A días de que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, un sobrino del fotógrafo tuvo un incómodo encuentro con Horacio Braga, uno de los homicidas, quien le dijo en una charla casual, sin saber era familiar del trabajador de prensa: «Yo estuve detenido, yo fui uno de los que maté a Cabezas».

Según contó Gladys, hermana de Cabezas, el episodio ocurrió hace más de dos semanas, cuando su hijo, sobrino del fotógrafo, fue a un recital en Baradero y quiso comprar un choripán en un puesto del lugar.

“Hace 15 o 20 días mi hijo del medio fue a un recital en Baradero. Estaba por comprar un choripán y lo atiende un señor«, relató Gladys a Radio La Red. Luego de intercambiar opiniones sobre el recital, siguió la hermana de Cabezas,»el tipo le cuenta que tiene esa parrilla de choripanes en toda la provincia de Buenos Aires y que estuvo detenido”.

Cuando, siguiendo con la conversación, el joven le pregunta sobre los motivos de su paso por la cárcel, Braga responde, sin saber con quién estaba hablando: «Yo fui uno de los que mató a Cabezas». En ese momento, relató Gladys, el sobrino del fotógrafo apenas atinó a decirle «jodeme, era mi tío», a lo que Braga respondió: «Uh, loco, qué se yo».

“Él quedó perplejo y se fue al recital, pero al final no pudo disfrutar porque pensó en que ese tipo fue el que mató a su tío, el que cagó a su familia”, contó la mujer.  “Cuando termina el recital él se vuelve, lo empieza a filmar y ahí ese tipo le dice: ‘Bueno, yo te lo dije y no me dijiste nada y ahora me venís a filmar, ¿qué te pasa?’ Una impunidad“, lamentó Gladys.

«Es increíble. Ese Braga es el que, cuando estuvo borracho, contó que habían matado a Cabezas y por eso lo agarraron«, recordó la mujer sobre uno de los asesinos de su hermano, que fue el último de Los Horneros en recuperar la libertad, en 2005.

Impactada por el desafortunado encuentro que debió atravesar su hijo, Gladys volvió a protestar por la condena que recibieron los homicidas. “Cuando una persona mata a otra, debe tener una condena ejemplar. La verdad que ninguno de los que asesinó a mi hermano tuvieron condenas ejemplares, de hecho se jactan de haber matado a Cabezas”, planteó. Y cerró: «Vos te enterás de estas cosas y decís, no pueden ser tan hijos de puta. Los jueces no pueden ser tan hijos de puta».

Crimen de Cabezas

Cabezas, quien se desempeñaba como fotorreportero en la editorial Perfil y murió a manos de una banda que tenía vínculos con el empresario postal Alfredo Yabrán, había logrado la foto imposible el verano de 1996: la imagen del empresario en traje de baño caminando por la arena ilustró la tapa de la revista Noticias. Si bien su nombre era conocido y tenía un vínculo cercano al entonces presidente, Carlos Menem, su rostro era un misterio. «Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía», era la frase atribuida por esos años a Yabrán.

El 25 de enero de 1997 el fotoperiodista fue hallado muerto dentro de un auto incendiado en la ciudad de Pinamar. Tenía las manos atadas y dos balazos en la cabeza.

El primer juicio por el asesinato tuvo lugar en enero de 2000 en los tribunales de Dolores y como resultado se dictaron las condenas a prisión perpetua del policía Gustavo Prellezo, del custodio de Yabrán, Gustavo Ríos, de los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y de los integrantes de la banda «Los Horneros» Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González, Miguel Retana y José Luis Auge.

Sin embargo, en septiembre de 2003, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires redujo las penas impuestas tras implementar la denominada la ley del «2×1», vigente por entonces, que computaba por dos cada año de prisión previo a la sentencia y así podía reducir a la mitad la duración de las condenas. De esta manera, la banda de «Los Horneros», con excepción de Retana que murió en la cárcel, fue beneficiada con reducciones de penas.

En 2007, Braga y Auge volvieron a ser detenidos por orden de la Justicia tras violar la prisión domiciliaria aunque, tiempo después, fueron nuevamente excarcelados.

En un segundo juicio por el caso que fue realizado en 2002, el comisario de Pinamar Alberto «La Liebre» Gómez fue condenado a reclusión perpetua como responsable de haber liberado la zona en la que tuvo lugar el crimen del reportero gráfico.

