Este lunes comienza el juicio por el crimen de Araceli Fulles, quien en 2017 fue hallada asesinada, y con signos de haber sido asfixiada, debajo de los escombros de una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez. Su familia pidió que los ocho imputados, que actualmente se encuentran en libertad, «se queden de por vida en la cárcel», al tiempo que denunció haber recibido «mensajes intimidatorios».
Los ocho están imputados de «homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas», delito que prevé la pena de prisión perpetua
Los voceros precisaron que a lo largo del debate comparecerán entre 150 y 300 testigos, y se prevé que el mismo se extienda hasta el 7 de octubre.
La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: «Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa.»
Pero Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.
La autopsia determinó que la joven murió por «asfixia mecánica» por «estrangulamiento a lazo» con un elemento compatible con precintos plásticos.
Por el caso, Darío Badaracco (31), hermano del acusado Hernán Rodrigo, fue el único detenido, pero murió el 13 de abril de 2019 luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría, tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.
A su vez, los ocho imputados se encuentran actualmente en libertad debido a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró en septiembre del 2017 que por la «ineficiencia del sistema investigativo» no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho.
A su vez, las fuentes policiales indicaron que Casalz (39) fue detenido esta tarde de urgencia por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín cuando iba a votar en una escuela de Villa Ballester y por orden del TOC 3.
/Télam
