Un grupo de legisladoras de diferentes bloques políticos mantuvo una reunión con el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, para avanzar en la legislación que establecerá restricciones para aquellos con condenas penales en la posibilidad de ocupar cargos públicos en la provincia.
El objetivo es que, antes de finalizar el 2024, se apruebe una ley de «Ficha Limpia» que impida la postulación de personas con sentencias firmes.
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Durante el encuentro, representantes de «Hacemos Unidos por Córdoba» y la UCR (Unión Cívica Radical) acordaron ajustes sobre los proyectos que ya fueron presentados. Las propuestas coinciden en que la ley afectará tanto a cargos electivos como a funcionarios provinciales, incluyendo a ministros y secretarios.
Además, también decidieron definir cuáles delitos estarán incluidos en esta iniciativa
En cuanto a la postura de la oposición, la legisladora Brenda Austin, impulsora de uno de los proyectos, destacó que el cambio propuesto permitiría a Córdoba seguir el ejemplo de otras provincias, como Chubut, que ya establecieron regulaciones similares.
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«Se tomará el criterio de incluir todos los delitos dolosos de pena privativa de la libertad, delitos graves y dolosos, comprendidos tanto en Código Penal como en las leyes especiales. Y en el tercer punto se abordó acerca de a quiénes alcanzará la inhabilitación», agregó Austin.
Se espera que en las próximas semanas, durante las reuniones de comisión en la Legislatura, se continúe con el análisis detallado del proyecto, con la posibilidad de convocar a expertos en derecho penal para discutir sus implicancias. La meta es que el proyecto sea sancionado en la última sesión del año, prevista para el 27 de diciembre.
