“De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral” del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “es totalmente incompatible con la función judicial”, advirtió Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, en la audiencia por la segunda recusación planteada contra la jueza a cargo de la causa del intento de magnicidio. “El ISSP es un aguantadero o una caja política (…) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes“, señaló, luego de recordar que el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de quien dependía ese organismo, se consiguió una designación como profesor allí apenas se tomó licencia en el cargo tras el escándalo de los chats donde habla de fallos de su interés con un colaborador del supremo Horacio Rosatti. El otro punto crítico que expuso el letrado y que completó José Manuel Ubeira, es que Capuchetti no investigó hasta ahora la responsabilidad de la policía porteña, también bajo órbita de D’Alessandro, en el ataque a CFK, pese a que tenía desplegados gran cantidad de agentes de la zona de su casa ese día y los previos.  

Razones para recusar

El posible interés de Capuchetti en la causa que le toca investigar sobre el ataque a la vicepresidenta y la falta de imparcialidad dado que “asesora a un órgano político” del gobierno porteño fueron el eje de la exposición de la querella para pedir su apartamiento de la causa. Es la segunda vez que la recusan. La primera, los abogados señalaron un sinfín de irregularidades y demoras en la investigación. Pero el camarista Leopoldo Bruglia rechazó el planteo, que ahora está a estudio de la Cámara de Casación Penal. El mismo juez deberá decidir por el nuevo pedido. Este jueves dirigió la audiencia en la que sólo estuvieron Aldazabal y Ubeira, quienes se quejaron de las “lastimosas páginas” de respuesta a su recusación, en la que no explicó qué tareas cumple en el ISSP, ni la autorización “de superintendencia” para ejercer esa función. Sólo habló de que desempeña “actividades académicas”. El propio instituto había emitido un comunicado donde decía que trabaja allí desde 2014 y que se dedica a la docencia. Su última designación, de comienzos de este mes, es como “investigadora senior”. Los abogados dijeron que no tiene antecedentes para ese cargo y que el único trabajo que se le atribuye como tal es sobre erradicación de la violencia contra las mujeres. “No lo encontramos en ningún lado”, dijeron. 

“La señora jueza no es investigadora, no era docente, tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires que le facilita 75 mil pesos por mes por no hacer nada“, estalló Ubeira en la sala de audiencias. “No importa el monto. Si se lo pagaba el Rotary Club me importa un rábano”, agregó. “Pero la jueza recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo y debe ser investigado. Y que genera toda la estructura previa que facilitó el atentado”, remarcó Ubeira, en relación al operativo de la policía porteña montado en los alrededores de su domicilio en Juncal y Uruguay. También sostuvo que le llamaba la atención que habiendo hecho un trabajo sobre violencia contra las mujeres llevara la causa con parsimonia y omisiones, más aún teniendo en cuenta que hubo un pronunciamiento del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do para de la OEA que señaló “repudio y preocupación” por el intento de magnicidio contra CFK. 

El Instituto

Aldazabal explicó que el ISSP es una suerte de academia de policía, para las/los policías de la Ciudad y para los funcionarios que se ocupan de diseñar e implementar las políticas. Pero aclaró que no tiene carácter académico, como una universidad. La policía porteña, de hecho, tiene un instituto universitario específico. Las universidades son autónomas, eligen sus propias autoridades, pero el instituto de seguridad no. A sus miembros y autoridades los elige el ministro de seguridad, en este caso D’Alessandro. Recordó, como habían planteado por escrito, la paradoja de que las autoridades pertenecen al Ministerio Público Fiscal de la ciudad. El director, Gabriel Unrein, es fiscal ante la Cámara del fuero penal contravencional y de faltas; el número dos es el jefe de todos los fiscales; el director académico es Alan Nessi, que tuvo que renunciar a un concurso para fiscal “luego de que lo descubrieron copiándose en un examen”. Todo esto, insistió Aldazabal, ilustra la parte de la “violación a la independencia de poderes”. “Imagínese si el fiscal ante esta Cámara tuvieran un cargo de director en el Ministerio de Justicia de la Nación”, le dijo a Bruglia. 

“D’Alessandro tenía una relación laboral con Capuchetti. Es quien se dedicaba a armar causas y cobrar coimas según los chats”, que se deben investigar, señaló Aldazabal y recordó su participación en el viaje a Lago Escondido con jueces, el jefe fiscal, un exespía y un consultor. “El instituto está reservado a la política, de ningún modo a un juez”, dijo. “Es realmente grave que Capuchetti trabaje ahí (…) no es una universidad“, agregó. “El propio comunicado del ISSP dice que ella se desempeña en el Observatorio de Políticas de Seguridad de la CABA, que orienta el diseño de políticas públicas y toma de decisiones por parte de las autoridades, proponer normas vinculadas a la seguridad”. 

La policía 

La querella recordó que Capuchetti abrió un legajo especial para investigar a las fuerzas de seguridad, pero decidió poner el foco en la custodia de la Policía Federal que cuida a la vicepresidenta. Sin embargo, no profundizó en el papel de la policía porteña, fuerza que está bajo el mando de D’Alessandro, que desplegó decenas de efectivos en los días previos al intento de magnicidio alrededor de la vivienda de CFK. Reprimieron a manifestantes que iban a darle apoyo en los días en que el fiscal Diego Luciani desplegaba su alegato en el juicio de Vialidad (para pedir 12 años de cárcel), sacaron fotos desde los balcones, “no impidieron circular a personas violentas”, “dejaban pasar hasta el edificio a personas cuya consigna era matar a la vicepresidenta“. “No les llamó la atención que se vendan copos de azúcar en ese lugar (…) en la causa sobre Revolución Federal surgió que sus miembros tenían buena relación con la Policía de la Ciudad“, repasó Aldazabal. Remarcó que el 27 de agosto, a días del ataque, ya estaba allí Fernando Sabag Montiel, armado, y nadie lo advirtió. Días después intentaría disparar. “Aquí puede haber delitos y omisiones”, dijo el abogado. 

Las asesoras de Milman

En otra audiencia, también ante la Cámara Federal, los abogados plantearon que el contenido de los celulares de las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman –señalado por un testigo como quien dijo “cuando la maten voy a estar camino a la costa” — se debe analizar desde al menos un mes antes del ataque. La jueza quería usar solo los mensajes y otros elementos posteriores. Todavía no se analizó nada de los teléfonos. Ya se cumplieron cuatro meses del intento de magnicidio. 

“Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga“, sostuvo Ubeira. 

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