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Política & Economía Nacional

Atentado a la AMIA: El Estado reconoció su responsabilidad por la impunidad.

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Diana Wassner y Adriana Reisfeld llevan 28 años buscando saber quién, por qué y cómo voló la AMIA. Este viernes subieron el último escalón que les quedaba en esa larga búsqueda después de no obtener verdad y justicia en el país. A través de sus abogados, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que condene al Estado argentino, que admitió como válidas todas las injusticias que la agrupación Memoria Activa denunció. “El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso AMIA”, reconoció Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia. La condena podría conocerse en los próximos tres meses, pero los integrantes del tribunal regional le encomendaron al Estado argentino que efectivice mientras tanto medidas concretas que puedan servir como modo de reparación a las víctimas.

No hay lugar en donde Diana y Adriana no se hayan metido para buscar saber qué pasó el 18 de julio de 1994, cuando una de ellas perdió a su marido y otra, a su hermana. Estuvieron en una oficina de Migraciones buscando fichas de ingresos al país mientras palomas las sobrevolaban dentro del edificio. En 2015 fueron a conocer el lugar donde estaban arrumbados los archivos de inteligencia sobre el peor atentado terrorista del país. Los encontraron con 40 centímetros de agua, entre cucarachas y ratas. Esos fueron algunos de los relatos que en estos últimos dos días oyeron de boca de referentes de Memoria Activa los integrantes de la Corte-IDH que se reunieron en Uruguay.

Los miembros del tribunal regional también escucharon que el juez que debía investigar el ataque –Juan José Galeano– terminó inculpando a inocentes y después terminó siendo enjuiciado por desviar la investigación. Lo mismo sucedió con los fiscales que lo acompañaban en la pesquisa. Condenados en 2019, esa sentencia aún no fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal –que recién fijó audiencia para el 17 de noviembre próximo–. Ahora, ya ni siquiera tienen contacto con los fiscales que llevan adelante la investigación y que quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA.

La representación del Estado argentino –encabezada por Javier Salgado, de la Cancillería, y por D’Alessandro, de la UEI-AMIA– no pudo más que decirles que les asistía la razón en cada uno de sus planteos. El reconocimiento fue fuerte. “El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso: por el armado de una acusación falsa, por la cooptación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación, por los plazos irrazonables de tramitación de actuaciones judiciales, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad, por la falta de construcción de la memoria colectiva y, sobre todo, por la manipulación política de la causa al servicio de intereses –nacionales y extranjeros– inescrupulosos”, dijo la titular de la UEI-AMIA.

“Nos parece importante este reconocimiento”, respondió Diana Wassner. “Nos parecerá bien en el momento que se traduzca en acciones concretas”, agregó la integrante de Memoria Activa.

Hasta el 15 de noviembre próximo, el Estado argentino tendrá oportunidad de contestar los alegatos por escrito. Lo mismo harán Memoria Activa y el CELS. Se espera que para principios del año próximo haya una sentencia. Sin embargo, el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez Manrique, le pidió al Estado argentino que avance con algunas medidas que signifiquen un avance en el camino de verdad y justicia que reclaman los peticionarios. Entre otras cuestiones, el juez le encomendó al Ejecutivo que operacionalice el decreto del presidente Alberto Fernández de 2020 que desclasifica información considerada secreta vinculada al atentado. Para eso, deberá convocarse a una mesa de trabajo por parte de las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de la Jefatura de Gabinete. Además, Pérez Manrique pidió que el Estado centralice toda la documentación disponible sobre el atentado, que –créase o no– aun no se ha hecho 28 años después del ataque a la mutual de la calle Pasteur.

Fiscalía fantasma

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) funciona como una fiscalía cuando un caso se lleva ante la Corte, es decir, toma un rol acusador. En su exposición, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, reclamó: “Resulta urgente que el Estado argentino revise la integración de la UFI-AMIA”. Para la comisionada, la urgencia pasa por dos cuestiones básicas: la nueva conducción de la Unidad –encabezada por los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda– no recibe a las víctimas reunidas en Memoria Activa ni les informa cuáles son sus líneas de investigación o cuáles son sus avances.

