Actualidad
Con los compañeros vamos hasta el final de los días: Genocidio o crímenes de Lesa Humanidad.

Algunos debates internos nos hacen perder el norte de lo que verdaderamente importa, como sucedió con el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de los recursos de los represores y las querellas, contra la sentencia de noviembre de 2015 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, por la que se condenó a ocho represores por homicidios y desapariciones forzadas, en el marco de genocidio, y se absolvió a otros.
Lo verdaderamente importante es que la Sala II rechazó, de manera unánime, los planteos de los represores sobre la prescripción, la competencia de tribunales militares y la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final.
Importante es que confirmó, unánimemente, la responsabilidad de los imputados, las condenas, la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos -especialmente el de la desaparición forzada de personas- y revocó las absoluciones.
También hicieron lugar a la afectación al principio de congruencia que plantearon los represores porque durante el debate fue ampliada la acusación por hechos no incluidos en la acusación fiscal que dio inicio al juicio oral.
El punto que generó discordia y que los jueces votaron divididos, fue el de la calificación internacional de los crímenes. El primer voto fue de Alejandro Slokar, que sostuvo que el planteo sobre genocidio no afectaba a los recurrentes, dado que no causaba gravamen teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que fueron probados los crímenes, la responsabilidad y la imprescriptibilidad, lo que se sostiene tanto con la categoría de lesa humanidad como con la de genocidio.
Sin embargo, Slokar sostuvo la calificación de genocidio diciendo que toda agresión a los partidos políticos era una agresión al grupo nacional, a su liderazgo. Dijo que si los represores sabían que estaban participando en la destrucción de un grupo humano, era genocidio y, para los perpetradores, la nacionalidad era lo occidental y cristiano, y no lo que se le oponía. Hay genocidio cuando se destruyen los lazos sociales de autonomía y cooperación, para transformar relaciones sociales dijo Slokar, que agregó que en todo grupo afectado se encuentran motivos políticos y que excluir el genocidio por tratarse de grupos políticos implica erigir una discriminación negativa al negar el carácter de víctimas de genocidio a quienes fueron perseguidos por razones políticas.
Por su parte, Guillermo Yacobucci consideró que se trataba de crímenes de lesa humanidad y recordó que así acusó el fiscal. Dijo que los jueces que calificaron de genocidio (Carlos Rozanski y César Álvarez) incurrieron en una notoria confusión que derivó en arbitrariedad, porque hay que diferenciar entre las calificaciones que se realizan en medios públicos o en el debate político o sociológico, y el significado normativo que impone el principio de legalidad.
Dijo que resulta admisible en el plano social, político o periodístico calificar de genocidas a quienes cometieron actos de intensa crueldad, porque expresa el disvalor de esos delitos que afectaron derechos fundamentales y valores esenciales de la humanidad. Pero es inadmisible en el plano normativo porque se pondría en trance un concepto elaborado por juristas durante casi un siglo, creando inseguridad al banalizar los conceptos y poniendo en crisis el principio de legalidad y las nociones del derecho internacional.
Los tratados deben interpretarse de buena fe, dijo Yacobucci, y los jueces están llamados a respetar la consolidación de los términos jurídicos, especialmente cuando se trata de describir un crimen con sus componentes específicos, cuestión que demandó una serie de debates a lo largo de los años.
El último en votar fue Carlos Mahiques, que compartió la opinión de Yacobucci sobre genocidio.
En mi libro “Rouge – una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura” trato brevemente esta cuestión. Y digo brevemente porque estoy convencido de que lo principal es el juzgamiento y la condena de los responsables. El debate sobre genocidio o lesa humanidad pertenece a quienes hemos trabajado en los juicios representando a sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los represores y sus compinches no quieren saber nada con ninguna de las dos calificaciones.
Creo que a partir de nuestra experiencia, la Argentina tiene el deber ético y político de impulsar la modificación de la Convención Internacional sobre Genocidio para que incluya a los grupos políticos, y que es aceptable que en los ámbitos periodísticos, políticos, sociales, sociológicos y académicos, se considere al caso argentino como genocidio. Por el contrario, no comparto pedir a los jueces que desconozcan el principio de legalidad, que no se atengan a lo que dice la ley, sobre todo cuando esa ley tiene implicancias en lo criminal y porque los jueces forman parte del brazo represivo estatal, que hoy, por fuerza de la lucha constante y no por conciencia o compromiso, intervienen en estos juicios.
Los argumentos para sostener el genocidio (destruir lazos y transformar relaciones sociales) también se aplican a los crímenes de lesa humanidad y, además, dado que en el caso argentino se persiguió a integrantes de organizaciones políticas y personas a ellas vinculadas, sostener la figura de genocidio en el ámbito judicial lleva inevitablemente a diluir lo político para sostener lo nacional, lo cual no sólo es, en mi opinión, una equivocación en términos jurídicos/judiciales, sino una visión política desacertada, porque lo que debe ponerse en primer plano es la militancia política y no cuánto afecta al grupo nacional. De lo contrario, volveremos a los primeros años posteriores a la dictadura en los que los sobrevivientes debieron invisibilizar sus pertenencias políticas, como quería el sistema, y no sólo el judicial.
Que la persecución a grupos étnicos, religiosos o nacionales tiene un componente político, no cabe ninguna duda. Lo que creo desacertado es pensar que porque ello es así, los grupos políticos deben ser invisibilizados en un grupo más vasto, como es el nacional, sobre todo cuando no les importó la nacionalidad -de hecho, secuestraron, mataron y desaparecieron a personas de otras nacionalidades- y prueba de ello es la operación Cóndor, el acuerdo entre dictaduras para perseguir y eliminar a opositores políticos, integrantes de organizaciones políticas claramente definidas como enemigas de esas dictaduras, sin importar la nacionalidad. Por otra parte, hablar de discriminación negativa o de desigualdad ante la ley no hace más que reconocer que la persecución fue a grupos políticos.
Se dice que los grupos políticos no tienen la estabilidad de los nacionales. Puede ser. Pero quienes pensamos que se debe estar con los trabajadores, con los más vulnerables, con los desposeídos, sabemos que con los compañeros vamos hasta el fin de los días, no importa de dónde vengan; mientras que con muchos argentinos no hacemos ni media cuadra.
/RambleTamble. Escrito por Rodolfo Yanzón.

