Ante la caída de los salarios —golpeados por una inflación del 104% interanual—, el Gobierno propone una reducción de la jornada de trabajo. La oposición rechaza la iniciativa e impulsa una flexibilización laboral para aliviar las cargas patronales y eliminar las indemnizaciones por despido. La visión de los protagonistas.

La situación del mercado laboral en Argentina pinta un particular cuadro de época: junto a un desempleo del 6,3% —el menor desde 2004— conviven salarios por el suelo. Frente al paradójico escenario, voces a uno y otro lado del espectro ideológico proponen soluciones diametralmente contrapuestas.

La idea de que el 2023 pueda resultar el sexto año consecutivo de caída de los ingresos de los asalariados —principalmente de los trabajadores informales— alarma al Gobierno peronista del Frente de Todos, que debió afrontar la pandemia, las consecuencias por el conflicto en Ucrania, las presiones del Fondo Monetario Internacional para negociar la deuda contraída por Mauricio Macri (2015-2019) y la sequía más dura del último siglo.

Las adversas condiciones externas no ocultan un dato incontrastable: el deterioro del poder adquisitivo ante una inflación que supera el 100% interanual coloca en una situación crítica a los más desprotegidos.

«Estamos en una situación muy complicada. En los últimos cinco años creció la situación de los trabajadores pobres, sobre todo de los informales: los ingresos de los trabajadores no registrados no paran de caer», indica a Sputnik Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Según el experto el escenario no es nuevo, pero sí se vió profundizado en el último lustro. «Venimos de una caída fuerte de los ingresos durante el Gobierno de Macri que no fue revertida por el de Alberto Fernández», señala.

De fondo asoma un fenómeno aún más preocupante: la creciente precarización laboral, que se refleja en que «entre asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia sin aportes patronales, casi la mitad de los trabajadores está en la informalidad«, explica Campos.

Lejos de ser atribuible a un único responsable, el fenómeno reviste un carácter estructural, ligado al estancamiento de la economía argentina en la última década, bajo tres presidentes de distinto signo político: «Desde el 2012 hubo un amesatamiento del empleo e incluso una destrucción neta de puestos de trabajo. El Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país está casi al 10% por debajo del de 2011, y eso influye mucho», remarca el investigador.

Mismo diagnóstico, soluciones opuestas

En esta particular coyuntura, Juntos por el Cambio —la coalición opositora que llevó a Macri a la presidencia— promueve una reforma laboral que impulse una flexibilización de la legislación.

«El escenario en Argentina es deprimente. El trabajo ya no se crea: hacerlo implica hipotecarse y una perspectiva sombría para el empleador. Se ha naturalizado la ‘industria del juicio’: el fuero laboral falla siempre en contra del empresario ante un despido, pero el principal perjudicado es el trabajador», advierte a Sputnik Alberto Assef, diputado nacional de la alianza e impulsor del proyecto.

«Hay que recuperar la cultura del trabajo y del empleo registrado. El empresario no es un ogro explotador al que hay que exprimir», sostiene el legislador.

Assef explica que la iniciativa apunta a una mera actualización de la ley a las nuevas condiciones del capitalismo contemporáneo: «Queremos modernizar el régimen laboral, que es arcaico. Hay que reemplazar la indemnización por despido por el seguro por desempleo. Es menos gravoso y más amigable para la inversión»

Como era de esperarse, la propuesta es resistida desde el sindicalismo. «La derecha quiere resolver esto quitando derechos y perjudicando a los trabajadores. Planean resolver la mala calidad de los empleos con más precarización», sostiene Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA, ante la consulta de Sputnik.

«Deberían poner un cartel que diga ‘bienvenidos al siglo XIX’. Quieren ir a una relación laboral casi feudal», denuncia el gremialista.

El eje central en torno al cual orbita la discusión obedece a la idea de la mencionada «industria del juicio» por despidos. «No hay ninguna estadística que muestre que los juicios laborales han aumentado en los últimos tiempos. Nunca existió eso que critican», afirma Yasky.

«Los trabajadores están en un grado total de indefensión: trabajan por salarios bajos y en empleos precarios. La flexibilización con la que ellos sueñan ya existe», destaca el diputado oficialista.

Concretamente, la propuesta de la oposición apunta a un régimen ya vigente en otros países: la prestación de una suma fija al empleado despedido para que durante seis meses busque otra ocupación. Si cumplido el plazo no consigue trabajo, pierde el seguro. «Eso genera que el trabajador no rechace cualquier propuesta. Necesitamos más libertad en la vinculación y desvinculación laboral», explica Assef.

Si bien las posibilidades de éxito de la iniciativa resultan cuestionables, el argumento central de quienes la impulsan apunta al supuesto fracaso de la normativa vigente: «Hoy lo que debería ser un mecanismo de protección para los trabajadores termina siendo una opresión: tanta legislación suprime su posibilidad de trabajar y ataca la generación de empleo, en lugar de resguardarlo», apunta el legislador opositor.

«Nada de lo que impulsemos va a ser favorable a que se incline la balanza en favor del empresario. Los trabajadores están sufriendo hoy, no con la idea que proponemos», sostiene Assef.

Abstraído de la confrontación, Campos remarca que las modificaciones en la normativa —independientemente de su dirección— no resultan suficientes para resolver la cuestión salarial.

«Es erróneo pensar que cambiar la legislación va a impactar en la cantidad de puestos de trabajo. Por más que haya un mejor marco legal, si no se resuelve la situación macroeconómica las empresas no van a contratar más», asevera el coordinador del Observatorio del Derecho Social.

«Flexibilizar el sistema no implica que vaya a crecer el empleo», precisa el investigador.

Trabajar menos, trabajar todos

Desde las centrales sindicales, la respuesta impulsada apunta en una dirección radicalmente diferente. Siguiendo el caso de Chile, los gremialistas defienden la idea de una reducción de la jornada laboral.

«Las 48 horas de trabajo semanales ya son una reliquia. Es una idea del siglo XIX que se puso en práctica hace más de 100 años, en 1919″, declara Yasky, autor del proyecto de ley que trata el Congreso y que propone reducir la jornada a 40 horas.

El argumento principal obedece a los profundos cambios acontecidos en materia tecnológica. «El aumento de la productividad es indiscutible: en otros países donde se redujo la jornada cayeron los accidentes laborales y los días de ausentismo. Este es un beneficio para todos los ciudadanos: significa recuperar cierta calidad de vida«, apunta el secretario general de la CTA.

«Argentina no es pionera en esto: la reducción de la jornada laboral existe en muchos países del mundo. En Europa, por ejemplo, redujeron la jornada laboral y no hubo reducción salarial ni colapso de las empresas», afirma Yasky.

Desde la vereda contraria, quienes rechazan la propuesta argumentan que los antecedentes internacionales no son válidos: «Europa viene de un largo proceso de desarrollo y llegó al pináculo. Nosotros, en cambio, estamos en franco descenso. Recrear medidas europeas en una economía que genera más desocupados que trabajadores es una idea equivocada», sostiene Assef.

«Hay que salir de esta situación con más trabajo, no con menos. El día en que la Argentina tenga pleno empleo volveremos a discutir el tema. Pero hoy estamos en una etapa muy lejana a ese escenario», remarca el opositor.

@Sputnik

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