Durante la jornada del jueves, Adriana Reisfeld había catalogado a la unidad que supo estar más de diez años a cargo de Alberto Nisman como una “fiscalía fantasma”. En la Procuración –a cargo del interino Eduardo Casal– por el momento no acusan recibo. El Ministerio Público Fiscal es una de las deudas del gobierno, que no logró nombrar a un titular en el cargo que quedó vacante después de que Alejandra Gils Carbó fuera forzada a renunciar.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, alegó en representación de Memoria Activa. “El Estado argentino, tanto con acciones como con desidias, nos privó a todos de la verdad histórica”, dijo la abogada.

El reclamo de Memoria Activa estuvo centrado en que se sabe poco y nada del atentado y que, para eso, es necesario acceder a los archivos. Desde la agrupación también reclamaron que se reforme la Ley de Inteligencia –una iniciativa que el Presidente anunció en marzo pasado–, que se cree una agencia de investigaciones federales y que se conforme un archivo histórico. Parte de lo que se demanda también tiene que ver con lo que la causa AMIA fue la demostración cabal –las relaciones espurias entre espías y jueces–. Memoria Activa y el CELS reclaman que se regule cómo se incorpora información de inteligencia a un expediente judicial.

“El reconocimiento fue muy importante porque el Estado argentino nos dio la razón en todas las violaciones que planteamos”, evaluó Litvachky después de la audiencia. “El caso AMIA debe pasar a ser un tema importante para el Estado en general -amplió-. Las medidas que le reclamó la Corte-IDH son fundamentales porque van al corazón de la discusión sobre el funcionamiento de la Justicia argentina, su relación con los servicios de inteligencia y el acceso a la información.

/Página12.

Política & Economía San Juan

Un nuevo operativo territorial llegó a más de 400 angaqueros

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La actividad interministerial se realizó en la Unión Vecinal del departamento. Tal como ya lo hizo en otros operativos, el gobernador Marcelo Orrego, recorrió el lugar para hablar con la gente.

Durante este lunes 29 de abril, se llevó a cabo un nuevo operativo territorial organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en Angaco.

Esta iniciativa, que ya se realizó en otros departamentos, tiene que ver con poner en práctica estrategias en materia de derechos permiten una mayor inserción, colaboración y satisfacción de las comunidades alejadas, demostrando que es posible ofrecer servicios efectivos en cualquier lugar.

En este marco, el gobernador Marcelo Orrego dijo: “Fue una jornada muy nutrida. Estuve escuchando las distintas situaciones de la gente y eso es lo importante, estar cerca. Una vez más el Centro Cívico llegó a otro departamento de la provincia”.

Cabe destacar que los Operativos Integrales son una herramienta que busca llevar el estado provincial con sus distintos ministerios y áreas a distintas zonas de la provincia. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano es que se impulsaron los operativos en conjuntos con los demás ministerios para delinear acciones para poder brindar soluciones a las distintas comunidades sobre todo las alejadas.

Estuvieron además, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, el intendente de Angaco, José Castro; la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez; directora de emergencias y políticas alimentarias, Cristina Cardozo.

@SiSanJuan.

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Política & Economía Nacional

Nuevo aumento de combustibles en mayo: cuánto costaría el litro de nafta

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Se espera que el litro de nafta tenga un aumento de $70 en el surtidor. ¿Cuánto aumentó la nafta desde que asumió Javier Milei?

El Gobierno de Javier Milei tiene previsto implementar desde mayo el último tramo del aumento al impuesto a los combustibles. Se espera que el incremento en el tributo sea de $70, cifra que llevaría el impuesto a los $202 por litro. Si ese aumento se traslada por completo al precio final, habrá una suba cercana al 8% en el surtidor.

Actualmente, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor de $837. Bajo el supuesto de que la actualización del tributo se traslade por completo al precio final, el litro de nafta subiría a los $907, es decir, un aumento del 8,3%, precisaron desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En el resto del país, las subas también se van a aplicar, pero sobre valores más altos.

Con el aumento de mayo se termina de incorporar la inflación de 2023 al impuesto que estuvo congelado desde el segundo semestre del 2021 hasta finales del 2022.

Luego, a principios de julio, está previsto que las actualizaciones comiencen a ser trimestrales. En ese caso, se tomaría el dato de inflación difundido por el Indec correspondiente al primer trimestre 2024. De implementarse este esquema de aumentos, el 1 de julio el impuesto a los combustibles subiría otro 51,6%.

