Habían pasado tan solo seis meses de las fatídicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en las que el pueblo argentino puso fin al gobierno de Fernando De La Rúa, quien terminó huyendo en helicóptero de la Casa Rosada.
Luego de la caída del gobierno de la Alianza pasaron más de cinco presidentes en una semana, hasta que fue nombrado Eduardo Duhalde.
Con Eduardo Duhalde en la presidencia, Argentina se metía de cabeza en su peor crisis económica y social. El 5 de enero de 2002, el Senado de la Nación aprobó un Proyecto de Ley que ordenaba la devaluación del peso argentino que agudizó la crisis y con ellas las protestas, cacerolazos y cortes de ruta que terminaron en brutal represión por parte de las fuerzas policiales.
Según datos oficiales del SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), un organismo que dependía de la Presidencia de la Nación, en mayo de 2002 el 51,4 % de la población, es decir unas 18.2 millones de personas, se encontraban por debajo de la línea de pobreza y la cantidad de indigentes aumentó en los primeros cinco meses de ese año un 42,5 %, unas 7,8 millones de personas. La línea de pobreza se encontraba en ese mes, en ganar menos de 626 pesos mensuales, unos 155 dólares, para una familia de cuatro integrantes, y la de indigencia en menos de 266 pesos, unos 66 dólares. Según el INDEC, en ese período la canasta básica de alimentos aumentó su valor un 35,7 %. En el Gran Buenos Aires, se dio un aumento de 2500 pobres y 1625 indigentes por día.
Ante esas cifras desesperantes, las manifestaciones y cortes de los movimientos de desocupados se sucedían casi periódicamente, situación que trataba de evitar el gobierno duhaldista, que bregaba por «orden».
El pueblo argentino vivía con el estomago vacío y hambriento de falta de derechos y justicia social, sin embargo resistía, luchaba y apretaba más fuerte el puño ante la represión avalada por el poder político.
26 de junio: Día de lucha y represión criminal.
El 26 de junio de 2002, varias organizaciones piqueteras se movilizaron al pie del Puente Pueyrredón, en el marco de un plan de lucha en reclamo de aumentos salariales, subsidios para desocupados y alimentos para comedores.
Ese 26 de junio la Policía esperó a los manifestantes en el cruce entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal y comenzó rápidamente la represión. Primero dispersó a los manifestantes lanzando bombas de gas lacrimógeno, luego atacó con postas de goma y remató con balas de plomo, desatando una brutal cacería por las calles de Avellaneda. La represión de la Policía bonaerense se la conoció como la Masacre de Avellaneda.
Durante la represión en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, Darío Santillán y Maxi Kosteki fueron asesinados a manos del comisario Franchiotti y del oficial Carlos Quevedo en el hall de la estación Avellaneda. Los dos jóvenes eran militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD). Tenían 21 y 23 años.
Inmediatamente desde el Gobierno nacional dijeron que los piqueteros estaban armados, y que fue un enfrentamiento entre ellos. Aníbal Fernández, en ese entonces secretario de la Presidencia, alentó esa teoría sosteniendo que «los piqueteros se mataron entre ellos» y afirmando que se trataba de un grupo que quería desestabilizar al Gobierno.
Los medios de comunicación como Clarín titulaban que «la crisis causó dos nuevas muertes» y abonaban la teoría de enfrentamiento entre grupos «radicalizados», cuestión que fue desmentida en los días posteriores gracias a las fotos que sacaron los periodistas gráficos Sergio Kovalevsky y Pepe Mateos, y por un camarógrafo de Canal 7 que filmó el momento en que los policías disparaban con balas de plomo de una escopeta Ithaca.
Luego de la masacre, Duhalde fue duramente repudiado por masivas movilizaciones populares, las cuales lo obligaron a adelantar el llamado a elecciones y su salida del gobierno. Duhalde decidió apoyar a Néstor Kirchner -su tercera opción en aquellos años- y establecer el calendario electoral de la siguiente forma: 27 abril elecciones, 18 de mayo ballotage y 25 de mayo entrega del gobierno.
Los responsables materiales fueron juzgados recién en el 2006, condenando a cadena perpetua al ex comisario Alfredo Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta, ambos miembros de la Bonaerense.
Sin embargo, aún hoy continúa vigente el reclamo para enjuiciar a los responsables políticos, que todavía gozan de impunidad. Entre ellos se encuentran el ex presidente, Eduardo Duhalde, el ex gobernador, Felipe Solá, y el ex secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández.
Darío y Maxi se convirtieron en la expresión más genuina de una juventud militante, dispuesta a dar pelea por una sociedad más justa. Y en un nuevo aniversario, como todos los años se levanta bien alto el puño exigiendo justicia por Maxi y Darío.
