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Política & Economía Nacional

Preocupación en el Gobierno por el aumento de resoluciones judiciales que benefician a represores.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales” concedidas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Así lo expresó la Secretaria encabezada por Horacio César Pietragalla Corti, luego de que la Justicia en pocos días dejara a las puertas de la libertad a Santiago Riveros y Jorge Tigre Acosta, dos de los genocidas más emblemáticos de la última dictadura, quienes actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), respectivamente.

En los últimos tiempos también fueron beneficiados con domiciliarias otros dos represores: Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva.

“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, indica el comunicado dado a conocer esta tarde.

Y señala que “ante el incremento de estos beneficios se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados y peritos para analizar cada caso e impedir decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial”.

En ese sentido, el organismo especificó que “los equipos de la Secretaría realizan un seguimiento permanente de cada uno de esos casos en todo el país, participan de manera activa en las causas en las que es querellante, efectúan un estricto control jurídico y exigen rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir“.

Asimismo, consideró que los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad“.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos recordaron que, en los últimos años, según datos del Ministerio Público Fiscal, se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más de 2200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se encuentra detenida.

Y detalla que una “gran mayoría” de los represores detenidos cumplen sus penas bajo el régimen de prisión domiciliaria (565) y que tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.

Al respecto, el comunicado subraya que “el seguimiento y control de los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o salidas extraordinarias es uno de los objetivos centrales de esta Secretaría, como lo estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad“.

Con ese propósito -recuerda el documento- se creó en agosto del año pasado un cuerpo de peritos que participa en las juntas médicas dispuestas ante pedidos de prisión domiciliaria por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal”. Este equipo de especialistas -que, desde su conformación, ya participó en 147 juntas médicas- interviene en todos los casos en que la Secretaría es querellante y se encuentra a disposición de las querellas en el resto de las causas.

A partir de lo dispuesto por la Ley de Víctimas, la Secretaría -a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas- también trasmite a los tribunales la voz de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado frente a estos pedidos de los represores.

Según se precisó desde el organismo, en el transcurso del 2022 ya fueron notificadas 628 víctimas o familiares para que se manifiesten sobre algún pedido de morigeración de pena.

También ha impulsado en algunos casos, en articulación con otras querellas y el Ministerio Público Fiscal, la realización de audiencias públicas para que sean escuchadas las personas que sufrieron esos crímenes antes de que se resuelva lo pretendido por el imputado o condenado.

La Secretaría, además, realiza gestiones de manera periódica para garantizar que el Servicio Penitenciario Federal “brinde condiciones adecuadas de detención y los servicios médicos y oportunos que estos condenados puedan necesitar”, indica el comunicado.

Y concluye: “Mediante estas acciones, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y que decida con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional, beneficios que pueden exponer a las víctimas y que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Política & Economía Nacional

El poder adquisitivo de los argentinos no se recuperará en 2024.

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El salto inflacionario desde diciembre y el ajuste que lleva adelante el gobierno deprimió a los ingresos de la población a niveles que no se observaban en más de dos décadas en la Argentina. Y pese a que los precios muestran un descenso, no se lograría compensar la pérdida del poder adquisitivo del 2024.

El consumo se estima que se derrumbará un 10% este año mientras que el salario real -en el sector privado formal- caería en promedio 7%. Consultoras aseguran que recién en 2025 podría recuperarse tanto el ingreso disponible como la adquisición de bienes y servicios, según pronósticos optimistas.

La caída de ventas en los supermercados se estima podría promediar 11%, en 2024 mientras que en restaurantes será del 7,5% en este año. Sólo en marzo, la caída en los súper llegó al 19%, mientras que los restaurantes registraron una pérdida del 6,7%.

Ante este contexto, los consumidores optan por los comercios de cercanía (no hacen compras tan grandes) y elijen segundas o terceras marcas, además de estar atentos y aprovechar las promociones y descuentos.

