El Indec dará a conocer esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril que marcará la inflación de ese mes y que el Gobierno augura como positivo porque, según los últimos datos de referencia, el número podría ubicarse en un dígito después de cinco meses consecutivos de mantenerse en dos cifras.

Sea cual fuere, el dato reflejará el resultado de la contracción económica producto de la devaluación, los ajustes, el congelamiento de los salarios y la caída del consumo que la administración de Javier Milei impulsó con la meta de frenar la escalada de precios que, en los hechos, se multiplicaron en shock y por varias veces en el inicio de su gestión.

El último dato dio cuenta de que la inflación en marzo había llegado al 11 por ciento, que en la sumatoria significó una suba de 287,9 por ciento interanual. Un récord no registrado en los últimos 40 años.

Desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), la inflación fue la siguiente: 25,5 por ciento en diciembre de 2023; de 20,6 en enero (254 interanual); 13,2 en febrero (276,2 interanual) y 11 por ciento en marzo.

La expectativa de que la tendencia continuará a la baja fue tomada del principal parámetro de referencia que la administración nacional toma para hacer sus previsiones. El IPC porteño, que indicó que en la Capital Federal la inflación de abril fue del 9,8 por ciento.

La suba da cuenta, además, de un acumulado de 72,6 por ciento en el primer cuatrimestre del año y 292,5 por ciento interanual. Los gastos de vivienda, servicios públicos (agua, electricidad, gas) y otros combustibles fue la de mayor impacto.

Los números están en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que habló de 9 por ciento para abril a nivel nacional, 1,8 puntos menos que la misma medición del mes anterior.

Por su parte, el Índice de Inflación de los Trabajadores que elabora la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) dio cuenta de una inflación de 9,2 por ciento mensual.

La medición dio cuenta de la estabilidad del tipo de cambio, los menores costos financieros para las empresas y la caída del consumo.

En tanto, el dato demuestra que la suba de precios en los últimos cuatro meses fue del 71,2 por ciento y de un acumulado de 307,8 por ciento en términos interanuales.

La Umet ponderó el efecto de una menor tasa de interés real sobre los costos de las empresas y la caída del consumo, que desalienta futuras remarcaciones. De este modo, el Gobierno de Javier Milei puede mostrar que la inflación se desacelera, partiendo del cimbronazo de diciembre. En cuatro meses, los precios subieron 71,2 por ciento interanual y versus igual período del año anterior se cuadruplicaron.

Por otra parte, hay mediciones privadas que hablan de una inflación estimada entre el 7,7 y el 9,5 para abril. La consultora C&T reveló que en abril hubo un aumento de precios del 8,7. En el caso de Eco Go, el índice estaría entre el 8 y el 9 por ciento, aunque aclararon que si finalmente no impacta la suba de las prepagas, estará en el orden del 7.

El Plan B de la oposición de hacer retroceder la Ley Bases y que retorne a Diputados a una segunda revisión avanzó este lunes en el plenario de comisiones del Senado, donde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) no consiguió las firmas para un dictamen de mayoría para llevar el texto al recinto, y las fuerzas políticas ya descartan que ese hecho suceda mañana martes.

Más allá de las presencias en la Cámara Alta de los sindicalistas Hugo Yasky (CTA) y Héctor Daer (CGT), quien protagonizó un duro cruce con Ezequiel Atauche –jefe del bloque libertario-, el punto saliente es que emergieron diferencias en el oficialismo, que observa cómo se dilapida la posibilidad de una sanción de la norma antes del 25 de mayo, fecha en que Javier Milei pretende firmar en Córdoba con los gobernadores un pacto de 10 puntos de gestión de largo plazo.

En una negociación frenética, el vicejefe de Gabinete José Rolandi realizaba rondas con la llamada oposición dialoguista para incorporar cambios en el texto, con el afán de evitar una nueva derrota del Gobierno en el Congreso Nacional. Los puntos grises que pasaron, de manera asombrosa, el laxo filtro de los diputados, se relacionan al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al blanqueo de capitales, entre otros. En el primer caso, los pedidos de la UIA para que se proteja a las pymes y proveedores locales en proyectos extractivos, es uno de los ejes de los que tomó nota el Gobierno.