El DNU de Milei que aumentó el impuesto a la nafta

En el decreto 107/24, el Gobierno estableció una actualización gradual al impuesto a los combustibles, que se mantenía congelado desde junio de 2021. A comienzos de febrero, se actualizaron los impuestos con la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2021 y durante todo 2022.

En el caso de las naftas, el impuesto pasó de 26,06 a 61,15 pesos. En la Ciudad de Buenos Aires eso hubiese implicado, por ejemplo, que el litro de nafta súper trepara de 699 a 734 pesos, un 5%, pero la empresa terminó subiendo el precio un poco más llevándola a 744 pesos, probablemente para acompañar la suba del dólar oficial que se registró durante enero.

El decreto 107 fijó, además, el cronograma de actualización pendiente. La inflación registrada durante el primer y segundo trimestre de 2023 se trasladó el 1º de marzo, en tanto que la evolución del IPC en el tercer trimestre de ese mismo año se aplicó a partir del 1º de abril y la del último trimestre de 2023 a partir de mayo.

¿Cuánto aumentó la nafta desde que asumió Milei?

Luego de que Javier Milei fue electo presidente el pasado 19 de noviembre, las petroleras avanzaron rápidamente con una recomposición real de sus precios. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 25 de noviembre YPF ajustó el precio de la nafta Premium un 13%. El 8 de diciembre aplicó otro 26,3% y el 13 de diciembre un 37% más. El 3 de enero subió un 26% y el pasado 1 de febrero otro 6,5%, que incluyó una actualización impositiva. Finalmente, en marzo las naftas subieron un 7,5% y el 1 de abril un 4,6%. De este modo, en poco más de cuatro meses el litro de nafta Premium tuvo un 196% de aumento.

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Política & Economía Nacional

Ley Bases: cómo es la reforma laboral que se votará y cuáles son los cambios que propone.

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La ley Bases es el gran objetivo del Gobierno. En una maratónica sesión en Diputados, se votará el mega proyecto que en caso de aprobarse impactará en varios aspectos, entre ellos el del mundo del trabajo. Uno de los capítulos de la discusión gira en torno a la reforma laboral, punto de conflicto entre el oficialismo y la oposición.

La semana pasada, el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados garantizó el dictamen de mayoría para el tratamiento de la ley Bases en el recinto con un cambio en la reforma laboral: ¿cómo quedó este capítulo tras el debate en el Congreso?

Ley Bases: cómo es la reforma laboral que se votará en Diputados

Finalmente, el oficialismo incorporó al documento una reforma laboral distinta a la negociada y acordada con la Unión Cívica Radical (UCR), quien de todas formas dio su apoyo al texto en su totalidad.

En su Título V denominado “Modernización laboral“, la nueva ley Bases desarrolla la reforma de la legislación de trabajo con distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013.

Diputados debate la ley Bases.

Diputados debate la ley Bases.

NA

Aunque cuenta con puntos de contacto con el documento que presentó el radicalismo, constan con transformaciones que diputados del partido centenario defendían como necesarias e incluso habían conversado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada.

Ley bases: cuáles son los cambios de la reforma laboral

La iniciativa del radicalismo modificaba únicamente dos apartados del mercado laboral: las 20.744 y 24.013, mientras que derogaba el artículo 1 de la ley 25.323, una propuesta muy distante al capitulo IV del DNU 70/2023 que permanece en la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno de Javier Milei, en tanto, presentó una reforma laboral menos ambiciosa que la anterior. El capítulo laboral incluía cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

Tras la reunión en comisiones, el Título V denominado “Modernización laboral“, incluído en la nueva ley Bases, se transformó en una reforma de la legislación de trabajo de 17 artículos. El apartado contiene distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013.

Los diputados del radicalismo, por su parte, no ocultaron su decepción por la presencia de una iniciativa que desplaza a la suya. En su intervención, el legislador Lisandro Nieri (UCR – Mendoza) remarcó distintas cuestiones que habían proyectado y están ausentes en la nueva redacción: “Creemos que era una propuesta superadora el proyecto de ley presentado por la UCR“.

@Ámbito

/Fuente de imagen: Archivo Google

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