En el caso de los electrodomésticos, quedaron muy relegados en la lista de compras. Se prevé una caída del 25% para 2024 debido a que la predisposición de compra sigue en caída en los primeros tres meses del año, y en marzo, registra una caída del 66.2% el nivel más bajo desde la pandemia.

El ingreso disponible de la población podría reducirse más del doble, producto del fuerte reacomodamiento de los precios relativos de las tarifas de gas, luz, agua, transporte público y combustibles, que se vienen ajustando muy por encima de la inflación impactando con fuerza en los bolsillos.

La inflación interanual a marzo fue del 290% pero los precios de muchos bienes o servicios claves para la vida cotidiana superaron con creces esta magnitud: electricidad y gas, aumentaron el 300%; pan y cereales, 352%; combustible y lubricantes, 364%; medicamentos, 379%; transporte público, 385%; entre otros.

Otros que también tuvieron subas importantes, pero no al nivel del IPC fueron las prepagas, con un 289% (aunque la Justicia dispuso devolver lo cobrado por encima de la inflación), restaurantes y hoteles, 266%, educación, 227%; prendas de vestir y calzado, y alquiler de viviendas, 149%. Y todavía muchos deben seguir ajustándose para recomponer los atrasos pasados.

Según estimó la consultora Abeceb, el año próximo las ventas en supermercados podrían crecer un 2,5%, la actividad en restaurantes mostraría un resultado positivo que alcanzaría al 4,5% y la venta de electrodomésticos crecería el 12,3%.

Pese a la caída registrada desde diciembre, marzo mostró leves signos de una insipiente recuperación. De acuerdo al índice Ripte, elaborado por la secretaría de Trabajo y que mide la variación de los ingresos “estables” de la economía, el tercer mes del año mostró una variación de 14%, contra una inflación que fue de 11% en ese mismo mes.

En diciembre ese índice salarial había dado como resultado una pérdida muy pronunciada: 8,3% de mejora nominal en los ingresos contra un 25,5% de inflación. En enero los salarios avanzaron 14,7% contra 20,6% de IPC; y en febrero los números fueron de 11,5% y 13,2%, respectivamente.

Si bien el índice Ripte es una de las maneras que tiene el Estado de medir la variación salarial, algunos economistas consideran que, en contextos de volatilidad marcada de precios como los últimos meses, puede ser un indicador poco representativo. E incluso la propia Secretaría de Trabajo se encarga de aclarar al afirmar que este indicador “no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado”.

Asimismo, las propias consultoras aclaran que la actualización de tarifas que se comenzó a aplicar en las últimas semanas tendrá un nuevo impacto en los ingresos, por lo que recién la recuperación podría llegar el año próximo.

@DiariodeCuyo

/Fuente de imagen: Diario de Cuyo

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Ley Bases y paquete fiscal: quiénes son los senadores que podrían inclinar la votación.

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El Senado iniciará esta semana el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en comisiones, luego de que obtuvieran la media sanción de la Cámara de Diputadosel martes pasado. En este contexto, el oficialismo ya comenzó con el juego de seducción para abroquelar una mayoría que le permita contrarrestar a los 33 senadores que componen el bloque kirchnerista sobre 72.

La Libertad Avanza arranca con la cancha más que inclinada, con un bloque de apenas siete senadores. A este pelotón, al menos para la votación de ambos proyectos en general, contaría con el apoyo de los seis del PRO y de, al menos, 11 de la Unión Cívica Radical (UCR), de un bloque compuesto por 13. Las dudas en el radicalismo marchan por la postura que podrían adoptar tanto Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

A la duda que genera la posición de Lousteau y Blanco se le suman la postura de los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. Ambos responden directamente al gobernador Claudio Vidal, quien ya le mostró los dientes al Ejecutivo en marzo, durante la votación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Por su parte, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que pertenecer al Frente Renovador de la Concordia Social, también tendrán un rol preponderante. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó un guiño para la Casa Rosada y llamó a “no entorpecer el camino del Gobierno”.

