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Sociedad Sucesos

Los puntos claves para entender porque se rechazó la cautelar presentada por el hombre para impedir el aborto de su ex pareja.

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Los puntos claves para entender porque se rechazó la cautelar presentada por el hombre para impedir el aborto de su ex pareja.

La jueza Amanda Díaz del Décimo Primer Juzgado de Civil, quien debía resolver sobre la cautelar solicitada por Franco, el hombre que busca evitar que su ex pareja aborte, fue escueta pero también directa al rechazar el planteo judicial. La jueza atacó por todos lados la presentación.

En la primera parte, la magistrada cuestionó la existencia del derecho invocado por el accionante o la supuesta violación a sus derechos. Al respecto, destacó que ni siquiera se acredita la identidad de la mujer en cuestión, dado que en las copias de uno de los documentos se cita un apellido y en otro aparece uno distinto. También señaló que tanto el acta de matrimonio como la copia de una ecografía nada prueban sobre la supuesta decisión de la accionada de no continuar con el embarazo denunciado.

Desde la dudosa documentación que presentó, la falta de precisión en los fundamentos para cuestionar la ley y hasta la actitud relajada del denunciante para agilizar el proceso. Estos fueron los puntos que criticó la jueza civil Amanda Díaz y por los cuales rechazó y tiró por tierra la medida cautelar que solicitó el sanjuanino para impedir que su ex esposa interrumpa su embarazo.

En cuanto a la nota presentada por el accionante ante la Obra Social Provincia, ésta constituye una expresión unilateral de voluntad del propio peticionante y sin contestación alguna. Por lo que nada prueba con relación a terceros”, indicó la jueza.

En otra parte, además, pone en duda la autenticidad de las capturas de pantalla de un celular sobre una supuesta charla mantenida entre el hombre y la mujer, y que presentó como prueba de la disputa entre ellos sobre el embarazo.

Otro punto que objetó la jueza Díaz fue que “el presentante no cuestionó en forma precisa la constitucionalidad y/o aplicación al caso concreto de la ley nacional Nº 27.610. Por lo que resulta, conforme lo presentado y peticionado, totalmente infundado y ajeno a derecho privar en esta instancia a cualquier persona gestante de la posibilidad de ejercer su derecho conforme la norma antes citada”.

Como si todo eso no fuera suficiente, la jueza también criticó el interés que demostró esta persona y sus abogados.  “Corresponde destacar la pasividad procesal que ha mantenido el actor junto con sus letrados con relación a la medida para mejor resolver, dictada el día que ingresó el expediente a este Juzgado”, indicó.

Es que el 23 del corriente mes ordenó una serie de medidas y pedidos de informe, pero “llamó poderosamente la atención de que ninguno de los profesionales quisiera retirar los respectivos instrumentos para diligenciarlos en las oficinas correspondientes. Máxime cuando se ordenó, tal como ellos lo solicitaran, habilitación de día y hora inhábil”, destacó, a la vez que reflexionó que “no puede pasarse por alto esta conducta relajada del accionante con respecto a la carga de urgir toda medida tendiente a obtener una resolución favorable. Su accionar resulta totalmente contradictorio a la supuesta urgencia e imperiosa necesidad por él mismo alegada, y exigida por el ordenamiento procesal”.

Con esos argumentos y pese a aclarar que en esta etapa no correspondía expedirse sobre el fondo del asuntó, la juez civil rechazó la medida cautelar solicitada por este ciudadano y los abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta.

El caso abrió la polémica en la provincia y en el país en los últimos días y volvió a poner en el tapete la disputa de los que están a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020 y promulgada en enero de este año, y los llamados Pro Vida.

Acá el protagonista fue un sanjuanino que intentó por todos los medios, torcer la voluntad de su ex pareja de querer abortar. Así, hizo un reclamo en la Obra Social Provincia, posteriormente hizo una presentación en la Justicia y salió por los medios de comunicación con la intención de buscar el adeptos a su reclamo.

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.

Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.

Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.

Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.

/DC

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.

Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.

Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.

El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.

La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.

/TSJ

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación

A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz. 

El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.

El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela. 

El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.

La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.

La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.

/DH

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