No obstante, mientras el peronismo abroquelado en Unión por la Patria (UP) reforzó su rechazo y cree mantener sin fugas los 33 votos propios en la Cámara Alta (aunque reconocen dificultades para conseguir otras cuatro voluntades para sepultar el proyecto), en el oficialismo volvieron a aflorar divisiones. “Eso pasa por no trabajar en espejo, como habíamos advertido antes de que el debate empezara en Diputados”, se quejaron desde el bloque de LLA. “Es complicado, porque no solo se alargan los tiempos, sino que empiezan a aparecer muchas manos tocando el proyecto”, explicaron a Ámbito. En el oficialismo se ven en una encrucijada: seguir edulcorando el proyecto o mantenerse firmes a riesgo de que el texto se empantane entre idas y vueltas.

Así, tras el plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales, Bartolomé Abdala (LLA), a cargo de liderar el debate del espacio, tiene pocas esperanzas de lograr dictamen este martes. Intentará el jueves, pero ya la Casa Rosada se adelanta casilleros: a consolidar alianzas en Diputados y a redefinir el Pacto de Mayo con observaciones de gobernadores y sin Ley Bases sancionada. Es que de no lograrlo esta semana, no habrá sanción posible antes del 25 de mayo.

La oposición amigable, básicamente el radicalismo y senadores que tributan a gobernadores de sellos provincialistas, también apunta a retocar apartados de privatizaciones, de facultades delegadas y en el paquete fiscal los pisos de la reimposición de la cuarta categoría del lmpuesto a las Ganancias. Bloques federales también reclaman ajustes en el apartado previsional.

En tanto, gobernadores que pueden volcar votaciones en el Senado abonan reclamos puntuales para sus provincias, principalmente fondos y la reactivación de obras frenadas

@Ámbito

/Fuente de imagen:Archivo Google

En la conferencia habitual en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni adelantó que en los próximos días se publicará el decreto con los detalles de la medida.

El Gobierno anunció que decretará la emergencia ferroviaria en el transporte a nivel nacional. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni este lunes, luego del choque de trenes de la línea San Martín ocurrido en Palermo el fin de semana.

En la conferencia habitual en Casa Rosada, Adorni adelantó que en los próximos días se publicará el decreto con los detalles de la medida.

El funcionario explicó los motivos por los que el Gobierno avanzará con el decreto de emergencia ferroviaria. “Se va a decretar la emergencia ferroviaria, en línea con el informe que dimos a finales de abril de la Comisión Nacional de Regulación del Trsnporte (CNRT)” expresó.

Aclaró que la decisión del Poder Ejecutivo no fue por causa del accidente ocurrido el sábado pasado en el barrio porteño de Palermo, sino que responde a una medida pautada dentro del plan de gestión “Nada tiene que ver con lo ocurrido en Palermo, sino simplemente que encontramos una red ferroviaria completamente devastada”, manifestó el vocero.

Desde el Gobierno detallaron a Ámbito que la idea del decreto de emergencia ferroviaria será “para agilizar tema de cobros, de pagos y avanzar hacia la desburocratización” del servicio indicaron. “Hay gerencias triplicadas” confiaron en reserva.

En cuanto al estado de los trenes y las prestaciones del servicio, adelantaron que habrá nuevas subas en las tarifas ferroviarias, de acuerdo al informe de la CNRT al que Adorni hizo mención hoy en la conferencia. “A este escenario se llega por no tener tarifa. Se va a aumentar pero no ahora“, adelantaron.

Durante el contacto con la prensa en la conferencia, el vocero presidencial remarcó que “en diciembre nos encontramos con una deuda en la gestión de los trenes de unos 100 millones de dólares” y cuestionó al gobierno anterior: “Se ponía más énfasis en pintar un mural que en reparaciones, mantenimiento y el buen funcionamiento del sistema”, lanzó.

Adorni consideró luego que “un Estado desmantelado también incluye a los trenes, no solamente el tema de la deuda”. En tanto, habló del accidente en Palermo y aseguró: “Esperamos que la justicia investigue, somos respetuosos del trabajo que está haciendo, estamos colaborando en todo lo que requiera”.

@Ámbito.