Actualidad
Tres menores intoxicados con monóxido de carbono fueron internados y abandonados por su padre

Tres menores terminaron en el Hospital de Caucete tras intoxicarse con monóxido de carbono y ser abandonados por su padre.
Una familia de Caucete casi vivió una tragedia en el barrio Pie de Palo, cuando tres menores de edad fueron internados de urgencia en el Hospital César Aguilar por una intoxicación con monóxido de carbono. Aunque lo más llamativo del caso fue que su padre los dejó en la puerta del nosocomio y se fue nuevamente a su domicilio.
Los niños, que se encontraban durmiendo al momento del incidente, fueron afectados por una fuga de gas en su vivienda. Según confirmaron fuentes médicas, los menores llegaron al nosocomio con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido. Tras ser estabilizados, se constató que su estado de salud es bueno y están fuera de peligro. Permanecen en observación por precaución.
Lo que llamó la atención del personal del hospital fue la actitud del padre de los niños. El hombre los dejó en la guardia y se retiró rápidamente, sin esperar parte médico ni brindar mayores explicaciones. Ante su prolongada ausencia, las autoridades decidieron acudir a su domicilio, ubicado también en el barrio Pie de Palo, donde fue finalmente localizado.
La familia Castillo, residente de esa zona, habría estado utilizando un artefacto a gas en condiciones precarias. Las primeras pericias apuntan a una fuga que se habría producido mientras los menores dormían la siesta, generando la acumulación del gas tóxico.
/DH
Sociedad Actualidad
Conmoción en Tribunales: la madre de Lucía Rubiño tomó la palabra

En una audiencia decisiva para el futuro de Juan Pablo Echegaray, imputado por la muerte de Lucía Rubiño, Belén Montilla, madre de la víctima, irrumpió en la sala con un emotivo mensaje en defensa de su hija.
Este miércoles, en una audiencia crucial para definir el futuro judicial de Juan Pablo Echegaray, imputado por la muerte de Lucía Rubiño, la madre de la joven, Belén Montilla, irrumpió en la sala con un mensaje directo y conmovedor.
La mujer, visiblemente afectada, rompió el silencio y pidió el micrófono para expresar su dolor y rechazo ante la situación que se vivía en la Sala 9, relacionada con la posible resolución sobre el destino del acusado. La intervención de Montilla fue autorizada por el juez, quien permitió que la madre tomara la palabra ante la atenta mirada de todos los presentes.

La madre de Lucía expresó con firmeza y visiblemente conmovida que no estaba dispuesta a permitir que se pusiera en duda la conducta de su hija, quien —según explicó— se encontraba en la vereda mientras esperaba que su madre la pasara a buscar. Señaló también que hablaba no solo como madre de Lucía, sino también como madre de las amigas que frecuentaban su casa los fines de semana.
Ante todo, Montilla pidió respeto por la memoria de su hija y aseguró que seguirá luchando por ella.
La audiencia comenzó pasadas las 16 horas de este miércoles y se espera que, se defina el futuro del imputado, en medio de un contexto que generó gran conmoción en la comunidad.

