El gremio estatal denunció que el gobierno de Javier Milei evalúa dar de baja 65 mil contratos. «No vamos a tolerar una sola cesantía ilegal más», advirtió.

Frente a una posible nueva ola de despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió este lunes un nuevo paro con movilización a Plaza de Mayo para este jueves 26 de septiembre. El gremio presentó en la Justicia una medida cautelar para frenar las cesantías del gobierno de Javier Milei.

“El Gobierno que hace nueve meses nos declaró la guerra no pasa por su mejor momento, y nosotros tenemos que seguir golpeándolo. Tenemos que pasar de la resistencia al ataque para evitar nuevas cesantías masivas a fin de mes”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Y agregó: “No vamos a tolerar una sola cesantía ilegal más. Este Estado si todavía brinda servicios es gracias al esfuerzo y sacrificio casi sobrehumano de sus trabajadores a lo largo y a lo ancho del país”.

En una asamblea masiva, más de mil delegados votaron esta tarde en favor de la medida de fuerza que en la Ciudad contará con cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía y una olla popular frente a la Casa Rosada. En tanto que en cada una de las provincias definirá la modalidad que tendrán las protestas en sus distritos.

“Tenemos que seguir convocando a la máxima unidad de todos los sectores. Los estatales no nos vamos a salvar solos», dijo Aguiar y esbozó un paralelismo con lo ocurrido durante el gobierno de Cambiemos: «Macri perdió en las urnas porque antes había perdido en las calles. Es con movilización popular que tenemos que seguir construyendo la derrota de Milei y de su Gobierno”.

Despidos en el Estado: ATE se moviliza ante posibles nuevas cesantías

En las próximas horas se podrían definir el destino laboral de casi 65 mil personas que actualmente están bajo contrato en el Estado y que fueron renovados tan solo por tres meses. Desde ATE denunciaron que el Gobierno planea dar de baja dichos contratos este 30 de septiembre.

De acuerdo a cifras recabadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la caída del empleo asalariado en el sector público desde noviembre de 2023 es de 37.561 puestos de trabajo menos. El último informe del INDEC reveló que el desempleo subió al 7,6% en el segundo trimestre del corriente año.

El titular de ATE afirmó que en el Gobierno «no pueden disimular la pérdida de apoyo popular que ha tenido el Presidente y su gestión», la cual, según dijo, es en parte debido a las medidas gremiales que han tomado los estatales «incesantemente» desde el 10 de diciembre. Desde la asunción del libertario, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales que ya supera el 30%.

El recorte en la planta de estatales que lleva adelante la administración nacional podría verse profundizado si se traslada el ajuste a las provincias y municipios. La semana pasada, Milei le pidió a los gobernadores para que recorten u$s60 mil millones en sus distritos. Al respecto, Aguiar apuntó: “Luego de la presentación del Presupuesto 2025, no quedan dudas que el ajuste se profundizará en las provincias y los municipios. En esta oportunidad, la medida de fuerza debe tener carácter general y comprender a todos los ámbitos del Estado. Son centenares de miles los estatales provinciales y municipales empobrecidos en el último tiempo”.

ATE pidió a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público

Cabe recordar que a principio de mes, el gremio presentó una acción judicial para que se declaren inconstitucionales los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad en el sector público para impedir que el Gobierno pueda despedir incluso a los trabajadores de la planta permanente. En este marco, el Juzgado Nacional de 1era Instancia del Trabajo N°37 ya declaró su competencia para tratar el caso.

De acuerdo a un escrito al que accedió Ámbito, el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar denunció ante la Justicia Nacional del Trabajo la ilegalidad de la implementación de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002).

El gremio asegura que su aplicación afecta el derecho de estabilidad en el empleo público dado que se permiten los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional. “La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, aseguró Aguiar.

La aprobación definitiva del megaproyecto habilita al oficialismo a pasar a disponibilidad a un total de 125.000 trabajadores, según estimaron fuentes oficiales a este medio, quienes eventualmente podrían ser despedidos. Se trata de aquellos que actualmente forman parte de la planta permanente del Estado. El nuevo marco establece que un empleado puede entrar en el régimen si el organismo supera la “dotación óptima necesaria” de personal.

«El pase a disponibilidad automática, con la merma salarial que conlleva, la pérdida de derechos derivados de la relación laboral de empleo público, genera a los trabajadores y trabajadoras afectados un perjuicio grave e irreparable en virtud de que los mismos se ven privados de su trabajo y de sus ingresos, encontrándose imposibilitados de procurar el sustento de sus familias», denunció ATE en la presentación.

La CGT se sumará a la marcha universitaria

En medio de la escalada de conflicto gremial con el Gobierno, la CGT se sumará a la nueva marcha que las universidades realizarán el 2 de octubre próximo en rechazo del anuncio de Javier Milei de aplicación de un «veto total» a la ley de actualización del presupuesto universitario sancionada por el Senado. La central obrera anunciará su incorporación a esa movilización a través de una conferencia de prensa que se llevará a cabo el miércoles a las 16 en la sede de Azopardo 802, informaron fuentes sindicales.

Ante el anuncio de Milei, todavía no concretado, de vetar la norma sancionada el 13 de septiembre último, las organizaciones que integran la comunidad universitaria resolvieron concretar un paro los días 26 y 27 de este mes y una «marcha federal» al Congreso el 2 de octubre. El proyecto sancionado por el Senado obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.

Será la segunda marcha federal universitaria contra el Gobierno después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que estudiantes, docentes, gremios, legisladores y dirigentes de la oposición llevaron a cabo el 23 de abril último en rechazo al recorte presupuestario que había puesto en marcha la gestión de Milei, y que debió desactivar.

@Ámbito.