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NacionalPolítica & Economía 

Alberto Fernández entregó a Diputados el pedido de juicio político a la Corte.

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Alberto Fernández le entregó este miércoles al titular del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa cámara, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Según informó Casa Rosada, Fernández convocó a ambos legisladores para entregarles el texto con los fundamentos para impulsar el juicio político contra los cortesanos y «les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo».

¿Cómo será el proceso en el Congreso?

Luego de que diez gobernadores firmaran el documento impulsado por el presidente Alberto Fernández para iniciar juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema, se activó la cuenta regresiva en la Cámara de Diputados, donde una comisión ad hoc comenzaría a trabajar durante el período de sesiones extraordinarias en el marco de un largo proceso que probablemente culmine sin el resultado deseado por el oficialismo.

Sucede que el Frente de Todos carece de las mayorías calificadas necesarias en ambas cámaras para desplazar a los magistrados.

De todos modos, el espacio cuenta con la ventaja inicial de que en la comisión de juicio político presidida por la diputada albertista Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para sentar en el banquillo a los cuatro magistrados, cuyo accionar quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días por comprometedores chats que se filtraron, los cuales tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Con ese número, el Frente de Todos podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por mal desempeño en sus funciones (según el artículo 53 de la Constitución) contra Rosatti y los otros tres cortesanos: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.

A esa primera etapa preliminar le sigue una «etapa informativa sustanciando el sumario con medidas de pruebas, informes, citación a testigos, careos, derecho de defensa de los acusados», detalló el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre esta fase vinculada a la investigación de los hechos.

En esta etapa, la estrategia del oficialismo será dejar al desnudo cada uno de los accionares irregulares que le imputan a los jueces del alto tribunal, como por ejemplo la presunta complicidad con el Gobierno porteño expuesta en el llamado «fallo Robles» que favorece «arbitrariamente» a la Ciudad en el conflicto por la coparticipación de recursos federales, o también en la injerencia de la Corte en la conformación del Consejo de la Magistratura, arbitrando otra vez a favor de la alianza Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos.

El oficialismo espera sustanciar con elementos de prueba su postura y de esa manera lograr que no solamente sean los 116 diputados propios quienes acompañen el dictamen.

Duro desafío.

De todos modos, para aprobar la formación de la causa necesitaría de una utópica mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes en el recinto durante la votación.

Si tal como se prevé la iniciativa quedara rechazada en el pleno de la Cámara, podrá ser retomada ya que no perderá estado parlamentario por tres períodos, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2025.

Pero si milagrosamente Diputados aprobara el dictamen, el siguiente paso se daría en el Senado, donde uno o dos integrantes de la Cámara baja deberían presentar la acusación.

En el Senado también se requiere de una mayoría de dos tercios, en este caso para declarar culpables a los jueces de la Corte y de esa manera desafectarlos del máximo tribunal, inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.

Entre «los hechos de mal desempeño» por los que se los acusa, Casaretto mencionó «las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal; los atropellos en el Consejo de la Magistratura; y la vinculación de Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Añadió a su vez «el asalto al Consejo de la Magistratura; la Acordada N° 34/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la causa sobre la coparticipación; y respecto de Horacio Rosatti, los vínculos de su principal colaborador con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fallo sobre la coparticipación».

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Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

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Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».

Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.

En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.

Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner 

El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».

/Ed

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El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

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El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.

A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.

Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.

Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.

Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.

/ámbito

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Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

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El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».

/Ed

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