La solicitud del Gobierno de Haití para que la comunidad internacional envíe una “fuerza especializada armada” para mitigar la cítrica situación que atraviesa el país, desató protestas en las calles de Puerto Príncipe.

La administración del primer ministro Ariel Henry, que asumió el cargo luego del magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021, pretende que un “despliegue inmediato” de carácter internacional pueda controlar un nuevo brote de cólera, favorecer la distribución de combustibles y agua potable en el territorio y asegurar la actividad económica y la libre circulación de los haitianos.

Sin embargo, miles de manifestantes salieron a las calles a rechazar una posible intervención el 10 de octubre, luego de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidiera discutir de forma urgente la petición del Gobierno haitiano y propusiera al Consejo de Seguridad varias opciones para brindar apoyo en materia de seguridad en Haití.

En diálogo con Sputnik, el sociólogo argentino y exbrigadista de Haití, Lautaro Rivara apuntó que las protestas no solo se dieron en territorio haitiano sino que hubo “movilizaciones muy masivas” en diferentes partes del mundo, “exigiendo que no se produzca esta intervención violatoria de la soberanía”.

“Sacando a la élite en el poder, inmensos sectores de la sociedad haitiana, las mayorías, tienen realmente un sentimiento de soberanía, de dignidad de la nación haitiana que no permite y no convalida este tipo de operaciones intervencionistas”, subrayó el experto.

Una eterna tradición intervencionista marcada por el fracaso

El pedido del Gobierno de Henry alienta al intervencionismo extranjero en el país, sostenido durante décadas principalmente por EEUU con el aval de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El país sufrió su primera ocupación en 1915 por parte de EEUU, fue amenazado con nuevas ocupaciones décadas más tarde durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) y acogió más de una decena de misiones de paz que se sustentaban en una visión de cooperación y ayuda humanitaria.

Sin embargo, las consecuencias del intervencionismo fueron catastróficas. La propia OEA admitió que las acciones desarrolladas por la comunidad internacional en el país han sido “uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado” en la región, a pesar de que respaldó varias de las intervenciones.

Para Rivara, es “bastante paradójico” que se considere una nueva misión en Haití después de este “balance muy crítico y lapidario sobre los fracasos del intervencionismo humanitario en Haití” por parte de la OEA y el reconocimiento del propio exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de que “la introducción del cólera en el país fue producto de una acción irresponsable de los cascos azules”.

“El balance en general ha sido absolutamente negativo, sobre todo en torno a la experiencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que combinó el accionar militar de varias decenas de países de diferentes partes del mundo, con un nutrido cuerpo de militares y policías de naciones latinoamericanas”, sostuvo el experto.

Rivara recordó que en el marco de la Minustah se “cometieron una serie de crímenes: masacres en barrios populares, sobre todo en la zona metropolitana de la capital de Puerto Príncipe, se cobraron numerosas víctimas fatales, principalmente entre jóvenes y activistas de diferentes movimientos sociales”.

El experto remarcó que investigaciones demostraron que “diferentes contingentes de los cascos azules fueron partes de redes de prostitución, de trata y cometieron numerosos casos de violaciones, abuso sexual y pedofilia”.

Otra vulneración contra la comunidad haitiana por parte de los cascos azules fue la introducción de la epidemia de cólera en el país que asesinó alrededor de 10.000 haitianos e infectó a más de 800.000.

“Con este efecto combinado de masacres, represión política selectiva, violencia sexual y transnacional y una epidemia realmente muy mortífera de una enfermedad que el país no conocía, el balance en términos sociales ha sido absolutamente desastroso”, sintetizó.

Pero además, la comunidad internacional tampoco logró la pacificación ni la estabilización de las instituciones en el país, añadió.

¿La solución es una nueva intervención?

El sociólogo adelantó que una eventual intervención militar es “bastante posible” y que está amparada por el capítulo sexto de la Carta de Naciones Unidas que considera al país “de manera bastante ilógica, una especie de amenaza para la seguridad”.

Para el especialista, una nueva intervención tendría un componente policial o militar, o ambos a la vez, justificadas por una crítica situación en materia de seguridad consecuente de la presencia de bandas armadas y “grupos cuasiparamilitares” en diferentes lugares del país.

Asimismo, un nuevo brote de cólera también motivó al Gobierno haitiano a pedir apoyo internacional.

“Es bastante común en las narrativas de la intervención que se usen estas justificaciones humanitarias, como el brote de cólera, para dar un barniz de legitimidad” a la operación, advirtió Rivara.

Otro punto para la pacificación en el país estaría relacionado con la “normalización del orden político”, dado que Haití cuenta con “un Estado debilitado y paralizado por la propia ilegitimidad del Ejecutivo”. De hecho, Haití no ha celebrado elecciones tras el asesinato de Jovenel Moise, por lo que los comicios están pendientes desde el año 2021.

Para Rivara, “una nueva misión podría prolongar al infinito esta irregularidad democrática, esta rupturas completas del orden democrático degradando seguramente cada vez más la muy compleja situación que vive hoy el país”.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional por Haití?

Para el experto, si bien una nueva intervención militar no solucionaría la crisis en el país, esto no significa que la comunidad internacional tenga que “quedarse de brazos cruzados”.

En ese sentido, la investigación, fiscalización y la paralización del tráfico de armas “podría contribuir de forma decisiva a desescalar la violencia y dejar de fortalecer a las bandas armadas y paramilitares en Haití”.

Otra de las medidas eficaces para combatir la escalada de violencia en el país sería “no apoyar o estimular medidas como las que el Gobierno y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) están anunciando”.

La decisión de incrementar el precio de los combustibles tomada por el Gobierno durante el mes de septiembre provocó que el valor de la gasolina aumentara hasta un 100% y el diesel cerca de 90%, algo que afecta a miles de haitianos.

“Esta serie de políticas ultra neoliberales no hacen más que dar un caldo de cultivo propicio para que miles de jóvenes se integren a estos grupos delincuenciales y este crimen altamente organizado”, explicó Rivara.

/SPUTNIK/