La Corte Suprema se apresta, en las próximas horas, a expedirse en la causa “Confederación Frente Amplio Formoseño” contra la provincia de Formosa, en el que dictará la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, que está tácitamente contemplada en la Constitución local. Pero la sentencia –que como cada fallo de alto impacto ingresará en la guerra de sensaciones-, no implicará un cambio político ni ingresará en ese terreno respecto a otros poderes representativos, pese a que se fuercen las interpretaciones acerca de los márgenes de acción para el gobernador Gildo Insfrán, que cumple su octavo mandato como gobernador. Esto se explica porque, básicamente, la Corte está llamada a resolver respecto a un amparo planteado contra el artículo 132 de la Constitución formoseña que violaría lo prescripto en el artículo 5 de la Constitución Nacional. No habrá interferencias respecto al actual mandato, que había sido parte del reclamo de sectores de la oposición al peronismo que buscaban invalidarlo cuando presentaron la acción ante el máximo Tribunal.
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Una inconstitucionalidad para la reelección indefinida con múltiples destinatarios

La Corte Suprema se apresta a declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución local respecto a la ausencia de límites para las reelecciones. Pero dejará abierto un abanico de posibilidades para una solución política que, por un lado, genera precedente y esquiva incidir en el actual mandato del gobernador.
Pero este mismo ángulo desde el cual partirá la Corte Suprema contendrá mensajes que se expandan más allá de Formosa, y tendrán impacto –como precedente- en la situación principalmente de Santa Cruz, de Catamarca (que reglamentó una ley que la limita para curarse en salud), pero además respecto a anunciadas aventuras reformistas que apuntan a la propia Constitución Nacional. Estas últimas fueron azuzadas desde las usinas de comunicación virtual del gobierno de Javier Milei –que suelen ser premonitorias de las acciones oficiales- hasta por la propia Cristina Kirchner, que recientemente volvió sobre el tema de la necesidad de modificarla. Como todo, una cuestión así depende de mayorías agravadas en el Congreso que hasta ahora ninguna administración ha tenido porque precisa, de forma adicional, de un plafón político que le permita alcanzar consensos importantes acerca de los aspectos a “tocar”. En temas de alto voltaje político, la Corte ha venido enviando mensajes a múltiples destinatarios que, en este caso, están lejos de agotarse en Insfrán.
En trazo grueso, la Corte Suprema apuntará que el sistema republicano garantizado a través del Artículo 5 de la Constitución Nacional y al que las provincias deben someterse, puede ver socavado su espíritu de limitación del poder, a través del mecanismo de reelecciones sucesivas que puedan ser potencialmente indefinidas. Esa última palabra será clave, lo mismo que la diferenciación entre “periodicidad” y “alternancia”, como visiones colocadas en oposición en la postura de los demandantes y las autoridades provinciales que se apoyan en la primera para asegurar que la representación no colisiona con el Estado de Derecho. De todas maneras, la Corte dejará trazado una bisectriz: la posibilidad de que no haya limitación engendra un riesgo que colisiona con el texto fundacional. La alternancia se puede dar en varios formatos.
La constitución de Formosa no habla de «indefinidas». Deja abierta la interpretación. “El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”, afirma. Los tribunales locales le han dado visto bueno a la interpretación de que esto no es una limitante de la alternancia y que tampoco fija un número de períodos consecutivos. Pero no es la opinión mayoritaria de la Corte ni de la Procuración General, cuyo dictamen adelantó Ámbito. La propia jefatura de los fiscales había adelantado posición en el mismo sentido cuando un legislador intentó impugnar la candidatura de Insfrán en simultáneo a su nueva reelección, en mayo de 2023.
Pero la situación deja abierta un abanico de posibilidades a Insfrán que es posible que a la oposición en Formosa le deje un sabor agridulce. No va a interferir con el mandato conferido hasta 2027, pues existe un fallo posterior que buscará respetar la voluntad popular, en lo que a elección de poderes representativos refiere. Desde esa plataforma, el Gobernador podrá maniobrar para establecer límites temporales a la elección de autoridades provinciales, o de cómo fijar su alternancia. El espejo de Catamarca es una opción. Pero el llamado a una constituyente que hizo el mandatario formoseño también le da margen para fijar una propia norma que contemple la manda que ordene la Corte. Ese cálculo corresponde a la política y sólo se vería condicionado si el máximo Tribunal fija en un obiter o en su resolutivo algún lapso para cumplirlo. Con todo, la política es la destinataria del fallo, pero no sólo la formoseña. Lo obvio, son las provincias donde no se estableció con claridad ese límite. En lo general, es exhibir fortaleza de la Constitución Nacional como una suerte de blindaje donde se lea que para modificarla, primero haría falta cumplirla en toda su extensión, en la lectura que hacen en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Allí estará el activo del fallo en la interpretación de la Corte Suprema, que se inclina más por la fijación de un precedente que por incidir en resolver desde la justicia cuestiones que se remedian en el ámbito de la política. Por más que el fallo esté focalizado en Formosa y la lectura lineal de la sentencia apunte a esmerilar a Insfrán, lo cierto es que, en términos jurídicos, su significancia se expande y genera un doble efecto que no impacta de manera decisiva en la dirección política de la provincia ni se agota en los términos del amparo que dio origen a la controversia. Es una historia en desarrollo.
Ambito Financiero

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Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad

Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.
El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.
Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.
Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.
Los proyectos vetados
Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha
La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.
El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.
/P12
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Justicia interviene luego de que suspendan contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem

El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.
Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.
La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.
Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.
La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.

La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.
Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.
Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación
La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.
El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.
El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.
La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar: «Le echás la culpa a la amiga de Videla, cobarde»

La dos veces presidenta le cuestionó a Milei argumentar que la disparada del 4% del dólar en un día fue por culpa de Victoria Villarruel y el kirchnerismo.
Tras la fuerte escalada del dólar y su inminente pasaje a precios, la exmandataria Cristina Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, al recriminarles que «lo único que se les ocurre» es participar de una entrevista y «echarle la culpa a la amiga de Videla y a los kukas», en referencia a su Vice, Victoria Villarruel, y al peronismo.
«¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!», escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.
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