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Política & Economía Nacional

Cristina Kirchner apeló al fallo de Vialidad que pretende proscribirla.

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Solicitó que se deje sin efecto la pena de seis años de prisión y la inhabilitación que se le impuso oportunamente. Argumentó que el fallo, al que calificó de una “enorme gravedad institucional”, contiene una “arbitrariedad fáctica y normativa”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación que se le impuso en el juicio por la “causa Vialidad” y que se disponga su absolución, tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.

Este último cargo fue descartado en el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia en ese aspecto del tercer magistrado, Andrés Basso, cuando el 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito de apelación de 394 carillas presentado este lunes.

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

La condena “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, advirtieron los abogados.

Durante el juicio que se extendió por tres años “quedó ratificado e estado de inocencia” de la ex mandataria por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública nacional a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Y recordaron que el TOF2 rechazó “más del 80 por ciento de la prueba ofrecida” por la defensa, en particular pericias “ineludibles” en estos juicios y que esa decisión fue ratificada por la sala de Casación “integrada por los jueces que visitaban la Quinta de Olivos”, se remarcó en alusión a visitas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri en esa época.

Esas mismas decisiones quedaron confirmadas “luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -parcialmente integrada por los jueces que propuso Rodríguez Simón” que demoró más de tres años y declaró “inadmisibles” los planteos casi al final del debate oral.

Además sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.

Los jueces “asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional”.

En el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”, agregaron los letrados en relación a los fiscales Luciani y Sergio Mola.

“Se violó el principio ‘ne bis in ídem’ (prohibición de perseguir o sancionar dos veces) y el valor de la cosa juzgada, ya que se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por los jueces competentes con calidad de cosa juzgada”, aseveraron también.

Los letrados argumentaron que “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio”. Y remarcaron que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”.

Otra supuesta irregularidad destacada por los abogados fue que “se violó el principio de culpabilidad, al dictarse una injusta condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos, que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u omisiva”.

Y dijeron que también “se violó el principio de legalidad sustantiva, pues se dictó una arbitraria condena en orden al delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública sin que se hubiesen satisfecho, tan siquiera mínimamente, las exigencias típicas, objetivas y subjetivas, requeridas por la normativa penal”.

La defensa pidió al máximo tribunal penal del país que absuelva a “Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada” y deje “sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.

En el escrito se aludió a la “orfandad de pruebas”, a la “influencia de los factores políticos, económicos y mediáticos” en el proceso y a la “violación del derecho de defensa en juicio” que dieron lugar a un fallo “arbitrario”.

También se adelantó que, de ser necesario, se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los organismos internacionales que correspondan en materia de derechos humanos.

Por su parte, los fiscales Luciani y Mola presentaron una apelación de 528 carillas en las que se pidió que la Vicepresidenta y los demás acusados, entre ellos Báez, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti sean condenados también por asociación ilícita.

También reclamaron que Casación revoque las absoluciones que favorecieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

Para la fiscalía la sentencia “mostró de manera palmaria” que hubo un “acto de corrupción” y que fue el “más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia”.

“Las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”, sostuvieron.

En el juicio se debatió si el acusado empresario Lázaro Báez, resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los jueces condenaron a seis años de prisión a la Vicepresidenta, a Báez y al ex secretario de Obra Pública José López. Además fueron condenados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, entre ellos el ex titular del organismo Nelson Periotti, quien recibió 4 años y medio de cárcel.

Los fundamentos del fallo se conocieron en febrero pasado, y por una prórroga que concedió el Tribunal, el plazo para presentar los recursos de Casación vence en las dos primeras horas hábiles judiciales del miércoles próximo.

Una vez que el TOF2 conceda los recursos, el máximo tribunal penal federal del país comenzará a analizar los planteos y luego convocará a una audiencia, de manera previa a quedar en condiciones de resolver.

@Telám.

/Imagen principal: Archivo

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Cristina Kirchner criticó el acuerdo de la UBA con el Gobierno: “¿Significa cambio de votos para la ley Bases?”

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La expresidenta dejó un mensaje político a través de un video de TikTok, donde rechazó el acuerdo que deja afuera al resto de las universidades públicas.

La expresidenta Cristina Kirchner criticó el acuerdo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el Gobierno de Javier Milei y apuntó al debate que se dará en los próximos días en la Cámara de Senadores: “¿Esto significa cambio de votos para la Ley Bases?”.

A través de un video de TikTok se ve a la referente de Unión por la Patria en una reunión con estudiantes, quien dejó un mensaje político en rechazo al acuerdo universitario: “La verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente. La movilización fue impresionante. Estoy muy enojada ¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”.

“Tengo miedo que signifique cambios de votos en el Congreso”, agregó en relación al tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara alta.

En la misma línea, señaló que “arreglaron lo que es la plata de la dirigencia política de la UBA, porque el 80% es salario es no docentes, docentes y autoridades, es la plata que maneja la política en la universidad”.

La UBA llegó a un acuerdo con el Gobierno y suspendió la emergencia universitaria

Este miércoles, el Consejo Superior de la UBA suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril. La decisión se adoptó a partir del refuerzo de fondos que el Gobierno nacional aprobó, tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad que derivaron luego de la multitudinaria movilización por la educación a Plaza de Mayo y varios puntos del país.

Según comentaron desde la UBA, el presupuesto actualizado estará destinado exclusivamente al funcionamiento operativo de la institución.

En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó que con el refuerzo asignado se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que oportunamente había sido prorrogado.

“Las resoluciones mencionadas implican una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial”, destacaron.

