En Argentina, cada 10 de diciembre, se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia debido a que el 10 de diciembre de 1983 se retiró la última dictadura que gobernó el país y asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín, las dos cámaras del Congreso de la Nación y los gobernadores y legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento.

Las escandalosas proporciones que ha asumido la lenta pero incurable putrefacción de la Justicia Federal en la Argentina junto a las sensacionales revelaciones de la reunión de un grupo de jueces, fiscales, un ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un ex agente de los servicios de inteligencia y dos altísimos funcionarios del Grupo Clarín en la residencia del usurpador británico Joseph Lewis en Lago Escondido marcan con rasgos ominosos el momento actual de la vida política argentina.

Por Atilio Boron, Página 12.

¿Cómo caracterizar esta situación, cuando este 10 de diciembre deberíamos estar celebrando los 39 años de nuestra recuperada democracia? Lamentablemente el diagnóstico no hace lugar a optimismo alguno: nuestra democracia ha sufrido un significativo retroceso. Hoy la Argentina tiene un sistema político mucho menos democrático que el que había hace cuatro o cinco atrás. El tumor maligno que se anidaba en Comodoro Py ha hecho metástasis y ha tomado a gran parte de la Justicia Federal. La monstruosidad jurídica perpetrada con la Causa Vialidad y la condena descargada sobre Cristina Fernández de Kirchner, para hablar tan sólo de este caso: seis años de cárcel más inhabilitación de por vida para desempeñarse en cualquier cargo público significa que la proscripción ha vuelto a regir la vida política de este país. 

Nada nuevo. Ya ocurrió en el pasado después del golpe de estado de 1955, cuando la derecha y su instrumento militar impusieron dieciocho años de proscripción al peronismo. Esa política pretendió “volver el país a la normalidad” previa al 1945, y lo que logró fue institucionalizar al “partido militar” como el despótico árbitro final de la vida pública argentina. Numerosas asonadas, dos sangrientas dictaduras militares (1966-1973 y 1976-1983) y más de treinta mil desaparecidos fueron algunas de sus consecuencias de aquella decisión. Después de tan traumática experiencia, potenciada por la Guerra de las Malvinas, se selló un pacto entre los diferentes actores políticos por el que nunca más se recurriría al golpe militar para dirimir los conflictos que se agitaban en el seno de la polis.

El problema es que ese pacto hoy está roto: el recurso a la violencia se ha naturalizado en las huestes furiosas y cada vez más intolerantes de la derecha. Su lenguaje y su gestualidad trasuntan una violencia pocas veces vista en nuestra recuperada democracia; el fallido magnicidio de intentado en contra de la vicepresidenta de la Nación ha sido naturalizado por el sicariato mediático e inclusive en sede judicial se habla de “tentativa de asesinato” y no de magnicidio. Y ahora la proscripción, de Cristina pero también de la condición ciudadana de un tercio del electorado de este país. No sólo ella no puede aspirar a desempeñar un cargo público; a causa de la sentencia arriba mencionada quienes tienen depositada su confianza en su liderazgo se han visto despojados de sus derechos políticos, se han desciudadanizado, reducidos a la condición de ciudadanos de segunda clase que no pueden hacer valer sus preferencias en la esfera política. 

El “partido militar” no existe más, pero el imperio y la derecha han trabajado arduamente para reemplazarlo por un “partido judicial” que, lawfare mediante y en alianza con el duopolio que con sus fakenews, calumnias y encubrimientos envenena el alma de argentinas y argentinos. Unos y otros se han adueñado del país y en Argentina como en casi toda Latinoamérica persiguen, encarcelan y proscriben a los líderes populares. Se impone reconstruir nuestra democracia. Para ello el gobierno debe convocar sin más demora a una “consulta popular no vinculante” para que sea el pueblo quien decida los pasos que deberán tomarse para acabar con la mafia enquistada en la Justicia Federal y democratizar el sistema de medios, condiciones indispensables para acabar de una buena vez con el poder de la “dictadura mediático-judicial.” Sin esa convocatoria y sin un “hecho de masas” que permita doblegar las resistencias de la derecha nuestra democracia irá languideciendo hasta dar a luz a renovadas y más siniestras formas de despotismo.

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