A lo largo de casi 8 meses de audiencias, los testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar permitieron condenar al genocida Jorge Rafael Videla y otros cuatro excomandantes.

El 22 de abril de 1985, en el marco de la por entonces incipiente recuperación democrática argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal inició el histórico juicio a los jefes de la última dictadura cívico militar, acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que terminó en diciembre de ese año con la condena del genocida Jorge Rafael Videla y otros cuatro excomandantes.

«Se cumplen 38 años del inicio del juicio a las Juntas Militares. El 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias del juicio oral y público a los miembros de las Fuerzas Armadas, que durante siete años aplicaron el terrorismo de Estado en el país», recordó este sábado la Secretaría de Derechos Humanos en sus redes sociales.

Rememoró asimismo que «a lo largo de casi 8 meses de audiencias, los testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura fueron clave para condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo y comprobar la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas».

«El juicio a las Juntas constituyó un hecho de trascendencia para la Argentina y para el mundo entero. Por primera vez, los jerarcas de un régimen militar eran condenados en un juicio público por los crímenes del terrorismo de Estado. #NuncaMás #MemoriaVerdadYJusticia», concluye la publicación del organismo que conduce Horacio Pietragalla.

Las audiencias se llevaron a cabo en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal, presidida por un enorme crucifijo y un vitreaux con la inscripción «afianzar la justicia», donde se inició el proceso con escasos antecedentes en el mundo.

El juicio se instruyó sobre los datos relevados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, y cuyo informe bajo fue entregado el 20 de septiembre del año siguiente.

La investigación de la Conadep constató en 1984-85 la desaparición de «cerca de nueve mil» personas, precisó entonces su presidente, Ernesto Sábato, en el prólogo del libro que divulgó el informe final bajo el título de «Nunca Más».

Además de recibir e investigar las denuncias de secuestros y otros crímenes de la dictadura, la Conadep aportó un modo de ordenar la acusación y las responsabilidades de la represión terrorista de Estado por centro clandestino de detención.

Este criterio de agrupamiento fue asumido por la Cámara Federal que juzgó a las Juntas y también por la Fiscalía, integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que concluyó su alegato final con la exhortación al «Nunca más».

Integraban la Cámara Federal los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D`Alessio.

Años más tarde, en diciembre de 1990, los represores que fueron condenados en este juicio se vieron beneficiados por los indultos que dictó el ex presidente Carlos Menem y quedaron en libertad.

Sin embargo, la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararlas inconstitucionales los volvió a sentar en el banquillo de los acusados.

En 1985, tras el juicio, motorizado por el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del entonces presidente Raúl Alfonsín, fueron condenados los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini; y el brigadier Orlando Ramón Agosti, los tres integrantes de la primera de las juntas y dos de la segunda.

Durante el juicio, se escucharon numerosos testimonios y se consideraron las presentaciones de los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza sobre ciudadanos de esas naciones desaparecidos en la Argentina.

Si bien algunas detenciones, como la de Videla, fueron a cadena perpetua, la detención efectiva de todos ellos fue desde el 5 de marzo de 1985 hasta que se los incluyó en el indulto dado por Carlos Menem el 29 de diciembre de 1990 a 216 militares condenados por diferentes causas.

Las sentencias fueron dictadas por la Cámara Federal el 9 de diciembre de 1985 tras 900 horas de audiencias entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985.

En la sala de audiencias se tomó declaración a más de 800 personas en una sucesión de testimonios que exhibieron ante la opinión pública contornos escalofriantes de una de las etapas más oscuras en la vida del país.

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