El exdirector de Vialidad Nacional en el kirchnerismo, Nelson Periotti sostuvo este lunes que en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo una «decisión política de acercar al Estado nacional a los municipios del país» como parte de un «plan de obras para todos los argentinos».

«Fue una decisión política del Poder Ejecutivo nacional», dijo Periotti en sus últimas palabras en la audiencia virtual del juicio en la causa Vialidad que se desarrolló de manera previa al veredicto anunciado para el próximo martes por la tarde.

El exfuncionario dijo a los jueces que el juicio «es un ejemplo más del ‘lawfare’ y la arbitrariedad político jurídica instalada en este tiempo».

«Jamás llevé a cabo ninguna conducta irregular» y «el 90 por ciento de los testigos» que declaró en tres años y medio «destruyó todos los motivos» de la denuncia que presentó el exdirector de Vialidad en el macrismo Javier Iguacel en 2016, acotó.

El debate ante el Tribunal Oral Federal 2 tuvo la anteúltima audiencia virtual dedicada a las últimas palabras de tres imputados, en vísperas del veredicto que se conocerá el próximo martes.

Ante ello, el edificio de Comodoro Py 2002 amaneció vallado, debido a la posibilidad de marchas en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada junto a otros 12 acusados.

«Jamás hice prevalecer el interés personal de los expresidentes, ni de ninguna otra persona, jamás pretendí beneficiar a un grupo empresario para garantizar un lucro indebido a costa del patrimonio del Estado», remarcó Periotti, de 77 años, y con un pedido de condena de 10 años de cárcel por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola

Periotti dijo que cuando llegó a Vialidad, Iguacel «estigmatizó» a funcionarios de carrera que él mantuvo siempre en el cargo, que «estaba apurado por las denuncias que deseaba realizar» y actuó «imbuido políticamente de odio».

El exfuncionario acusado por supuesta asociación ilícita y defraudación dijo también que su sucesor en el macrismo «estigmatizó» la firma de convenios con Santa Cruz.

Esa provincia, remarcó, «tenía abandono de infraestructura vial por parte de la Nación durante décadas» y todo fue parte de la «decisión política del Poder Ejecutivo nacional de acercar al Estado nacional a los municipios y, con el Gobierno del 2016 (en referencia al macrismo), se judicializó».

«No hay delito que se nos pueda imputar, fueron inversiones en infraestructura pública. Cuál es el delito de la celebración de convenios que están registrados y reglamentados», se preguntó.

Agregó que, incluso, «en la gestión de Iguacel se llevaban a cabo convenios mientras en esta causa se criticaban los convenios» y puso como ejemplo el caso de Mendoza: «Iguacel y (Guillermo) Dietrich firmaron con Mendoza por 8.000 millones de pesos».

Periotti dijo a los jueces que «la asociación ilícita jamás existió» y afirmó que «tampoco» defraudó a la administración pública.

«Las últimas palabras son un acto de hipocresía jurídica porque vuestra sentencia ya está resuelta y también está escrita», concluyó.

Periotti remarcó que la propia auditoría encargada por Iguacel no arrojó irregularidades significativas y que fue el macrismo el que paralizó las obras, ante lo cual se preguntó si «la Justicia imputará a los responsables del abandono que causó perjuicio para el Estado».

La sentencia

El Tribunal que dará a conocer la sentencia el próximo martes por la tarde estará presidido, al igual que este lunes, por el juez Jorge Gorini, presente en la sala de audiencias junto a los magistrados Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Durante poco menos de una hora y media, los jueces escucharon a Periotti y a los exfuncionarios de Vialidad Santa Cruz José Santibañez y Raúl Pavesi.

El próximo martes, desde las 9.30, serán las últimas palabras del exfuncionario de Vialidad Juan Carlos Villafañe, «tras lo cual el Tribunal pasará a deliberar y posteriormente dará a conocer su veredicto», ratificó Gorini al final de la audiencia.

El veredicto se conocerá el próximo martes luego de que, en sus alegatos finales, todas las defensas reclamaran la absolución.

Las condenas que pidieron para los funcionarios

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para el empresario Lázaro Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

En el juicio oral se debatió el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional vial en Santa Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos.