Además de responderle a Javier Milei por sostener que «la solución es la privatización», el gobernador bonaerense dio los motivos por los cuales el fallo «no tiene validez legal».

Luego de que Javier Milei le propinara fuertes insultos por el fallo sobre la expropiación de YPF, Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa y explicó el por qué ese fallo «es un disparate jurídico». Tras asegurar que el Presidente «sostiene que la solución es la privatización» y que ello traerá «vientos privatizadores», el gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó lo que sucedió «la última vez que se privatizó YPF».

Tras un largo detalle donde indicó que «privatizar YPF, en la época de Repsol, fue una verdadera desgracia para el país», Kicillof remarcó que «la jueza no tiene razón sobre hacer prevalecer el estatuto de una empresa sobre las leyes de un país y su Constitución Nacional».

«Lo que estamos discutiendo hoy en el fallo que condena a la Argentina a pagar un monto a un fondo buitre es si tiene más valor el estatuto de YPF, una empresa privada, o una ley y -más que eso- la Constitución Nacional», detalló.

Y agregó: «No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa está por encima de la Constitución y de las leyes argentinas», manifestó, al mismo tiempo que es inaudito que «una jueza resuelva que nuestras leyes no valen nada, o que valen menos que el estatuto de una empresa privada».

«Estoy convencido que ningún juez argentino, por más que sea simpatizante de un sector o de otro, puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo para un fondo buitre en Nueva York. Esta sentencia es un disparate jurídico», sentenció.

Qué dijo Kicillof sobre las declaraciones de Milei

Tras una serie de aclaraciones, el líder provincial destacó: «Lo grave de lo que está ocurriendo es que hoy el Gobierno de la Argentina es Milei, que está de acuerdo con privatizar todo. Milei, con sus modos desubicados, lo que dice al desconocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar, pero él sostiene que la culpa la tengo yo o quienes participamos de la decisión de la expropiación y es absolutamente contradictorio y peligroso, porque le está dando la razón a los demandantes y contradice a los intereses nacionales».

«Milei está poniendo en riesgo a YPF, lo cual llama a diferentes acciones que vamos a iniciar. Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome y que ponga en riesgo la soberanía energética, que abra negociaciones con fondos buitres cuando no hay nada firme… esto todavía puede apelarse», sumó.

Y concluyó: «Lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, a la Argentina, pero sabemos que entró como un topo a destruir el Estado. Es gravísimo. A YPF hay que defenderlo. Desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, YPF no se vende. Y se lo advierto a Milei: no se vende, y menos todavía se entrega ni se regala».

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Los trabajadores de la salud llevarán a cabo una asamblea para definir nuevas acciones. Denunciaron que el gobierno se ausentó por tercera vez consecutiva a la audiencia para encuasar los reclamos laborales. 

El Hospital Garrahan sigue atravesando una fuerte crisis sanitaria e institucional en medio de los ataques del Gobierno de Javier Milei a los trabajadores de la salud y la falta de respuesta a los reclamos laborales y salariales que llevan varios meses. En este marco, los profesionales llevarán a cabo una asamblea para definir nuevas medidas de protesta esta semana en el nosocomio que además sufre el impacto de las incidencias climáticas sin calefacción.

Los trabajadores de Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), denunciaron que la administración libertaria nuevamente se ausentó a la audiencia realizada lunes en la Secretaria de Trabajo con los representantes de los trabajadores del Hospital, que tenía el objetivo de buscar un acuerdo entre las partes y resolver la crítica situación que atraviesa el centro e salud pediátrico por “el colapso por la renuncia de 220 profesionales porque no les alcanza su salario para vivir”.

«A los 200 profesionales que renunciaron en los últimos tiempos, últimamente se registró un 10% más, alrededor de 20 nuevas renuncias recientes«, señalaron. Las y los profesionales de la salud del Garrahan reportan pérdida salarial de 100% durante la gestión Milei y exigen que los salarios comiencen en 1.800.000 pesos acorde a la canasta básica.

“No presentarse por tercera vez consecutiva a una audiencia que convocó la Secretaría de Trabajo, que al final es una dependencia del propio gobierno, es directamente un bochorno. No solamente no les importa la suerte del Hospital Garrahan y de nuestros pacientes, sino que el Gobierno tiene como única respuesta dilatar, maniobrar, intentar hacernos cansar, y no van a poder, ya vienen fracasando hace muchas semanas”, apuntaron.

En este marco, evaluarán este martes 1° de julio en una nueva asamblea en el hospital «la profundización de las medidas de fuerza y una Marcha Federal Multisectorial». «Evaluaremos este martes, en una nueva Asamblea, la profundización de las medidas y una Marcha Federal Multisectorial», anunció la Asociación. «Milei cree que nos vamos a cansar y nosotros vamos a responder con lucha y una enorme Marcha Federal», expresó al respecto la secretaria general de APyT Norma Lezana, en acuerdo con todos los sectores en lucha del hospital.

Sin calefacción, en el Garrahan definen medidas de protesta

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Javier Milei avanza en su plan de achique del Estado y eliminó el organismo encargado de controlar, gestionas y regular armas, municiones y explosivos.

Apenas días después de flexibilizar el acceso a armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, el gobierno de Javier Milei eliminó este martes la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Así quedó plasmado en el Decreto 445/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La Anmac funcionaba hasta hoy como un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación y con autarquía económica y financiera. Ahora pasará a operar como un organismo desconcentrado, dependiente directamente de la cartera que conduce Bullrich. El decreto establece que se conservará la especialidad técnica y las funciones clave históricamente asignadas a la gestión y regulación de armas, municiones y explosivos.

Con la disolución de la ANMAC el gobierno libertario también eliminó el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que se encargaba de financiar acciones y programas destinados a prevenir la violencia armada.

Para asumir las funciones de la ahora desaparecida ANMAC, el Gobierno restituyó el Registro Nacional de las Armas (RENAR)»como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional».

El Renar tendrá como objetivo la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias, la cooperación en la formulación de políticas criminales en la materia, y la implementación de políticas de prevención de la violencia armada.

Por último, destacaron que todo el personal de la ANMAC conservará sus cargos hasta tanto se disponga la adecuación definitiva de la estructura organizativa del ministerio.

Acceso a las armas

Semanas atrás, el gobierno de Javier Milei facilitó por decreto el acceso a armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.

Así, y luego de más de 30 años, el gobierno libertario dejó caer el Decreto 64/1995 que prohibía a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas de guerra, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa. El nuevo decreto sustituye ese régimen de prohibición general por un sistema de control administrado por la ANMAC.

«Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego. La ANMAC tendrá a su cargo la aplicación del régimen de control especial», señala el decreto presidencial.

El decreto también contempla la posibilidad de que estos materiales controlados se utilicen en actividades deportivas u otras finalidades lícitas.

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