Sociedad Sucesos
Cinco represores condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco de los seis acusados en el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos contra militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Los jerarcas de Inteligencia del Ejército Luis Angel Firpo, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri y Marcelo Cinto Courteaux fueron hallados culpables de secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 94 personas entre 1979 y 1981.
Para los cinco, ésta es su primera condena por crímenes a los derechos humanos. Previo chequeos médicos, los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morgese los mandaron a cumplir sentencia en cárcel común.
Jorge Apa, el sexto acusado, quedó fuera de la lectura del veredicto por problemas de salud mental que el TOF confirmará tras los estudios que ya ordenó. Ayer a última hora, el defensor del acusado solicitó la suspensión del proceso junto con un certificado médico que decía, escuetamente, que sufría “deterioro cognitivo progresivo”. A pesar de las quejas de la Fiscalía y las querellas, el TOF decidió dejarlo afuera de la audiencia de fallo y abrir un período de diez días en los que hará que el Cuerpo Médico Forense lo analice y chequee su estado de salud mental.
Tal como lo afirmó el periodista Fernando Tebele durante la transmisión en vivo del proceso judicial que hace el medio comunitario La Retaguardia, “se llenó la sala virtual”. Casi mil usuarios se unieron a la transmisión del tribunal para escuchar la sentencia vía teleconferencia.
El fallo llegó luego de 77 audiencias, dos años y dos meses de debate, de las que apenas poco más de la mitad alcanzaron a ser presenciales producto de la pandemia de Coronavirus.
Una comunidad para la muerte.
“Fueron una empresa criminal, actuaron codo a codo. Fueron la comunidad para la muerte”, definió la fiscal Gabriela Sosti sobre el grupo de jerarcas de Inteligencia enjuiciado y condenado.
Todos fueron militares con altos mandos en áreas de Inteligencia del Ejército, del Batallón 601, del 201 y del G2 del Comando de Instituto Militares.
Eduardo Ascheri y Jorge Bano se desempeñaron como jefes en el Departamento de Inteligencia (G2) del Comando Institutos Militares. El primero dirigió la División Planes; el segundo, la de Operaciones. Marcelo Cinto Courteaux fue jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia.
Roberto Dambrosi estuvo a cargo de la Compañía de actividades psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia en tanto que Luis Angel Firpo comandó la central Contrainteligencia y también la división Seguridad.
Jorge Apa, quien quedó fuera de esta lectura y será analizado durante los próximos diez días, fue jefe de la división Inteligencia Subversiva Terrorista, que funcionaba dentro del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.
Los cinco fueron condenados por secuestros, torturas y, en muchos casos, homicidios, de militantes que entre 1979 y 1981, se organizaron desde el exilio para regresar al país e intentar ponerle un fin a la dictadura.
De 94 casos de secuestros y torturas que fueron analizados en el juicio, 12 culminaron en homicidios; otros 70 en desapariciones; el resto en supervivencia. La mayoría de las víctimas pasaron por centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo.


A 11 años de la denuncia sobre el ocultamiento de los maltratos y las muertes de niños en albergues católicos para madres y embarazadas no casadas, Irlanda se prepara para desenterrar a las víctimas.
Este lunes en Irlanda comenzaron los preparativos para exhumar 796 niños y bebés de una fosa común descubierta hace más de 10 años en donde funcionaba un antiguo albergue religioso para madres solteras y embarazadas no casadas cerca de Dublin.
Los desentierros comenzarán a realizarse desde el próximo mes de julio, pero el tema ya tiene más de 10 años en la agenda pública local. Es que en 2014 la historiadora irlandesa Catherine Corless comprobó que muchos niños (desde recién nacidos hasta los 9 años) fallecieron en el albergue religioso Santa María del Buen Socorro de Tuam, en la ciudad de Galway, a 200 kilómetros de la capital del país europeo.
La búsqueda comenzada por Corless certificó que los cuerpos habían sido enterrados en la antigua fosa séptica de la institución. A pesar de la destrucción en 1972 de este espacio que trabajaba con madres embarazadas no casadas, la fosa séptica se mantuvo intacta en las últimas décadas.
Los primeros datos
Luego de la alarma encendida por la historiadora, se encontraron restos de bebés humanos allí entre 2016 y 2017. Por este motivo el gobierno irlandés llamó a la creación de una comisión nacional de investigación que develara los maltratos contra las madres y sus niños causados en estos hogares.
Los resultados de la comisión fueron expuestos en 2021 y destacaron que había niveles «alarmantes» de mortalidad infantil en este tipo de albergues. Estas instituciones existieron en Irlanda desde 1922 a 1998, por ellas pasaron 56 mil mujeres y 57 mil niños y fallecieron 9000 chicos.
Las mujeres embarazadas por fuera del matrimonio eran enviadas a estos hogares por pedido del Estado nacional irlandés y de la Iglesia Católica, que eran los mismos que gestionaban estos espacios. En estos lugares las mujeres daban a luz a sus hijos y luego eran separadas de ellos, quienes finalmente eran dados en adopción.
«Cuando comencé este proyecto nadie me quería escuchar. Suplicaba: saquen a los bebés de estas cañerías, hay que ofrecerles el entierro cristiano digno que se les negó» explicaba Corless, la historiadora irlandesa de 71 años.
La historia del terror irlandés
El lugar sobre el que Catherine Corless encontró los cientos de certificados de defunción era llamado «El Hogar», fue dirigido desde 1926 hasta 1961 por las monjas de la hermandad Bon Secours y pretendía recibir a las madres solteras que necesitaran ayuda.
Sin embargo, la historiadora argumentaba ya en 2014, año en que comenzó a descubrirse esta verdad, que el gobierno de Irlanda ocultaba al menos 4000 certificados de defunción de los bebés que pasaron por este albergue y que fueron enterrados en fosas sin identificar. Si bien se habían descubierto restos humanos en ese lugar en 1975, no fue hasta la denuncia de Corless que se relacionaron ambos hechos.
En los documentos a los que accedió la historiadora ya se advertía que la mayor parte de la mortalidad infantil encontrada había ocurrido por tuberculosis, infecciones, partos prematuros y defectos de nacimiento. Sin embargo, una inspección gubernamental de 1944 ya había destacado la malnutrición en varios de los 271 chicos que habitaban el lugar junto a sus 61 madres solteras.
Además, cabe aclarar que estos no habrían sido los únicos maltratos que tuvieron lugar en estos centros religiosos. Algunas monjas emprendieron un camino de negocios privados, como el de las Lavanderías de la Magdalena, que funcionaron entre 1922 y 1996, donde varias mujeres padecieron un régimen de semiesclavitud y abusos.
Un informe oficial del 2013, año anterior al de los primeros descubrimientos de Corless, indicaba que las principales causas por las que las madres solteras acudían a estos lugares eran el rechazo de padres adoptivos, abusos familiares, deficiencias físicas o psíquicas, actitudes «inmorales», pobreza y orfandad.
Si bien en su momento los líderes religiosos de Galway negaron conocer lo sucedido y se comprometieron a recaudar fondos para homenajear a los 796 bebés fallecidos con un monumento, el único que fue certero en sus dichos había sido el arzobispo de Dublin, Diarmuid Martin.
El responsable de la arquidiócesis de Dublin advirtió que “si no se establece una investigación sobre las cuestiones de gran preocupación que rodean este asunto, será importante que se desarrolle un proyecto de historia social que ofrezca una imagen precisa del papel desempeñado por esas casas de acogida”.
/P12