Yacobitti reconoció que el acuerdo de la UBA con el Gobierno “es provocador” para el resto de las universidades

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, reconoció que el acuerdo financiero al que arribó con el Gobierno “es provocador” para el resto de las casas de altos estudios y aclaró que la institución porteña “no se comprometió a dejar de reclamar”.

“La UBA forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pero cada universidad también dialoga por separado con el Gobierno”, sostuvo el exdiputado nacional.

En declaraciones radiales, el dirigente radical admitió que “es provocador aumentarle sólo a la UBA” y remarcó que la casa de altos estudios porteña “no se comprometió a dejar de reclamar, bajo ningún punto de vista”.

@Ámbito.

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Cuota simple: vuelven los 12 pagos con interés y suman nuevos rubros

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Ante la impactante caída del consumo como consecuencia del ajuste, el Gobierno busca incentivar el consumo. Las novedades que se introducen al programa de compra en cuotas fijas y la tasa de interés que se fijó.

La Secretaría de Comercio e Industria extendió hasta fin de año “Cuota Simple”, el programa con el que intenta incentivar el consumo y frenar el derrumbe de las ventas minoristas dañadas principalmente por los ajustes y la desregulación de la economía impulsada por el propio gobierno nacional.

A través de la Resolución 69/2024 publicada en el Boletín Nacional, el Ministerio de Economía amplió de 9 a 12 cuotas fijas la posibilidad de hacer compras, que antes sólo se podían hacer hasta en 3 y 6 pagos.

La tasa nominal anual que se estableció para esta etapa de ampliación del programa es del 50 por ciento de interés. Es decir que quien compre un producto con tarjeta de crédito y elija abonarlo mes a mes durante un año, lo terminará pagando la mitad de su precio más cara.

La propuesta del gobierno de Javier Milei quedó lejos de aquel “Ahora 12” que permitía hacer compras con una tasa de interés del 0 por ciento, pero sigue siendo la alternativa más accesible del mercado, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y esta fecha será prorrogable, según indica la resolución.

Nuevos rubros en Cuota Simple

Otro incentivo que la Secretaría de Comercio e Industria le agregó a “Cuota Simple” es la ampliación de los rubros en que se puede aplicar. Para esto dejaron afuera a algunos otros, como los artículos de librería y calzado escolar, aclaró el texto oficial firmado por el secretario Pablo Lavigne.

Hasta el momento eran 30 los rubros que alcanzaba el programa de cuotas aplicables en supermercados, hipermercados y tiendas de rubros generales. Ahora se les agregó elementos de iluminación, kits para la conexión de internet satelital y más materiales de construcción.

3, 6, 9 y 12 cuotas fijas

Todos se podrán adquirir en 3, 6, 9 y 12 cuotas fijas. Inclusive los productos que ya estaban en el listado del programa cuando fue lanzado a principios de año: electrodomésticos, calzado, indumentaria, joyería, teléfonos celulares, muebles, rodados, servicios educativos, juguetes, servicios técnicos, computadora e instrumentos musicales.

También perfumería, equipamiento médico, servicios de deportes (ginmasios), maquinarias y herramientas, eventos culturales, servicios de estética y turismo. Todos y cada uno según los topes establecidos por cada rubro o comercio.

“Cuota Simple” funciona en todo el país y tiene la intención de paliar el daño en el consumo y el derrumbe de las ventas producidas por la escalada inflacionaria, que durante lo que va del gobierno de La Libertad Avanza fue del 65 por ciento.

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Senado: se dilapidó la posibilidad de que el Gobierno tenga la ley Bases aprobada en mayo.

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Las mayores resistencias persisten en un núcleo de diez legisladores que piden modificaciones en los beneficiarios de la ley de Blanqueo, en el impuesto a las Ganancias y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).

Ley Bases en Senado: debate en sesión del jueves

La sesión de comisión del jueves fue protagonizada por distintos actores convocados por los senadores. En una de las exposiciones, Martin Reydó, director ejecutivo de la Fundación Fundar, expresó su rechazo al RIGI porque “ya existen proyectos en mesa de entrada” por unos u$s 10.000 millones en “un escenario muy conservador de inversiones, que se van a hacer de igual forma pero que no necesitan este empuje fiscal y esta renuncia tributaria” . “En la industria se saben quiénes son y los secretarios de Minería de las provincias ya saben cuáles son los proyectos y cuáles son las empresas”, remarcó.

En contrapartida, Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, subrayó que se “necesita que el país facture mucho más y que tenga muchas más empresas“. “¿Quién no puede estar de acuerdo con financiar la ciencia, el cine o tener personal en blanco? Pero para eso se necesita dinero y lamentablemente las empresas de ciencia y tecnología para hacer una inversión en la Argentina crean una empresa en los Estados Unidos y acá traen una filial, por lo que el dinero no queda en el país. Ese no es el modelo empresarial que yo quiero. Sería interesante preguntarnos qué hacemos para que vengan esas inversiones en nuestro país“, agregó.

Finalmente, el director de cine Benjamín Naishtat, galardonado en distintas ocasiones en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, reconoció que “el INCAA y las políticas del fomento audiovisual son perfectibles”, pero que sus “políticas son federales. El INCAA estipula por su ley que debe ser cogobernado por los secretarios de Cultura de todas las provincias. […] Hoy hay una situación autocrática, que es algo que nos preocupa como sector porque también es como un síntoma de época que hoy la autocracia ahora vale”.

Luego, acotó: “Soy de los que creen que en la Argentina hay riqueza, pero el problema es cómo se distribuye. Creo que podemos darnos un horizonte en donde los chicos coman y además tengamos una cultura de la cual sentirnos orgullosos“.

@Ámbito

/Fuente de imagen: Archivo Google

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