El próximo 28 de febrero es el último día como presidente de la Corte de Justicia de Marcelo Lima. Tras ocupar este rol por primera vez, el ministro deja el lugar a Adriana García. Durante los meses a cargo de la cabeza del Poder Judicial, valoró el vínculo institucional, como así también la búsqueda de reducir el tiempo de resolución de las causas. Dejó tres obras inauguradas y estuvo a cargo del lanzamiento de la licitación más importante: la remodelación del Edificio 9 de Julio para ampliar el espacio de trabajo, un viejo problema de la Justicia local.

Hizo un repaso de los temas más importantes de su año de gestión y también reveló cómo fue el trabajo con el gobierno de Marcelo Orrego y la relación con el fiscal general Eduardo Quattropani, quien emitió críticas en más de una oportunidad.

– ¿Cuál es su balance del año en la presidencia?

– Este ha sido un año de grandes desafíos. La Corte ha definido de hace tiempo un plan estratégico que tiene que ver con una transformación fundamental de los procesos. Hablemos de Flagrancia, el proceso penal acusatorio adversarial y otros. Esto ha significado que en cada presidencia se han ido respetando esos parámetros. Es decir, la Corte ha sido coherente desde el 2017 hasta ahora con ese trabajo. En esta oportunidad nosotros hemos avanzado sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las relaciones institucionales.

– ¿Cuáles fueron algunos de estos avances?

– Nosotros generamos un convenio con el Poder Ejecutivo de la provincia. Se estableció, en primer lugar, la posibilidad de que todos los instrumentos que necesita publicitar o publicar el Poder Judicial se hagan de manera digital a través del Boletín Oficial. También se generó un convenio con el Poder Ejecutivo relativo a la implementación de la Ley Yolanda, como lo establece la Ley Nacional.

Con el Poder Legislativo hemos también generado un convenio que tiene que ver con la posibilidad de establecer el código QR en toda la actividad. También una capacitación del personal y trabajamos en un digesto de acuerdos de la Corte de Justicia.

– Además de los vínculos institucionales, ¿cree que hubo más apertura a la sociedad en general?

– Sí, yo creo que hay que acrecentarla. Nosotros estamos con los oídos abiertos para escuchar algunos reclamos, de esa manera podemos mejorar algunos aspectos, porque siempre en este plan de mejora continua que tiene adelante el Poder Judicial es indispensable escuchar, no solamente a los justiciables, sino a la comunidad en general.

– ¿Cree que todavía hay mucho para mejorar?

Siempre se puede mejorar. También hay un diálogo fluido con la Unión Judicial que hicieron una serie de reclamos y le dimos respuesta. Por ejemplo, la bonificación por título. Si bien es cierto que antes se pagaba el título universitario, ahora se ha establecido el pago de secundario, terciario, posgrado y títulos no inherentes. Y no menor es un pago de plus por zona y mejora en las licencias.

– ¿Lograron este objetivo de mejorar la imagen del Poder Judicial?

– Es muy difícil que yo pueda contestarle eso sin acceder a alguna encuesta, pero nosotros hemos hecho todo para que esto ocurra. Esperemos haber sido recepcionados de la manera que nosotros lo hemos expresado.

¿Trabajan para acortar los tiempos en la Justicia?

– Sí, es el reclamo de la gente. La gente entiende que a medida que se demoran los procesos judiciales, se va alejando la justicia como servicio en sí. Es decir, se aleja la esencia de la justicia.

– ¿Cuál es el balance en ese aspecto?

– Yo creo que es altamente positivo, en todo este tiempo se ha podido acortar mucho los tiempos en cada uno de los procesos y vamos a continuar, esta es una preocupación de la Corte en general y la próxima gestión también va a llevar a cabo todo este mismo planteo.

– ¿Con qué obras de infraestructura avanzaron?

– A mí me tocó la inauguración del Juzgado de Paz de San Martín, que hoy podemos decir que es modelo, y también el Juzgado de Rawson fue refuncionalizado. También se ha inaugurado el Complejo Científico Forense y de Criminalística, que es uno de los más avanzados del país. Y, por supuesto, otra de las cosas que nosotros necesitamos es el edificio 9 de julio. Se ha llamado a licitación, está en el periodo de evaluación de las ofertas se han presentado 10 empresas para realizar las obras necesarias para que podamos mudarnos.

 – ¿Tiene alguna fecha de inauguración?

– Está planteado en dos etapas. La primera etapa que va a ser 2025 y finalizaría en el 2026, según tenemos nosotros planteado, lleva adelante el subsuelo, planta baja, primero y segundo piso. Y para la segunda etapa estaría el tercero y cuarto piso.

– El Poder Judicial avanza en obras en un momento en el que el Gobierno nacional critica la obra pública. ¿Por qué deciden hacerlo?

– Bueno, en primer lugar, nosotros no lo consideramos un gasto sino una inversión y también lo consideramos un ahorro, porque si bien es cierto que nosotros vamos a usar dinero del presupuesto del Poder Judicial, también tenemos que analizar que una vez que nosotros tengamos estos edificios en condiciones, vamos a poder rescindir los contratos de locación que estamos utilizando de inmuebles privados que son necesarios para la actividad judicial.

– ¿Son obras compatibles con un plan de austeridad?

– Sin duda. Esto tiene que ver no solamente con un ahorro sino con un mejor servicio, porque lo que nosotros alquilamos son casas que hemos tenido que hacer algunas mejoras. En el caso del edificio 9 de Julio vamos a estar mucho más cómodos y vamos a poder brindar un mejor servicio.

– ¿Tienen previstas nuevas contrataciones de personal?

– Sí, porque sin duda que hace falta. Nosotros hemos enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para incorporar más personal. Sabemos que, por ejemplo, en materia de Flagrancia se han aumentado los delitos y en materia del proceso penal acusatorio adversarial se requieren muchos más funcionarios. Son más de 60 personas y es un proyecto de ley que pidió el fiscal general Eduardo Quattropani, que necesita auxiliares de fiscales, funcionarios y empleados. El Poder Judicial ha planificado una reforma estructural y una reforma procesal. Y esto se ve plasmado no solamente en la realidad estadística sino en el humor de la gente.

– ¿Cómo es el vínculo hoy con el fiscal Quattropani? ¿Cómo influyen las críticas que hace?

– Nosotros tenemos muy buena relación con el Fiscal General. Más allá de que las críticas son bien recibidas: hace muy poco estableció una con relación a la necesidad del trabajo vespertino y esto se solucionó. Yo creo que el plan estratégico y el programa coyuntural, no es obra solamente de la Corte en sí, sino también participa el Ministerio Público Fiscal. De hecho, ha sido él también uno de los autores de la legislación que propuso el proceso penal acusatorio adversarial.

Las diferencias surgen, pero como yo siempre digo, si hay dos personas que piensan iguales hay una que no piensa. Entonces, digamos, desde la crítica o desde la mirada distinta, se puede crecer.

– Un reclamo recurrente tiene que ver con el tiempo de trabajo, ¿cree que la carga horaria puede crecer?

– La carga de trabajo tiene que ver con la incorporación de nuevos delitos. Por ejemplo, el tema de los delitos contra la propiedad. Esto ha generado que en un sistema como el de flagrancia tenga que ocuparse de manera pronta la resolución de estos casos. Hoy se trabaja muchas veces durante el fin de semana, 24-7. Creo que estamos dentro de los plazos establecidos por la legislación, pero indudablemente que la cantidad de delitos nos está exigiendo más dedicación.

– ¿Cómo ha sido el trabajo con el gobierno de Marcelo Orrego?

– Muy cordial y muy colaborativo desde las dos partes. Prueba de ello son los convenios que hemos firmado, que nos permiten a la Corte, por ejemplo, realizar las publicaciones por el Boletín Oficial. Y hemos generado nosotros, por otra parte, el uso de inteligencia artificial para las ejecuciones fiscales.

– ¿Cambió de alguna manera la dinámica de trabajo?

– No. Nosotros no hemos advertido cambios. Estamos trabajando coordinadamente de la misma manera que lo veníamos haciendo antes.

– ¿Han planteado objetivos diferentes?

– Hay algunas temáticas que son diferentes, que se proponen desde el Ejecutivo, como cambios en la Fiscalía con relación al pago de tasa y esto nosotros lo resolvimos rápidamente. Tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo estamos en comunicación permanente.

– ¿Qué otros objetivos a largo plazo tiene la Corte?

– En esta materia nunca hay un objetivo final porque estamos trabajando con la actualización continua y la mejora continua. Por dar un ejemplo, de la incorporación de la tecnología, estamos advirtiendo que necesitamos ir un paso adelante, porque aparece el riesgo de hackeo. Tenemos que prepararnos para blindar el sistema de manera que no sea fácil de vulnerar. Entonces, la mejora continua es un hecho que no tiene fin.

– ¿Qué queda pendiente después de este año?

– Queda pendiente la concreción de algunos de los convenios que efectuamos, terminar ese plan estratégico con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, concretar la ley Yolanda, el digesto de acuerdos y la capacitación. Hay un sinnúmero de cosas que siempre en un año no se pueden hacer. La Constitución nos establece que cada presidente tiene un año, entonces nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a realizar cada uno y nos complementamos, yo puedo decir que he tenido la colaboración de todos los ministros durante todo mi periodo.

– ¿Y a usted qué cosa le hubiese gustado dejar lista?

Me hubiese gustado que termináramos el edificio 9 de julio, por ejemplo, eso es un anhelo que vamos a tener todos porque vamos a poder trabajar mucho más cómodamente.

Cambio de mando
Por primera vez, el presidente saliente de la Corte, Marcelo Lima, compartirá el cierre de su gestión con su sucesora, Adriana García Nieto. Los ministros decidieron hacer un solo acto, cuando en general uno hacía balance el último día de febrero y el otro iniciaba con algún evento institucional al día siguiente. Será el 28 de febrero, en el Club Sirio Libanés.

Trabajo institucional
La corte avanzó con convenios y acuerdos con distintos actores sociales:

· Poder Ejecutivo: publicación en el Boletín Oficial. Implementación de la ley Yolanada, convenio marco.

· Poder Legislativo: código QR para toda la actividad, capacitación, digesto de acuerdos.

· Corte Suprema de Chile: trabajo conjunto, capacitación.

· Fiscalía de Estado: acta complementaria.

· Foro de Abogados: colaboración institucional.

· UNSJ: carrera a distancia y difusión en medios universitarios.

· Municipalidad de la Ciudad

· Municipalidad de Iglesia y Ministerio Público Fiscal: acuerdo entre estas dos áreas.

· Ministerio Pupilar de Tucumán: trabajo conjunto en temáticas de salud mental.

/DC