La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez comenzará a ser juzgada este lunes por su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019, tras la renuncia obligada de Evo Morales, en un proceso virtual que también alcanza a varios militares que estaban entonces al mando de las fuerzas armadas, y que dividió a la clase dirigente local.

El juicio es el que la prensa boliviana llama “caso Golpe de Estado II”, y es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y la Fiscalía pretende una condena de 10 años de prisión.

Detenida desde hace justo un año, Áñez será juzgada por asumir de manera ilegal la Presidencia del Senado, lo que después le permitió acceder al poder, el 12 de noviembre de 2019, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debate, según la Fiscalía.

La causa está impulsada por el Ministerio de Justicia, lo que mereció denuncias de parte de la defensa de la exmandataria, que considera que el caso tiene una sentencia ya prescrita.

En el juicio se analizarán también las conductas de Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y del excomandante de la Policía Yuri Calderón, aunque éste y Kaliman están prófugos.

Los excomandantes Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, de la Fuerza Aérea y la Armada, respectivamente, que también estaban acusados, se acogieron a un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad y recibieron una condena de tres años de cárcel.

Ese paso de estos dos exmilitares parece jugarle en contra a Áñez, porque deja asentado que hubo delito, un punto sobre el que el constitucionalista Israel Quino no duda.

“Un elemento transversal del caso es la confesión delictiva de militares que aceptaron culpabilidad de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Esto agrava la situación de Áñez”, evaluó el exdelegado adjunto para la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo en declaraciones a Télam.

El proceso constituye una nueva división entre oficialismo y oposición: el Gobierno no solo respalda el juicio sino que varios legisladores aportaron documentación, y, en cambio, defienden a Áñez los opositores Creemos, Comunidad Ciudadana y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), encabezado por dirigentes cívicos anti-Morales.

El juicio a Áñez no pudo ser abierto formalmente el 10 de febrero por observaciones de forma de la defensa, se instaló el viernes 18 para esa asunción de culpa de Terceros y Jarjury, y se fijó después el lunes 28 como fecha de inicio.

En el medio, Áñez presentó un nuevo recurso en procura de anular el proceso o cambiar su detención preventiva por arresto domiciliario –iniciativa que fracasó- y llevó adelante una huelga de hambre de casi dos semanas, que levantó por pedido de sus familiares.

La exsenadora está cumpliendo dos arrestos preventivos, dictados separadamente por cada uno de los procesos en que fue dividida la demanda original por el golpe.

Este caso “golpe de Estado II” se complementa con otro por sedición, terrorismo y conspiración, todavía en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales. Esa es la causa “golpe de Estado I”.

“Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo, con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión”, aseveró en su última carta pública la exmandataria, de 59 años, que gobernó entre 2019 y 2020. Firmó esa misiva como “presa política”.

Áñez asumió la jefatura del Estado tras la renuncia obligada de Morales, en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que después se comprobó inexistente.

Como en el documento de apertura del juicio se menciona a Áñez como expresidenta “de facto” e “inconstitucional”, su abogado Luis Guillén consideró que se trata de una “presentencia”.

Guillén también protestó por el hecho de que el proceso no sea presencial y anunció una nueva presentación sobre el punto, que el tribunal deberá resolver el mismo lunes.

“No podemos permitir que la exmandataria sea juzgada detrás de una cámara sin escuchar lo que está sucediendo, sin tener contacto con sus abogados. Esto vulnera el derecho a la defensa”, alertó.

Existe un punto en debate en el proceso: para Guillén, no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una expresidenta, cuya tarea merece –por mandato constitucional- un juicio de responsabilidades en el Congreso.

Pero la Fiscalía, los legisladores y hasta el mismo Gobierno de Luis Arce argumentan que se juzgan acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.

El analista Paul Coca discrepa con este enfoque: “Debe ser juzgada en juicio de responsabilidades, porque en Bolivia está establecido eso, como se hizo con el dictador (Luis) García Mesa”.

Docente de la Universidad Privada Domingo Savio, Coca también advirtió, en declaraciones a Télam, que “un segundo punto de polémica es el de la atención médica, porque es un derecho constitucional, y hasta el mismo García Mesa, condenado a 30 años sin derecho a indulto -la pena máxima en Bolivia- podía salir a hacerse atender”.

Finalmente, Coca lamentó que “el juicio aparezca ´manchado’ porque tanto la CIDH como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijeron que la administración de justicia está absolutamente mal, politizada y partidizada”.

En declaraciones a Télam, Quino apuntó precisamente a esa cuestión: “La forma en que debe ser juzgada, sea en audiencias presenciales o virtuales, son válidas. Lo importante es que el tribunal respete la presunción de inocencia en su triple dimensión -como derecho, principio y garantía- y actúe con la mayor objetividad y transparencia”.

Para Quino, que también es periodista, como el Código Penal establece que “todo servidor que dicte, emita resoluciones u órdenes arbitrarias y manifiestamente contrarias a la Constitución será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años”, Áñez aparece comprometida por demás.

“Si se considera el hecho en sí, que se materializó en la acusación del Ministerio Público, ella el 12 de noviembre, dijo: ‘asumo de inmediato la presidencia’, en un manifiesto público. Eso no es otra cosa que una autoproclamación. Es un delito propio, que solo recae en la persona de ella, como exservidora pública”, analizó.

En parte por los señalamientos sobre la justicia local, el país firmó en febrero pasado un acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos referido al “protocolo para la observación de procesos judiciales”, por lo que el juicio a Áñez tendrá “observación y seguimiento de los organismos internacionales de derechos humanos”, según destacó en su momento la cartera de Justicia.

Además de las acusaciones agrupadas en las dos causas, “golpe de Estado I” y “golpe de Estado II”, Áñez es también señalada por su responsabilidad las llamadas masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de una treintena de muertos y cientos de heridos.

Pero estos casos, considerados de lesa humanidad, sí serán analizados por el Congreso, que debe decidir si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.