El viaje se concretó el jueves 13 de octubre, difundido por el matutino Página 12 cuatro días después, el mismo día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de «dádivas» por parte de magistrados y funcionarios.

La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en sendos artículos del diario Tiempo Argentino y del portal El Cohete a la Luna, medios que en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo por El Cohete a la Luna y en el sitio web Patagonianfacts.com, son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por Página 12 en su edición del 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón circuló enseguida en las redes sociales de los pobladores de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco de la novedad, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).

Tras la difusión por Página 12 de la lista de pasajeros del vuelo 26.917 confeccionada según la disposición 366/2018 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por «mal desempeño de sus funciones» contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en «graves desórdenes» de conducta en tanto magistrados.

Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de «dádivas» (recibir regalos o prebendas que son entregadas «en consideración de su oficio» y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.

En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.

En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con «mosca», al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.

En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D’Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia («Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida»); también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.

Consultados por Télam sobre las filtraciones, tanto Tailhade como Valdés lo calificaron como un escándalo de proporciones históricas por la participación de «jueces, funcionarios (de CABA) y directivos de Clarín», en referencia a Rendo y Casey (sobrino de Héctor Magnetto), al tratarse de «la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO».

Tailhade, abogado penalista de profesión, planteó que el contenido del grupo de Telegram compartido por Ercolini, Yadarola, Mahiques y Cayssials justifica «abrir una causa por dádivas contra los jueces que viajaron y contra el propio fiscal general (de CABA, Juan Bautista Mahiques), porque está muy claro que éste fue un viaje de fidelización organizado y pagado por Clarín para estos magistrados, que en muchos casos ya han tenido intervenciones en temas de Clarín».

En cuanto al debate legal sobre la validez como prueba de una filtración periodística basada en un hackeo, el legislador consideró que los involucrados en este episodio «van a plantear la nulidad de esa prueba y va a ser una discusión profunda, pero cuando hay en juego asuntos de interés público, como en este caso, se deben privilegiar antes que la privacidad de las personas».

Y en la misma línea, agregó: «Para cuestiones de naturaleza privada o personal, la prueba no va a servir (legalmente), pero frente a una acusación que tenga que ver con delitos contra el Estado, esa prueba se va a imponer por sobre la necesidad de preservar las cuestiones privativas de la intimidad».

Valdés, por su parte, definió el contenido del grupo de Telegram que habría sido creado por Casey como «un vómito de poder», ya que demuestra -dijo- «cómo ese poder concentrado se junta a escondidas para planificar acciones contra los representantes de la voluntad popular, de la voluntad de los más humildes, porque de ahí salen todas las operaciones judiciales y mediáticas».

«En los chats están claros los delitos que se les ocurren para que los desestimen en la causa en la que se los investiga por haber ido a Lago Escondido», remarcó el diputado que encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores.

Asimismo, Valdés dijo estar sorprendido por «la conducta especial de Carlos Mahiques, que está en una sala de Casación Penal para la cual no fue votado y quiere arreglar la Justicia yendo a practicar boxeo para cagarnos a trompadas a Rodolfo Tailhade y a mí: eso habla de sus condiciones para dictar justicia».

También el diario Perfil publicó un artículo sobre la filtración en la tarde del domingo y allí publicaron el descargo que le hicieron llegar colaboradores del jefe de los fiscales de la Ciudad y del ministro D’Alessandro, propietario de la línea de celular hackeada que contenía el grupo de Telegram.

Ante una consulta de Télam en el mismo sentido, desde el equipo de colaboradores de D’Alessandro contestaron que la difusión de los audios de la aplicación Telegram «es un tema muy preocupante» que atribuyeron a un «montaje» o a una «acción de servicios de inteligencia que penetraron el teléfono sin ninguna legalidad», lo cual configura un «hecho delictivo», remarcaron.

Según los colaboradores de D’Alessandro, el ministro porteño había denunciado hace tiempo el robo de su línea de celular -producido el 19 de octubre- a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy: el Telegram hackeado estaba en esa celular.

«En la fiscalía de Cibercrimen se determinó que la línea había sido usada con mensajes en el exterior», añadieron, y sobre los mensajes de audio filtrados este domingo dijeron que en la reproducción del contenido los nombres que D’Alessandro tenía agendados en su teléfono están escritos de otra forma, como si hubiera existido «una edición». «Hay grupos que operan así», señalaron para advertir que el ministro pedirá una investigación «a fondo».

Por otro lado, la concejala barilochense Roxana Ferreyra (FdT), quien junto a otra concejal de El Bolsón fue la primera voz en advertir públicamente sobre la llegada de varios jueces federales a la estancia de Joe Lewis, compartió a Télam su impresión al leer el contenido de los mensajes.

«Del grupo de Telegram que compartían se desprende que querían falsear un hecho, falsear una prueba, falsear facturas, inventando versiones de qué venían a hacer (a Lago Escondido), mientras se reían muy impunemente de que se creyera que los había mandado Mauricio Macri», sostuvo Ferreyra, bibliotecaria y docente que transita su primera experiencia en un cargo electivo.