Mientras tanto, afuera del edificio de Tribunales, un numeroso grupo de sanjuaninos se congregó para acompañar a la familia Rubiño. Con bombos, carteles y cánticos, los manifestantes expresaron su firme pedido de justicia, aguardando expectantes la resolución judicial que podría cambiar el curso de este doloroso caso.
/LPSJ
Actualidad
Crece el escándalo del PAMI: compras sin licitación, sobreprecios y «débitos automáticos»

Por fuera de los aportes que se exigían a empleados, se esconde una trama de negocios mucho mayor que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian exautoridades del organismo. Los prestadores advierten que el sistema está al límite.
Una interna a cielo abierto del Gobierno posó todas las miradas sobre el funcionamiento del PAMI. Por fuera de los auto denunciados aportes de funcionarios y empleados regionales a la caja política, se esconde una trama de negocios mucho mayor que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian exautoridades del organismo. Los prestadores advierten que las irregularidades se multiplicaron en los últimos meses, que sufren “débitos automáticos” y que la ecuación de sus empresas está al límite.
El pasado 30 de abril el PAMI publicó en sus redes oficiales un comunicado en el que afirma que “las delegaciones no serán más una caja negra de la política”. El texto pone el foco sobre las oficinas territoriales, pero exfuncionarios advierten que las decisiones se toman desde la sede central y apuntan a dos nombres: Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, número uno y dos del organismo.
pedido de aportes a empleados públicos para financiar a La Libertad Avanza, hay una trama de negocios mucho más importantes que incluye compras sin licitación, proveedores recurrentes y sobreprecios. Todo se hace con el argumento de la urgencia porque los pacientes corren riesgo: se llama la “vía de excepción”.
“Cuando llegamos nos sorprendió que había muchísimos trámites de este tipo”, contó a este medio el exrepresentante de una sede del organismo en territorio bonaerense y siguió: “Como soy médico, después de un tiempo me puse a revisar algunos casos y me di cuenta que en la mayoría no había riesgo de vida”.
La fuente consultada por Ámbito dijo que “al tratarse de supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%”. Un punto de inflexión se dio cuando el médico encontró un pedido de biopsia para un tumor benigno. Al no haber urgencia, rechazó el mecanismo y revisó las solicitudes: “Pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal”, remarcó.
“Todo se arreglaba en PAMI central”
La exfuncionaria del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, presentó una denuncia ante la Justicia por este y otros mecanismos de defraudación. “Nosotros lo único que teníamos que hacer era firmar, pero todo se arregla en PAMI central”, dijo en diálogo con C5N. Sobre este punto remarcó: “Había sobreprecios en todo, en las prótesis, en los marcapasos, en los traslados, todo se justificaba con el riesgo de vida”.
En Caleta Olivia también denunciaron un mecanismo de recaudación. “Le pidieron el 10% a una médica, viajé a Buenos Aires, estuve hablando con Esteban Leguizamo antes de realizar la denuncia, le comenté sobre esta situación y él me dijo que no se podía hacer nada porque estas cosas se definen políticamente”, dijo Sergio Torres extitular del PAMI en esa localidad.
Torres también señaló que las vías de excepción se manejaban desde la sede central con discrecionalidad: “Cuando vuelvo a Santa Cruz pasó a estar frizado y eso me ocasionó problemas en el día a día porque las autorizaciones, solamente las puede aprobar Leguizamo”, dijo en una entrevista con Radio con Vos
Débitos automáticos y crisis de prestadores
Mientras se multiplican las denuncias, los prestadores aseguran que el sistema está en crisis. “La demanda es incontenible, son millones de jubilados que no tienen suficiente oferta y te llenan la agenda, eso estaría bien si se actualizaran los honorarios de acuerdo a la inflación, pero en el último año no paramos de perder, el último aumento de la consulta fue de $270”, dijo el titular de un centro de salud que atiende a 3.500 pacientes por mes.
El y otros empresarios del Gran Buenos Aires denuncian que desde hace meses el PAMI les hace retenciones indebidas. “Son débitos automáticos con conceptos absurdos, así te retienen el 10% de toda la facturación y se repite en cada período con débitos gemelos, es increíble”, explicó una de las fuentes consultadas.
Ámbito accedió a la documentación en la que se repite el concepto «prácticas excluyentes», sobre una serie de renglones de facturación, sin más explicación. Según los prestadores, con esta retención del 10% la rentabilidad está al límite y por eso priorizarán atender a otras obras sociales: “No hay plata para los jubilados, no hay plata para los médicos, que les pagan $6.800 pesos la consulta, están tomando al PAMI como una caja política”, concluyó el empresario bonaerense.

/ámbito
-
San Juan / Ciencia & Ambiente / Política & Economía 1 mes ago
Renuncia el subsecretario de Conservación de Medio Ambiente
-
Sociedad / Sucesos 2 meses ago
Grave accidente en Caucete: un auto chocó contra un pilar, una persona murió y hay otra en estado delicado
-
San Juan / Ahora Eco 1 mes ago
Hay alerta amarilla por viento en un departamento de San Juan
-
San Juan / Ahora Eco 1 mes ago
Alerta amarilla en San Juan: anuncian vientos fuertes para el fin de semana
-
Actualidad 2 meses ago
Un joven casi muere luego de una brutal golpiza a la salida de un boliche
-
Sociedad 1 mes ago
Cierra un histórico local del centro y hay largas filas para comprar lo que rematan
-
Sociedad 1 mes ago
Horror en Caucete: encontraron un perro enterrado vivo cerca de un cementerio
-
Actualidad 2 meses ago
Accidente en Rivadavia: una pareja quedó internada tras un choque