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Sociedad Sucesos

Caso Tellechea: Los fiscales pidieron cambio de carátula a “desaparición forzada seguida de muerte”.

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Caso Tellechea: Los fiscales pidieron cambio de carátula a “desaparición forzada seguida de muerte”.

Pidieron prisión preventiva para los acusados, por tratarse de un delito con penas más graves.

Como cierre a dos jornadas muy intensas en el juicio por desaparición de Raúl Tellechea, los fiscales del Ministerio Público, Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron la ampliación del requerimiento de elevación a juicio (desaparición forzada) al considerar que, basado en la declaración de los testigos, según lo cual “Tellechea está muerto”.  Por esa razón, solicitaron el cambio de carátula de la causa a la denominación de “desaparición forzada seguida de muerte” y pidieron la prisión preventiva de los diez acusados.

Así, expresaron que es un delito de consumación permanente, y que también la víctima sea una persona mayor de 70 años (Tellechea tendría 73 en la actualidad). El delito debe ser considerado permanente mientras sus autores continúen ocultando su paradero, ósea que aún se encuentran en ejecución, por lo que consideramos que el agravante procede de forma alternativa al del resultado muerte”.

A lo planteado, agregaron que “habiendo transcurrido 18 años y seis meses de la desaparición, nos permite afirmar que ‘Tellechea está muerto’”. Continuaron argumentando que “fruto de todos los testimonios referidos hasta el momento en el ámbito del debate, surge a criterio del Ministerio Público palmariamente el resultado muerte”.

Por su lado Dante Vega solicitó de manera complementaria “revisar las medidas de coerción, porque frente a la ampliación de acusación, los imputados enfrentan la pena de prisión perpetua, lo que aumenta el riesgo de fuga y el riesgo de que varios de ellos intenten amedrentar testigos en el proceso del juicio, por lo que solicito prisión preventiva para los acusados”. No sin antes ofrecer, como prevé el Código Penal, “reducción de la pena si aportan datos sobre la desaparición de Tellechea”.

Esta intervención de los fiscales originó que los abogados defensores debatieran en privado con los imputados para analizar nuevas estrategias de defensa, de lo que surgió que el único imputado que quiso declarar espontáneamente en ese momento fuera Sebastián Cortés Páez, el resto lo hará oportunamente como estaba previsto desde el inicio del juicio. También surgió el pedido de los abogados defensores de recusar – apartar- a los miembros del ministerio público fiscal por considerar que “estos obraban con mala fe, falta de objetividad y que estarían usando mecanismos extorsivos”.

Posteriormente el imputado Sebastián Cortés Páez declaró y argumentó que todo fue una fábula que inventó con el propósito de sacarle dinero a la familia a cambio de información “falsa”. Se disculpó públicamente de haber involucrado al resto de los imputados y también lo hizo con la familia por haber jugado con sus sentimientos.

Finalmente, el tribunal decidió establecer la próxima audiencia para el próximo 3 de abril, difiriendo el tratamiento y la resolución del cambio de carátula y prisión preventiva para esa fecha, como así también la recusación de los fiscales. No obstante, establecieron que los imputados no podrán salir del país.  

Los testimonios

Los testimonios que dieron origen a la ampliación de la acusación -según la fiscalía- fueron en primer lugar los dados por la familia de la víctima, “todos evidenciaron que tenía excelente relación con sus hijos y por esa razón no podría haberse ausentado voluntariamente o atentado contra su vida. Además, otros testimonios de allegados del desaparecido, dieron cuenta que éste tenía en curso proyectos laborales o personales que lo entusiasmaban mucho”.

Por otro lado, el día anterior el Ingeniero Alberto Grasso en su declaración se refirió a episodios en que diversos abogados o funcionarios policiales le manifestaron que “Tellechea nunca aparecería”, o peor aún se referían al desaparecido como alguien muerto, aconsejándoles “buscar el cadáver o el cuerpo de Raúl”. En total de estos dos días (20 y 21 de marzo) de debate oral y público, hubo 9 testigos que prestaron declaración: Alberto Grasso, Benito Carrizo, Sebastián García, Andrea Verónica Atencio, Jorge Luis Anskber, Adrián Villegas, Miguel Ángel Morandi, Andrés Lage y Mario Narváez .

@prensaunsj

/Imágen principal: foto archivo/

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

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Robó una bicicleta de una quiniela y el dueño del local lo atrapó

El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.

Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.

Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.

Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.

/DC

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

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Prisión perpetua para el policía que asesinó a un camionero en Valle Fértil

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.

Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.

Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.

El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.

La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.

/TSJ

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

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El menor que mató a mazazos a una jubilada en Capital sigue con sus padres

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación

A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz. 

El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.

El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela. 

El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.

La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.

La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.

/DH

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