Decenas de acusaciones penales contra uniformados identificados por organizaciones que apoyan a Palestina los pusieron al borde de la detención en el exterior. En Chile, Argentina y Brasil, entre otros países. 

Los crímenes de guerra cometidos en Gaza por el Estado de Israel empiezan a ser un grave problema jurídico para los integrantes de sus fuerzas armadas. Decenas de denuncias penales contra uniformados identificados por organizaciones que apoyan a Palestina los pusieron al borde de la detención en el exterior. Ocurrió en Brasil, Chile, Francia, Suecia, Países Bajos, Eslovenia, Chipre, Tailandia y Sri Lanka e incluso en la Argentina se iniciaron acciones legales para someterlos a proceso por delitos como “ataques a la población civil” y utilización de “escudos humanos” según consta en un documento al que tuvo acceso PáginaI12.

La fundación Hind Rajab (HRF) promovió varias de estas imputaciones basadas en la prueba documental que generaron los propios militares en sus redes sociales. Se mostraban sonrientes o en actitud desafiante en viviendas destruidas durante la operación de represalia contra Hamas en la Franja y que se transformó en un genocidio. La situación llevó al régimen de Benjamin Netanyahu a imponer restricciones a la prensa para proteger la identidad de sus soldados. Medios israelíes calculan que alrededor de cincuenta denuncias recibió la Justicia en varios países repartidos por tres continentes.

En Brasil

La que llegó más lejos se presentó en un tribunal de Brasil e involucró a Yuval Vagdani, de 21 años, investigado por la Policía Federal después de permanecer en Morro de San Pablo, a 60 kilómetros de la ciudad de Salvador, Bahía. El militar pudo abandonar el país con asistencia de la embajada de Israel y luego de que abriera una causa la jueza federal Raquel Soares Chiarelli, el 30 de diciembre pasado. El 1° de enero Vagdani regresó a Tel Aviv donde declaró para el canal 12 que no volvería a subir videos desde Gaza.

Sus propias imágenes lo incriminaron. Según el medio brasileño Metrópoles, -citando a la fundación HRF- se lo acusó de “participar en la destrucción del corredor de Netzarim, en la Franja de Gaza, acción que presuntamente tuvo lugar fuera de combate y causó daños indiscriminados a la población civil”.

Hind Rajab, que lleva ese nombre en homenaje a una niña palestina de 5 años asesinada el 29 de enero de 2024 junto a seis miembros de su familia y dos paramédicos que intentaron rescatarla, denunció a Vagdani “por participar en demoliciones masivas de viviendas civiles en Gaza durante una campaña sistemática de destrucción. Estos actos forman parte de un esfuerzo más amplio para imponer condiciones de vida insoportables a los civiles palestinos, lo que constituye genocidio y crímenes contra la humanidad según el derecho internacional”.

La página oficial de la fundación señala que “las pruebas presentadas incluyen imágenes de vídeo, datos de geolocalización y fotografías que muestran al sospechoso colocando personalmente explosivos y participando en la destrucción de barrios enteros”. El intento de HRF por detener al militar en Brasil no prosperó. Maira Pinheiro, abogada de la organización, había señalado: “El sospechoso debe ser arrestado, no simplemente detenido y liberado, para asegurar la integridad de la investigación y evitar que escape a la justicia”.

Vagdani logró salir hacia la Argentina y retornó después a Israel. La fundación consideró: “Esto no es solo un escándalo, sino una afrenta a la soberanía y al estado de derecho de Brasil”. Pese a todo, HRF describió la labor de la jueza Soares Chiarelli como “un hito en la búsqueda global de justicia y responsabilidad”. Su presidente, el libanés Dyab Abou Jahjah, apuntó: “Este es un momento histórico”. Algunos medios israelíes lo llamaron “terrorista” y recordaron que recibió entrenamiento militar de Hezbollah.

En su cuenta de X, Jahjah escribió: “los respeto por luchar contra sus hordas invasoras en el Líbano, pero simplemente no soy de esa ideología”. En un comunicado, la embajada de Israel en Brasilia afirmó que HRF “representa una organización extranjera y está explotando cínicamente los sistemas legales para fomentar una narrativa antiisraelí tanto a nivel mundial como en Brasil, a pesar de saber plenamente que las acusaciones carecen de fundamento legal”.

En Chile y Argentina hubo otros casos semejantes al de Vagdani. La fundación informó que inició acciones legales “contra Saar Hirshoren, miembro del 749 Batallón de Ingeniería de Combate de Israel que se encuentra actualmente presente allí”. Lo acusó de ser “responsable de crímenes de guerra cometidos en Gaza, y la HRF exige su arresto inmediato. Al mismo tiempo, se ha presentado una denuncia exhaustiva ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra todo el batallón y su liderazgo por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio”.

Hirshoren salió desde la Patagonia hacia Chile donde también lo alcanzó otra causa judicial promovida por la fundación. El Batallón 749 al que pertenece tiene denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) a veinticuatro de sus integrantes desde el 24 de diciembre último. HRF aportó tres tipos de pruebas: publicaciones en redes sociales y vídeos de miembros del batallón que muestran la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales civiles; admisiones públicas de los líderes del batallón indicando su intención de atacar a civiles e infraestructura más imágenes de satélite e informes de organizaciones internacionales que documentan la magnitud de la catástrofe humanitaria causada en Gaza.

En Argentina

Hind Rajab informó que el 2 de enero presentó “una demanda contra el teniente Amit Nechmya, comandante del Pelotón Latak del Batallón Rotem (435) de la Brigada Givati”. La acción fue promovida por el abogado que representa a la fundación en Argentina, Rodolfo Yanzón. HRF menciona que descubrió como Nechmya “destruyó evidencia crucial sobre su presencia y actividades en Gaza, lo que demuestra aún más su intento de evadir la rendición de cuentas”. En su paso por Buenos Aires visitó la Boca y se hizo filmar contando billetes de mil pesos en una habitación. La causa en la que se pidió su arresto quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas.

En otro caso la acusación señala que “un incidente particularmente atroz fue el bombardeo de la Universidad Al-Azhar en diciembre de 2023, donde el oficial operativo David Zoldan se burló de la educación superior de Gaza en videos que celebraban el ataque”. HRF también accionó contra militares israelíes en diferentes países de Europa, como en Suecia, donde denunció a Boaz Ben David, un francotirador israelí del Batallón 932 de la Brigada Nahal.

Las causas iniciadas en varios tribunales llevaron a que el gobierno de Netanyahu impusiera restricciones contra la cobertura mediática del papel que desempeñaron sus militares en la guerra. Porque al viajar al exterior de vacaciones o por otro motivo, ahora corren el riesgo de ser detenidos por crímenes de guerra.

El portavoz del ejército, Nadav Shoshani, les comunicó a los periodistas el 8 de enero: “Esta es nuestra nueva directriz para proteger a nuestros soldados y asegurarnos de que estén a salvo de este tipo de incidentes organizados por activistas antiisraelíes en todo el mundo”. Hoy no solo corren peligro de ser arrestados los principales jerarcas del régimen sobre los que pesan órdenes de detención de la CPI: el primer ministro Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant.

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