Un avión de pasajeros se estrelló en una zona residencial cercana al aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad en la India, informó el portal de noticias ‘ABP’. De acuerdo con autoridades locales, unos 242 pasajeros estaban a bordo. Según reportes, más de 100 personas se fallecieron.
El Boeing 787 Dreamliner siniestrado llevaba más de 200 personas a bordo, reportó la cadena NDTV. El avión, que supuestamente pertenece a la compañía Air India, realizaba un vuelo de Ahmedabad a Londres, pero se estrelló durante el despegue, detalló.
Según datos preliminares, al menos 133 personas murieron en el accidente aéreo. Hay sobrevivientes del accidente, informa el canal NDTV, publicando videos de las víctimas llegando al hospital.
Ente las víctimas mortales podrían estar más de 20 estudiantes, ya que la aeronave cayó sobre el techo de una residencia para médicos, precisa la agencia de noticias ANI.
«Se cree que más de 20 estudiantes murieron en un accidente aéreo en Ahmedabad. El avión se estrelló contra el edificio de la residencia de la Facultad de Medicina BJ», escribe la publicación.
Las autoridades de aviación indias confirmaron que 242 personas, entre ellas dos pilotos y 10 miembros de la tripulación, se encontraban a bordo. Los pilotos hicieron una llamada de auxilio al control aéreo, poco después del despegue, indicaron.
«Había un total de 242 personas a bordo del avión, incluidos dos pilotos y 10 miembros de la tripulación. El vuelo estaba comandado por el capitán Sumeet Sabharwal y el primer oficial Clive Kundar. El capitán Sumeet Sabharwal es teniente coronel, con 8.200 horas de vuelo. El copiloto tenía 1.100 horas de vuelo», informaron.
Mientras tanto, la empresa Air India confirmó que la aeronave accidentada le pertenece. A bordo del avión viajaban 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, detalló la aerolínea.
La señal del avión estrellado desapareció «menos de un minuto» después del despegue, precisa el portal Flightradar24.
/Sputnik
Sociedad Sucesos
Picada mortal de Ruta 40: las cámaras del CISEM muestran la carrera ilegal y cómo pasa en rojo la conductora del auto

La mujer que chocó con el motociclista Máximo Tanten, Natalia Colquer, será investigada por homicidio culposo agravado. Mientras que el otro motorista, Ezequiel Garay, por realizar picadas ilegales con la víctima fatal.
Un vídeo de las cámaras del CISEM confirma lo que los investigadores venían sospechando de la tragedia en calle Mendoza y calle 10 en Pocito. Esta tragedia ocurrió en medio de una picada ilegal. Dos personas quedaron en la mira de la Justicia: Natalia Colquer por el delito de homicidio culposo agravado por pasar en rojo. Mientras que, Ezequiel Garay, por hacer picadas ilegales.
Además de confirmar que se hacía una carrera ilegal, las cámaras también muestran que Colquer (conductora del Honda Fit) pasa el semáforo en rojo, es decir, que paso en un momento que no debía hacerlo.
/SJ8
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