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El abogado Marcelo Fernández aseguró que el juez Eugenio Barbera ordenó la prisión preventiva de 6 meses porque cedió a la presión de la opinión de la sociedad.

Este miércoles 22 de enero se realizó la audiencia de formalización en la causa en la que se investiga un trágico choque que le costó la vida a dos hombres en 9 de Julio. En esta audiencia, el juez de Garantías, Eugenio Barbera, dispuso seis meses de prisión preventiva para Marcos Gabriel Pereyra, el conductor de uno de los vehículos involucrados. 

Tras la audiencia, el abogado defensor de Pereyra le dijo, que cree que el magistrado mando preso a su defendido porque cedió a la presión social para que este hombre estuviera detenido. 

Visiblemente molesto, Fernández manifestó su disconformidad con el accionar del juez. “Me esperaba una decisión de esa naturaleza”, aseguró y agregó que haya varios jueces de quienes no quiso dar el nombre, que no respetan las garantías del imputado y siguen con el paradigma viejo del sistema de enjuiciamiento.  

Fernández aseguró que la prisión preventiva cabe solo en los casos en los que se cree que el detenido podría fugarse durante el periodo de investigación y aseguró que la Fiscalía, que estuvo a cargo de Sebastián Gómez, no pudo acreditar que Pereyra tenga intenciones de huir.

Fernández aseguró que el juez Barbera se basó en un fallo que él mismo emitió en otro caso y aseguró que no se trata de situaciones comparables. Es que en ese caso detuvieron a un hombre del que se pudo comprobar que iba conduciendo ebrio y bajo los efectos de estupefacientes, algo que, según Fernández, no está plenamente probado en este caso. 

“Hay jueces de Garantía que juegan para la tribuna, que no se la juegan que no cumplen con la manda constitucional que tienen que ser la de aplicación estricta de la ley y la garantía de la independencia que es la garantía de cualquier ciudadano de que cuando sea sometido a un proceso el juez no se va a deja influir ni por la prensa ni por lo que diga la sociedad ni por ninguna otra circunstancia que no sean las pruebas o los elementos de convicción de cada causa”, aseveró el letrado.  

La tragedia

El siniestro vial por el que investigan a Pereyra ocurrió el domingo 19 de enero en la Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones, cerca de la localidad de La Majadita. 

Pereyra iba al mando una camioneta Toyota Hilux que embistió de frente contra un auto Volkswagen Gol Power. Tras el choque murió el acompañante de Pereyra llamado Mirco Aballay Allende (23), y el conductor del auto que fue identificado como Juan Alberto Torres Figueroa (31).

Durante la audiencia, en la que dictaron los seis meses de preventiva y el plazo de ocho meses de investigación, se supo que este hombre consumió cocaína y marihuana. Fernández aseguró que fiscalía no pudo probar que el detenido haya consumido estas drogas al momento de conducir. 

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Ocurrió en Rivadavia. Ambas son parientes y fueron detenidas cuando en la gresca a una de ellas se le cayó el arma.

El martes por la noche, en la vivienda de una familia se vivieron momentos tensos tras una pelea que podría haber terminado en algo peor. Personal de la Comisaría 27 llegó a una casa del barrio Giuliani, en Rivadavia, tras reportarse una pelea familiar. Las autoridades no solo observaron la fresca sino que detuvieron a las involucradas ya que una de ellas estaba armada. 

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos mujeres enfrentándose violentamente. Se trataba de una tía y su sobrina. Mientras intentaban separarlas, una de ellas dejó caer al suelo un revólver. Ante el hallazgo del arma de fuego, los agentes solicitaron refuerzos, recibiendo apoyo de integrantes de la Motorizada N° 3.

Las mujeres, ambas de apellido Cordero y de 29 y 19 años respectivamente, fueron detenidas en el lugar. Durante el procedimiento, la policía aseguró el revólver, un arma calibre 32 de color negro que contenía cuatro balas en su tambor.

La Unidad Fiscal del fuero de Flagrancia tomó intervención en el caso, dictando las medidas correspondientes. Mientras tanto, el arma fue resguardada por personal de la Policía Científica para las pericias de rigor.

Las detenidas permanecen bajo custodia policial a la espera de su presentación ante la justicia.

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