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Política & Economía Nacional

Coparticipación de CABA: Gobernadores criticaron la “injerencia indebida” de la Corte.

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Axel Kicillof y otros dieciséis gobernadores presentaron un documento en el que manifestaron su “profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en el reclamo que inició el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por los fondos coparticipables que el expresidente Mauricio Macri le había sacado a la Provincia de Buenos Aires para favorecer a la Ciudad.

Hoy vence el período que el máximo tribunal les dio a Nación y CABA para negociar entre ellos. Si no hay acuerdo, serán los supremos los encargados de saldar la discusión con una sentencia. Los gobernadores piden ser amicus curiae en el caso.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

Contra el decreto de Macri.

Los diecisiete mandatarios aseguran que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia” y que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”.

El documento explica que al momento de la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que “era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.

Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, afirma el texto.

Los gobernadores señalan que este porcentaje “fue modificado de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 que firmó Macri, mediante el cual elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento en detrimento del resto de las provincias con la excusa de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.

La semana pasada, veinte provincias aprobaron el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.

Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, añaden los mandatarios provinciales.

En el documento, los gobernadores denuncian que reciben “los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan”, que pagan el combustible más caro y que tienen que sostener económicamente a sus fuerzas de seguridad.

Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos -afirma el documento-. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.

El documento está firmado por Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán, (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad, (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodríguez Saá, (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La disputa entre Nación y Ciudad.

El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4 por ciento.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence hoy.

/Página 12.

Política & Economía Nacional

Salario mínimo: no hubo acuerdo y el Gobierno volverá a definir los aumentos por su cuenta

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Según fuentes de la Secretaría de Trabajo, en los próximos tres días hábiles, debería publicarse el laudo con los nuevos valores.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) finalizó sin acuerdo y deberá volver a definir la Secretaría de Trabajo a través de un laudo el nivel de ajuste que llevará a cabo.

Los actuales $202.800 con base de marzo son producto de la decisión unilateral del gobierno de Javier Milei de otorgar un aumento y volverá a ocurrir lo mismo para los próximos tres meses.

Según fuentes de la Secretaría de Trabajo, en los próximos tres días hábiles, debería publicarse el laudo con los nuevos valores.

La CGT y las dos CTA pugnaban por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las centrales obreras. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.

Hugo ”Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, se expresó mediante su cuenta de X (antes Twitter): “Las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio”.

“Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores“, agregó.

El monto que solicitan las centrales obreras busca dejar el Salario mínimo por encima de la canasta de indigencia. En cambio el Gobierno, podría aplicar aumentos en base a las inflaciones proyectadas, lo cual sería un monto mucho mas cercano a los deseos de las centrales empresariales.

El Consejo reúne a los representantes sindicales y de las cámaras empresariales, entre quienes se encuentran dirigentes de la CGT y la CTA y empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA). La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

El último encuentro fue el 15 de febrero, momentos en que el SMVM se encontraba en $156.000, valor fijado durante la administración de Alberto Fernández. El encuentro no llegó a buen puerto y el incremento fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En aquel entonces, la CGT emitió un duro comunicado, en el que acusó a la administración de Javier Milei de “hacer fracasar” la reunión. “Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión”, consignó el documento.

El salario mínimo, vital y móvil cayó más del 34% desde que asumió Javier Milei

El salario mínimo, vital y móvil muestra un descenso muy fuerte desde la asunción de Javier Milei como presidente a hoy y su valor, que se había fijado para el mes de diciembre, quedó absolutamente por debajo del aumento de precios del 25,5% de ese mes, pero, a su vez, cuando se convocó tardíamente al Consejo de Salario, resultó claro que no había pretensiones por parte del gobierno de recuperar el poder de compra perdido.

La Secretaría de Trabajo definió allí una suba total de 30% en tramos, según un informe del Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), hizo que el salario profundizara su caída “ante la inédita ausencia de propuestas por parte de la representación empresaria en dicho Consejo”.

Los salarios aumentan por detrás de la inflación

El Salario Mínimo se fijó en $202.800 desde marzo y, de este modo, entre noviembre de 2023 y abril de este año, aumentó nominalmente 38,9% frente a una inflación que puede estimarse en más de 110%. “Se consumó así en pocos meses una reducción real de 34,1%”, informa el CIFRA.

Dadas las reducciones previas que ya habían tenido lugar, en abril de 2024 el poder adquisitivo del salario mínimo se ubica 44,7% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,7% por debajo del de noviembre de 2015.

@ámbito

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Política & Economía Nacional

Se frena el aumento del impuesto al combustible: ¿Subirá en las estaciones?

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En un intento por mitigar el impacto de la inflación en los próximos meses, el Gobierno Nacional decidió postergar la actualización del impuesto a los combustibles que estaba prevista para mayo. Esta medida busca evitar un incremento en el precio de la nafta y el gasoil, que podría reflejarse en una escalada general de precios.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, se emitirá un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se diferirá hasta el 1° de junio de 2024 la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Esta decisión asegura que no habrá aumento por dichos conceptos durante el mes de mayo.

Originalmente, los aumentos en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) estaban programados para implementarse este miércoles 1° de mayo. Estos incrementos son parte de una política habitual de ajuste trimestral que afecta directamente los precios al consumidor de nafta y gasoil. Sin embargo, con la inflación aún en niveles preocupantes, el Gobierno ha optado por suspender temporalmente estos ajustes.

Esta medida se alinea con otras acciones similares tomadas por el Ejecutivo, como la no aplicación de la indexación en las tarifas de gas y electricidad para mayo, en un esfuerzo coordinado para controlar la inflación y sus efectos en la economía doméstica.

El Ministerio de Economía ha expresado que esta postergación es parte de un enfoque integral para garantizar la previsibilidad económica y ayudar a mitigar el impacto de la inflación en los bolsillos de los argentinos. La decisión de aplazar la actualización impositiva también busca proporcionar un alivio a los consumidores y mantener estabilidad en los sectores económicos más sensibles a variaciones en el precio del combustible.

@DiarioElZonda

/Fuente de imagen: Diario El Zonda

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Política & Economía San Juan

Un nuevo operativo territorial llegó a más de 400 angaqueros

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La actividad interministerial se realizó en la Unión Vecinal del departamento. Tal como ya lo hizo en otros operativos, el gobernador Marcelo Orrego, recorrió el lugar para hablar con la gente.

Durante este lunes 29 de abril, se llevó a cabo un nuevo operativo territorial organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en Angaco.

Esta iniciativa, que ya se realizó en otros departamentos, tiene que ver con poner en práctica estrategias en materia de derechos permiten una mayor inserción, colaboración y satisfacción de las comunidades alejadas, demostrando que es posible ofrecer servicios efectivos en cualquier lugar.

En este marco, el gobernador Marcelo Orrego dijo: “Fue una jornada muy nutrida. Estuve escuchando las distintas situaciones de la gente y eso es lo importante, estar cerca. Una vez más el Centro Cívico llegó a otro departamento de la provincia”.

Cabe destacar que los Operativos Integrales son una herramienta que busca llevar el estado provincial con sus distintos ministerios y áreas a distintas zonas de la provincia. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano es que se impulsaron los operativos en conjuntos con los demás ministerios para delinear acciones para poder brindar soluciones a las distintas comunidades sobre todo las alejadas.

Estuvieron además, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, el intendente de Angaco, José Castro; la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez; directora de emergencias y políticas alimentarias, Cristina Cardozo.

@SiSanJuan.

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