El juez Martín Bava procesó al expresidente Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de los tripulantes del  submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017.

“El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y  los reclamos que existían en ese colectivo de familiares“, escribió el juez Bava en la resolución que se conoció este miércoles por la tarde. 

El magistrado, además, embargó al expresidente por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Macri recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde pidió viajar para participar de una cumbre sobre el cambio climático.

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. El Juez Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.

En esa oportunidad, Macri no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido sobre el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y se negó a responder.

El espionaje ilegal.

Según reconstruyó el juez, la AFI –desde su delegación Mar del Plata– se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba el interés nacional e internacional.

“Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber que había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas ala seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial”, escribió Bava. “La gravedad de los hechos aquí investigados, insisto, constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación alas garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado“, añadió.

En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora general Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes.

El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.

La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre del año pasado con una denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que el episodio debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el juzgado federal de Dolores –entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla–.

La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión de Inchausti y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.