Es un termómetro que mide el clima que se vive en el Estado. La Dirección de Recursos Humanos sigue sin dar estadísticas.
Por ahora es algo que no pareciera ser masivo, aunque despierta preocupación porque atenta contra el buen clima interno que exige toda organización que busque ser exitosa y eficiente. En los últimos meses, llegó a esta redacción al menos media docena de denuncias por violencia laboral en el seno del Estado provincial y si bien existe una oficina que se creó para arbitrar en esos casos y tratar de ponerle fin a los conflictos, no ha suministrado datos oficiales a pesar de las incesantes gestiones que hizo Diario 13. Silencio total.
El problema de la violencia laboral no es algo nuevo y en el pasado llevó a que la provincia sancionara en 2008 la ley 985-K para prevenir y atender este tipo de episodios en todos los estamentos estatales. Esa norma impuso como autoridad de aplicación la Dirección de Recursos Humanos que depende del Ministerio de Hacienda, que de esta forma se convirtió en el organismo habilitado para mediar en este tipo de controversia entre compañeros de trabajo o entre empleados y superiores, se trate de funcionarios o personal de carrera, con el objetivo de buscar una salida que ayude a una convivencia fluida y armoniosa en el ámbito de trabajo.
Los denunciantes prefieren evitar nombres y detalles de los casos para no violar la confidencialidad que establece la 985-K y esperan una resolución que le ponga fin al asunto. En términos genéricos, coinciden en ser víctimas de malos tratos, traslados arbitrarios, hostigamiento, sanciones informales y criterios de mando discrecionales e injustificados que se sintetizan en una suerte de abuso de autoridad.
Lo llamativo no es la existencia de denuncias, sino más bien la ausencia o no difusión de estadísticas que permitan determinar, por ejemplo, cuáles son los hechos más comunes, el número de denuncias ingresadas en 2025, cuántas fueron archivadas, cambios de área como última solución y eventuales sanciones. En definitiva, saber con certeza cuál es la envergadura del problema y si los casos crecieron, como marcaron los denunciantes.
Este diario intentó en seis oportunidades obtener información oficial y no tuvo suerte. Desde la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en el segundo piso del Centro Cívico, no brindaron ningún dato.
La misma ley es la que fija el procedimiento que debería seguir la repartición cuando llega un caso. Obliga a preservar la identidad del denunciante y denunciado, a que ambos sean escuchados en el marco de investigación y finalmente, se debe dictar una resolución administrativa que tenga como meta restablecer el buen clima laboral.
La ley surgió en su momento de la mano del argumento oficial de generar un espacio que no esté teñido de intereses sindicales ni partidarios, que sea capaz de contener a empleados y funcionarios ante eventuales anomalías laborales y saldar diferencias antes de que se salgan de control. Hoy, todo es una incógnita que se alimenta de la falta de cifras que ayuden a trazar un diagnóstico y medir la prioridad, invocada en 2008, de preservar el buen clima laboral en el Estado sanjuanino.
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