tan sólo 20 días la SIDE ya gastó el 80% de los fondos reservados.
«Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad. Están dilapidando 3 MILLONES DE DÓLARES POR DÍA en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral«, acusó Ferraro en sus redes sociales.
Aprobaron la ampliación del Registro de Datos Genéticos
Previamente, durante la maratónica sesión de este miércoles, Diputados dio media sanción a la ampliación del Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Ahora se habilita a la Justicia a tomar muestras genéticas a personas imputadas, procesadas o condenadas por cualquier delito. Hasta ahora sólo se puede en personas con condena firme por agresión sexual.
La ampliación era un reclamo histórico de organizaciones como Madres del Dolor, presente en el recinto. Tuvo un amplio consenso. Fue aprobada con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones. Los nuevos datos servirán para entrecruzar información e identificar a autores de delitos de agresión sexual.
Entre las novedades de la ley, también se habilita la posibilidad de tomar muestras genéticas de menores de edad, pero solo si «fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito» y de ser removido del registro. Esto última deberá ocurrir «cuando la persona imputada procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosas juzgada o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de investigación se extienda por más de tres años».
Debido a la enormidad de perfiles genéticos que deben ser incorporados, se definió una prioridad de acuerdo a delitos graves. Estos son: homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La Oficina del Presidente celebró la media sanción de la normativa, considerada como «un avance revolucionario que cambiará para siempre la forma en la que se combate el delito en Argentina» dado que «posibilitará la comparación de huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen con el perfil genético de imputados y condenados, agilizando así los procesos y garantizando que los culpables terminen tras las rejas».
«Este nuevo sistema incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, con el objetivo de comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con aquellas huellas otorgadas por la familia», añadió el gobierno.
Una mala para Patricia Bullrich. El Registro de Datos Genéticos no quedará bajo su órbita
Con el impulso de la ampliación del Registro de Datos Genéticos, el PRO y La Libertad Avanza buscaban lograr traspasar esta herramienta al Ministerio de Seguridad, conducido por una de las ministras estrella del Gobierno, Patricia Bullrich. Pero el rechazo clave de parte de la UCR frustró sus intenciones.
El diputado radical Fernando Carbajal propuso modificar el artículo 2 para que el Registro de Datos no quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”, explicó.
De esta manera, con el rechazo de UP y la izquierda y otros bloques minoritarios, se sumaron para trabar al traspaso al Ministerio de Seguridad. La votación salió con 126 votos negativos, 111 a favor y 2 abstenciones.
La Libertad Avanza y la oposición rechazan tratar la visita a represores
En la sesión de este miércoles, los bloques del oficialismo y la oposición dialoguista rechazaron debatir sobre la visita de los legisladores libertarios a represores de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza.
Al comienzo de la sesión especial en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria pidió un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto de ley que apunta a la expulsión de los seis legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a represores de la última dictadura militar que se encuentran presos en el penal de Ezeiza.
La iniciativa fue rechazada con 102 votos positivos, 121 negativos y cinco abstenciones. La encargada de presentar la moción para el pedido de apartamiento fue la autora del proyecto de ley Gisela Marziotta.
«Somos representantes de un proyecto que tiene 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Representamos a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos», remarcó la diputada kirchnerista.
Tras el reclamo de UP, se adelantaron las cuestiones de privilegio. La visita a represores y la denuncia contra Alberto Fernández, los temas centrales
El presidente del Cuerpo, Martín Menem, tenía la intención de dejar para el final las cuestiones de privilegio, pero la presión de UP lo obligó a adelantarla. En medio de la votación general del ingreso de tropas extranjeras y los acuerdos internacionales, el diputado de UP Eduardo Toniolli se paró de su banca e increpó a Menem por no permitirle hacer una cuestión de privilegio contra él.
Después de algunos gritos y la acusación del PRO, LLA y la UCR de que la intención era hacer caer la sesión para no votar «la ley Finocchiaro», finalmente Menem cedió al pedido de Toniolli. El santafesino no dejó pasar la oportunidad y le pegó duro al titular de la Cámara. “Usted generó las condiciones operativas para que un grupo de diputados visiten a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico – militar”, lo increpó.
A partir de ahí, comenzaron las cuestiones de privilegio pedidas por los distintos de diputados. Los temas eran cantados. El PRO, como Sabrina Ajmechet insistió con no demorar y llamó a votar la ley contra las huelgas docentes. Diputados de LLA aprovecharon para pegarle al expresidente Alberto Fernández y defender a sus compañeros que visitaron a represores condenados.
Se aprobó el ingreso de tropas extranjeras y la salida de las fuerzas nacionales
Con 208 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones, Diputados aprobó este miércoles el trámite parlamentario que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio argentino y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
@Ámbito.

NacionalPolítica & Economía
Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.
La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.
“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.
Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.
En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.
Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual.
El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.
La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.
Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.
En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.
El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.
/DH
NacionalPolítica & Economía
La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.
Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».
Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.
Imparcialidad cuestionada
Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.
Desenlace del recurso
El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.
En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.
Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.
/m1
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