En el transcurso de un encuentro encabezado por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, la comisión de Labor Parlamentaria llevó a cabo la asignación de los puntos que integrarán el Orden del Día de la Primera Sesión del período extraordinario 2022, que será cumplida el próximo viernes 21 de enero, a la hora 9.30 y que incluye tres temas: la sustitución del texto de la Ley 318- A, ley de Asesoría Letrada de Gobierno; la ratificación del Consenso Fiscal 2021 suscripto entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores provinciales y la ratificación del convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia por la ejecución de la Ruta Nacional Nº 40.

En la oportunidad, el titular de la Casa de las Leyes estuvo acompañado por el secretario Legislativo, Nicolás Alvo y estuvieron presentes los vicepresidentes primero, Carlos Platero y alterno, Edgardo Sancassani; el titular del bloque Justicialista, Juan Carlos Abarca; los diputados Andrés Chanampa, Enrique Montaño, Marcelo Mallea, Enzo Cornejo y Graciela Seva.

Sustitución del texto de la Ley 318-A – Asesoría Letrada de Gobierno.

En primer término y con despacho favorable de las respectivas comisiones, el cuerpo parlamentario deberá considerar si ofrece conformidad al Mensaje Nº 154 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual subroga el texto de la Ley Nº 318-A – Asesoría Letrada de Gobierno.

Sobre el particular, la modificación que proyecta está sustentada en la necesidad de actualizar la norma que en sus orígenes data del año 1986, y cuya innovación principal consiste en la creación de la Oficina de Investigaciones y sumarios administrativos del personal dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin que los sumarios e investigaciones se tramiten en tiempos razonables y convenientes para la administración y los administrados.

También es oportuno consignar que la oficina a crearse sería la encargada de las investigaciones e informaciones sumariales y la instrucción de sumarios administrativos del personal dependiente del Poder Ejecutivo respecto de los hechos, acciones y omisiones que puedan constituir faltas disciplinarias, con excepción de las relativas al personal de las Fuerzas de Seguridad y Servicio Penitenciario y al que pertenezca a Convenio Colectivos que prevean un procedimiento especial, y que por ello están excluidas de la ley por razones de especialidad de sus normas.

Por otra parte y con el objetivo de alcanzar una tramitación más abreviada de los sumarios, es necesaria la modificación legislativa proyectada, de manera tal de establecer la estructura pertinente y necesaria para el funcionamiento de la oficina en doble turno y de esa manera lograr celeridad en la resolución de los sumarios administrativos, para evitar el pago de un sin número de empleados públicos que están suspendidos con goce de haberes y que por lo prolongado de la tramitación de los sumarios se convierte en una situación injusta puesto que sin trabajar perciben sus salarios y eso además de ocasionar un gasto importante para las arcas del Estado, pasa a ser una situación despareja para aquellos trabajadores que cumplen sus funciones con apego a la legislación vigente.

Consenso Fiscal 2021.

También con despacho positivo de las diversas comisiones, los legisladores considerarán el Mensaje Nº 001 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el deberán definir si ratifican la aprobación del Consenso Fiscal 2021, suscripto el pasado 27 de diciembre de 2021, entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y las gobernadoras y los gobernadores de las distintas provincias argentinas.

Al respecto, en los fundamentos del proyecto señala que tiene como finalidad, consolidad desde una perspectiva fiscal, el desarrollo federal argentino, motivo por el cual ello requiere el acuerdo de acciones colectivas que generen las condiciones básicas para su logro, conservando las autonomías y potestades de cada uno de los niveles de gobierno, consagrados en la Constitución Nacional.

En esa línea está enmarcada la instrumentación de una política. y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo tal que las

distintas decisiones sean adoptadas en un marco de estabilidad jurídica y que a la vez aseguren una armonización tributaria, compatible con las normativas y realidad fiscal actual.

Sobre el particular, en ese contexto, procuran establecer una estructura impositiva orientada a reducir en forma gradual y sostenida las diferencias existentes en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones de la Argentina.

En consecuencia, resulta necesario también consolidar la implementación de instrumentos que procuren la redistribución de la carga impositiva, de manera tal que tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales, y puedan compensarse las eventuales reducciones de la recaudación proveniente de la imposición sobre las actividades productivas y el consumo, posibilitando de esta manera la sustentabilidad de las cuentas públicas, evitando la aparición de desequilibrios financieros que ‘atenten contra la estabilidad global a nivel macroeconómico.

Las citadas políticas tributarias deberán estar acompañadas de una mejora en la gestión de los organismos recaudadores, procurando reducir la evasión e impedir prácticas de elusión impositiva, a la vez que posibiliten alcanzar objetivos que sean acordados en materia fiscal, instrumentando herramientas digitales que permitan la simplificación de los trámites que deben realizar los contribuyentes y facilitar de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

Asimismo, cabe definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias, que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos que les permita para captar crédito en moneda local, a la vez que sea mantenida como premisa fundamental la sostenibilidad de sus deudas.

También y como consecuencia de la pandemia y las derivaciones surgidas de la misma como los efectos fiscales, fue necesaria la puesta en práctica de modificaciones transitorias en lo relacionado con las reglas fiscales estipuladas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, las que sin lugar a dudas, deben ser adaptadas a la situación de recuperación económica y de performance fiscal evidenciada en la actualidad.

Por último, en el contexto señalado, es necesario reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las provincias, de manera tal de establecer en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal, en procura de acordar una solución integral a los conflictos judiciales entre las partes.  

En esa inteligencia, como compromisos comunes, las partes acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad, a través de las Consensos Fiscales suscriptos en fecha 16 de noviembre de 2017; 13 de septiembre de 2018; 17 de diciembre de 2019 y 4 de diciembre de 2020, ratificados y aprobados por los Decretos números 2138-MHF-2017; 373-MHF-2019; 2413-MHF-2019; y 1591-MHF-2020 y Leyes números 1719-1; 1901-1; 2028-1 y 2194-1, respectivamente.

Corredor de Cuyo Mendoza – San Juan (Ruta Nacional 40)

Por último, los diputados deberán considerar si ratifican el Mensaje Nº 002 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que aprueba el convenio celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Administrador General, Gustavo Héctor Arrieta y la provincia de San Juan representada por el Gobernador Sergio Mauricio Uñac, para la ejecución de la Obra:

Corredor del Cuyo: Mendoza – San Juan (RN N° 40) tramo Límite Interprovincial Mendoza – San Juan – Intersección de Acceso Sur y Ruta Provincial N° 179 (Calle 8) — Sección II: Acceso a Tres Esquinas – Intersección Ruta Provincial N° 295 (Acceso a Cochagual) – Intersección Ruta Nacional N° 40 y Ruta Provincial N° 179 (Calle 8).

En tal sentido, la provincia de San Juan asume el rol de organismo Subejecutor del Programa, para lo cual colaborará con la Dirección Nacional de Vialidad en la ejecución de la Obra, cuyo monto asciende a la suma de pesos Siete mil doscientos un millones ciento setenta y siete mil con 00/100 ($ 7.201.177.000,00), a valores referidos al mes de octubre de 2021 y un plazo de ejecución de treinta (30) meses, contados a partir de la fecha del acta de Inicio de la misma.