El Vaticano procesará a 10 personas, incluido el cardenal italiano Angelo Becciu, en un caso de malversación y extorsión. Las acusaciones son vistas como una represión histórica por parte del Papa Francisco contra los delitos vinculados a la Iglesia.
La Santa Sede anunció el sábado que Becciu y otras nueve personas recibieron la orden de comparecer ante un juicio por presuntos delitos derivados de la compra por parte del Vaticano de una propiedad de lujo en Londres, así como por inversiones especulativas que resultaron en graves pérdidas financieras para la Iglesia.
El cardenal fue acusado de malversación de fondos, abuso de poder y subordinación. Una mujer italiana que trabajaba para el alto funcionario de la Iglesia también fue acusada de malversación.
Entre sus coacusados se encuentran los ex jefes de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano, así como dos corredores italianos involucrados en el turbio acuerdo. Los cargos incluyen extorsión, fraude y lavado de dinero.
También se presentaron cargos contra cuatro empresas asociadas con acusados individuales. Dos de las empresas están ubicadas en Suiza, una en los Estados Unidos y una en Eslovenia.
El juicio comenzará el 27 de julio, según un comunicado de prensa del Vaticano.
Becciu se ha convertido ahora en el funcionario de la Iglesia con sede en el Vaticano de más alto rango acusado de delitos financieros. Según Christopher Lamb, corresponsal en Roma de la revista católica The Tablet, la acusación del cardenal no tiene precedentes. “Esta es la primera vez que se procesa a un cardenal de esta manera, y la decisión de presentar cargos marca un paso nuevo, y potencialmente decisivo, en las reformas de las finanzas del Vaticano por parte del Papa Francisco”
Según la ley de la Iglesia, el pontífice tuvo que aprobar personalmente la decisión de acusar a Becciu. El cardenal italiano siempre ha mantenido su inocencia durante la investigación sobre el asunto, que comenzó en 2019. Sin embargo, dejó un alto cargo en la Secretaría de Estado del Vaticano en septiembre pasado luego de que surgieran acusaciones de malversación de fondos.
La medida se produce menos de un mes después de que el principal organismo de control financiero del Consejo de Europa pidiera al Vaticano que garantizara la transparencia en los procedimientos para enjuiciar a los altos funcionarios acusados de lavado de dinero y otros delitos. El Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas Contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo señaló que el procedimiento para obtener el consentimiento papal a fin de emprender acciones legales contra los clérigos superiores «no es completamente transparente».
En abril, el Papa Francisco emitió un decreto que permite a los obispos y cardenales que trabajan en el Vaticano ser juzgados por un tribunal laico. Antes de esta reforma, los clérigos de alto rango solo eran responsables ante un cuerpo de altos funcionarios de la Iglesia, conocido como el Tribunal de Casación.
/RT.com
