El presidente Alberto Fernández negó este martes la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama «mucho la atención» lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz al declarar como testigo y responder preguntas durante casi tres horas.

Alberto Fernández dijo que se está juzgando a la actual vicepresidenta por «decisiones políticas no judiciables» y explicó de diferentes modos que el criterio de un gobierno para distribuir la obra pública es político y por ende dinámico, en función de las necesidades que se presenten. También reiteró que no hubo instrucciones de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner para asignar fondos para obra pública de manera específica a Santa Cruz o para beneficiar a algún empresario en particular.

Fernández declaró ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Destacó que el expresidente Néstor Kirchner «siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas» y remarcó que «tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente». También dijo que vio a Lázaro Báez una sola vez en su vida.

Cuando le preguntaron por primera vez cuál era el criterio para distribuir obra pública, el Presidente dijo que “son criterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende que lo que en ese momento está necesitando el país”.

Y agregó: “No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.

Lo explicó una vez, pero Luciani insistió con la misma pregunta hasta el cansancio.

Fernández respondió en cada ocasión a pesar de la queja de Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación Julio De Vido, sobre la iteración de la consulta. En cada ocasión, Fernández agregaba algo, pero siempre sobre la misma base, que fue subrayar el criterio político y dinámico para decidir cómo se distribuye el dinero para la obra pública.

 «Todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector  y es que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyeran 1000 viviendas. El criterio fue la necesidad. En el año 2003, la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra. Es muy importante porque allí está toda la producción petrolera y pesquera», explicó el Presidente y agregó que en la actualidad les presta mucha atención a las provincias del norte, muy abandonadas por el macrismo.

«Nosotros en 2003 o en 2009 creíamos, como me pasa a mí ahora, que la obra pública es un enorme motorizador de la economía», afirmó.

«Quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado, es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio«, explicó.

Cuando le volvieron a preguntar ya por enésima cómo asignaba los recursos de la ley de Presupuesto, reiteró: «un Presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números en función de sus necesidades y eso es revisado por el Congreso». De hecho, el parlamento puede o no acompañar ese Presupuesto y el primer mandatario recordó estar gobernando sin él porque la oposición se negó a votar la llamada «ley de leyes«.

«Una vez que el Presupuesto llega para ser aprobado como proyecto de ley sigue el tratamiento de cualquier proyecto de ley. Lo que quiero enfatizar es que es la ley más compleja de todas y se tiene que modificar  muchas veces porque todas las provincias quieren defender sus intereses«, detalló Fernández.

Un cruce con Luciani.

Luego, el fiscal Luciani volvió a hacer una pregunta similar. «Me da la impresión de que no me está escuchando bien», le dijo el Presidente al fiscal. El fiscal le respondió que lo había escuchado bien. Entonces Fernández le dijo que tal vez tuviera un problema de comprensión de texto. Luciani le pidió a Fernández que no le faltara el respeto, el Presidente le dijo que no había sido su intención.

El fiscal siguió haciendo preguntas que el tribunal consideró improcedentes, e insistió en hacer consultas sobre una obra en particular hasta que se lo permitieron, después de deliberar un laro rato en privado.

«En la planilla del presupuesto 2008 se informa un importe a devengar de 150 millones de pesos y la adjudicación fue de 225 mil persones de pesos. Hay 75 millones de pesos que faltan«, señaló.

«Como le dije antes, no tenía presente ninguna de las obras, mi memoria es buena; pero no tanto, puede haber habido muchas explicaciones, pero no puedo arriesgar la explicación sobre algo que no conozco«, reiteró Fernández.

Luego hubo una pregunta concreta sobre el funcionamiento del sistema de reasignación de partidas del Presupuesto.

«Si entiendo bien, la pregunta es si los ministerios podían reasignar los recursos que yo les reasignaba. Eso se llama reasignación presupuestaria. Va a ver cuánto pasa y cuánto pasó durante la pandemia. Pero una vez que los recursos son reasignados, los ministros no reasignan, los ministro ejecutan«, explicó Fernández.

El Presidente había llegado a las 9.36 a los tribunales de Comodoro Py, donde declaró como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada «Vialidad» y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ya promediando la audiencia, le preguntaron al Presidente por qué renunció a su cargo como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Fernández respondió que creía que había en el gobierno un desgaste muy grande producto del conflicto posterior a la resolución 125 y que iba a ser difícil seguir adelante.

También le preguntaron si conocía a Lázaro Báez, Fernández dijo que lo vio una sola vez en el Calafate, en el año 2003, y que se lo había presentado Néstor Kirchner. También aseguró que no conocía a Austral Construcciones ni la composición de ninguna de sus empresas.

«Reitero, no conozco al señor Lázaro Báez, el único diálogo que tuve con él fue ´buenos días, mucho gusto´«, dijo cuando también le preguntaron lo mismo de diferentes maneras.

El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex Jefe de Gabinete en el kirchnerismo.

Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

El Presidente respondió preguntas de las defensas de los acusados que pidieron su testimonio y luego de las restantes partes.

Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien declararía por videoconferencia.

La causa Vialidad.

El juicio lo encabezan los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Es uno de los típicos de la factoría de Comodoro Py y de los jueces y fiscales que encabezaron la persecución de opositores durante el macrismo. En este caso, los protagonistas de la investigación original fueron el juez Julián Ercolini y los fiscales Germán Pollicita e Ignacio Mahiques.

El planteo es que se le adjudicaron demasiadas obras a Santa Cruz y que, de los 81 tramos de rutas, 51 recayeron en empresas propiedad de Lázaro Báez. Algunas en su totalidad, otras como socio. 

En un principio se dijo que las obras no se hicieron o que se hicieron mal. Estos últimos dos aspectos quedaron descartados tras una auditoría de Vialidad Nacional, cuando ya estaba en manos del macrismo, y se determinó que entre lo pagado y lo construido había sólo un 0,01 por ciento de diferencia, que las obras estaban bien hechas y que las demoras eran las habituales en todo el país.

Lo que queda ahora por definir es si Cristina Kirchner adjudicó más obras de las debidas a Santa Cruz y si las direccionó hacia Austral Construcciones o alguna de las empresas de Báez.