Mientras tanto, los de Unidad Federal (peronismo no kirchnerista) todavía no manifestaron ni dejaron entrever sus posiciones para la votación en general. Se trata de Edgardo Kueider (Corrientes) y Carlos Espínola (Entre Ríos). El bloque también lo integra Alejandra Vigo (Córdoba) quien se inclinaría por la afirmativa.

Por otro lado, el bloque Cambio Federal, que lo integran las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi (ambas de Chubut) y el senador Juan Carlos Romero (Salta). De estos tres porotos (en la votación general), dos acompañarían al oficialismo: Cristina y Romero. Terenzi, en duda. Fue una de las que se plegó al rechazo del DNU.

En este contexto, quedan los unibloques de Comunidad Neuquén, en representación de Lucila Crexell (Neuquén); Juntos Río Negro con Mónica Silva (Río Negro) y Por la Justicia Social con Beatriz Ávila (Tucumán). De los tres votos, el Ejecutivo encontraría apoyo en general de Silva y Ávila.

Por lo que el poroteo, para la votación general en favor del Gobierno, quedaría con 29 escaños casi asegurados: Cambio Federal (2); PRO (6); Juntos Somos Río Negro (1); La Libertad Avanza (7); Por la Justicia Social (1); Unidad Federal (1); UCR (11). Son 10 los votos que aún están en aire y por los que el Ejecutivo deberá negociar para contrarrestar los 33 del kirchnerismo.

Ley Bases y paquete fiscal: optimismo en el oficialismo, pese al masivo rechazo de UP

Francisco Paoltroni, uno de los referentes de La Libertad Avanza en el Senadoplanteó la posibilidad de alcanzar el Pacto de Mayo con la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. A pesar de que el bloque oficialista cuenta con apenas 7 senadores en su bancada, la suma de aliados abre perspectivas para un votación reñida.

Soy muy optimista, por sentido común se debería aprobar. El jueves 17 de mayo la Ley Bases y el paquete fiscal podrían ser ley. Creo en el apoyo de los gobernadores”, señaló Paoltroni en una entrevista en Radio Metro este viernes, y apuntó que pueden recibir acompañamiento de legisladores del justicialismo: “El kirchnerista no tiene nada que ver con el peronista clásico”.

Del otro lado de la bancada oficialista, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró que todos los senadores que integran el espacio votarán en contra del proyecto del presidente Javier Milei: “Los 33 senadores de UP vamos a votar en contra”.

El legislador aseguró en declaraciones con Radio 10 que los 33 senadores de Unión por la Patria votarán en contra de la Ley Bases, porque “votamos de acuerdo a la Constitución Nacional el artículo 29, donde no podemos ceder prorrogativas al Poder Ejecutivo”.

Además, a contrapartida de lo ocurrido en Diputados la semana pasada, Mayans aseguró que desde UP se ofrecerá el tratamiento de la ley artículo por artículo. “Acá hay que trabajar tema por tema, no hay que lavarse las manos. Todo esto proviene de una ley, bueno ¿qué quieren hacer con cada una de las empresas del estado?. Acá se lavan las manos y entregan facultades amplias para que se haga lo que se quiera, no es así”, señaló.

@Ámbito

/Fuente de imagen: Ámbito

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Paro total e indefinido en el Registro del Automotor.

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Los trabajadores del Registro del Automotor han anunciado un paro total e indefinido a partir del próximo lunes 6 de mayo, en respuesta al reciente anuncio del gobierno de cerrar el 40% de los registros seccionales encargados de la documentación vehicular en todo el país.

Este cese de actividades comenzará a las 8:30 de la mañana y perdurará hasta que los representantes del sector sean convocados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para dialogar sobre la situación.

La decisión de paralización surge tras el comunicado emitido por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, donde se informa que la medida “abarca a todos los Registros Seccionales y sus trabajadores registrales”, enfatizando que durante este período “no habrá recaudación para girar” al ministerio correspondiente.

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