La medida afecta a todos los niveles educativos, tanto de gestión pública como privada. El Ministerio de Educación aclaró que se tomó por recomendación de Protección Civil ante el pronóstico de viento Zonda.

El Ministerio de Educación de San Juan informó que este jueves 31 de julio se suspenderán las actividades escolares presenciales en los departamentos de Calingasta, Iglesia y Jáchal debido a la alerta meteorológica por viento Zonda. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.

La decisión fue tomada tras recibir el informe de la Dirección de Protección Civil, que advirtió sobre condiciones desfavorables durante la jornada, con posibles ráfagas intensas y descenso en la humedad relativa, lo que representa un riesgo para la comunidad educativa.

Desde la cartera educativa aclararon que las clases continuarán de forma virtual, a través de los medios que cada institución tenga establecidos. Por otro lado, en el resto de los departamentos las clases se dictarán con normalidad. Autoridades provinciales recordaron a la población seguir las recomendaciones ante el Zonda, como evitar actividades al aire libre, hidratarse adecuadamente y no exponerse a cambios bruscos de temperatura.

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Calculan que a fines de 2026, la Justicia local funcionará a pleno en su nueva sede.

El Poder Judicial de San Juan está cada vez más cerca de concretar el objetivo de contar con una sede propia, el edificio 9 de Julio. Hace unos días se inició la primera etapa de la refuncionalización de las instalaciones para dejar operativos el 1er y 2do piso, la planta baja y el subsuelo donde se trasladarán los fueros Civil, Laboral y de Familia con importante mejoras. Una de ellas es que habrá 5 salas de audiencias más de las que funcionan actualmente. Ayer, la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, recorrió el inmueble para corroborar el avance de los trabajos, y adelantó que calculan que a fines del 2026 ya funcionará a pleno la Justicia en su nueva casa.

En el 2023, el Poder Ejecutivo le cedió al Poder Judicial el Edificio 9 de Julio para que lo ocupe como sede propia. Y el Ministerio de Infraestructura realizó la consolidación de la estructura para reparar los daños que le provocó el último terremoto en la provincia y dejarla en condiciones y con la habilitación correspondiente. En tanto que, a principios de julio, la Corte de Justicia adjudicó a la empresa Nacusi la primera etapa de la obra de refuncionalización que ya se puso en marcha y con importantes incorporaciones.

En la nueva sede se instalarán 14 salas de audiencias, 5 más que las 9 que funcionan actualmente en los fueros Civil, Laboral y de Familia. Todas estarán equipadas con sistemas de audio y video para los procesos orales. Esta mayor cantidad de salas permitirá agilizar el trabajo de la Justicia, al poder realizar un mayor número de audiencias. A esto se sumará también la habilitación de 10 Salas para Entrevistas de los Gabinetes Técnicos del fuero de Familia, que permitirá brindar un mejor servicio. ‘A principios de julio, la empresa adjudicataria, tomó posesión de la obra de refuncionalización del Edificio 9 de Julio donde funcionará y concentrará el Poder Judicial. Esto es un gran avance para que el ciudadano tenga que asistir a la menor cantidad posible de edificios en el marco de un proceso judicial, y cuente con un mejor servicio’, dijo Adriana Nieto de García.

Eduardo Serrate, ingeniero y director de Servicios Generales del Poder Judicial, dijo que esta primera etapa de la obra involucra 9.900 m2 de los 13.288 m2 totales del edificio, lo que representa el 75 % de las instalaciones totales. Agregó que este proyecto comprende la ejecución de la tabiquería interior, cielorrasos, carpintería interior, pintura interior y exterior, instalación de equipos de aire acondicionado con sistema VRF, instalación de aprovechamiento de aguas grises; instalaciones contra incendio e instalación eléctrica y de un sistema de gestión inteligente; como también la estructura que conforma el pasadizo de un futuro ascensor para uso camillero. ‘El Edificio 9 de Julio tiene 6 plantas en total de las cuales vamos a refuncionalizar el subsuelo donde se ubicarán las Salas de Audiencias y de Entrevistas, y la parte logística y de archivo. También la obra alcanza al primer y segundo piso, y a la planta baja. En una segunda etapa intervendremos el 3er y 4to piso, donde se instalarán las áreas administrativas y la Corte de Justicia. Ya estamos trabajando en ese proyecto’, dijo Serrate.

El plazo de finalización de la obra de la primera etapa es de 365 días, por lo que el edificio quedaría listo en julio del año que viene. Y calculan que a fines del 2026, ya funcionará a pleno el Poder Judicial en su sede propia. ‘Cuando la empresa constructora nos entregue la obra y autorice la mudanza, comenzaremos con el traslado de los tres fueros de manera simultánea. Lo más demoroso creo que va a ser la instalación del sistema informático. Calcula que antes de que finalice el 2026 ya todo comenzará a funcionar’, sostuvo García Nieto.

> Costo de la obra
La empresa Ingeniero Julio Nacusi Construcciones SRL fue quien ganó la licitación para la ejecución de la primera parte de la obra de refuncionalización del Edificio 9 de Julio. El monto ofertado por esta empresa fue de 7.569.381.114 pesos.

> La sede en Jáchal
Miembros de la Corte de Justicia viajarán hoy al departamento Jáchal para realizar una visita y recorrida por la obra en construcción del nuevo edificio del Centro Judicial de esa comuna. Según adelantaron fuentes judiciales, los trabajos tienen más de 40% de avance.

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El exlegislador y su secretaria evitarían ser extraditados a la Argentina y tener que responder en una causa que instruye Arroyo Salgado por coimas. Las similitudes con el caso del operador macrista Pepín Rodríguez Simón.

Atrincherado en Paraguay. El exsenador Edgardo Kueider fue mandado a juicio oral por el delito de contrabando -haber ingresado 211.000 dólares de manera clandestina-, pero no es para él ni para su pareja, Iara Guinsel Costa, una noticia catastrófica. Lo fundamental para ambos es que no los manden a la Argentina, donde en lugar de estar en una casa cómoda, aterrizarían en el penal de Ezeiza. Todo el proceso amenaza con seguir el modelo de La Gran Pepín, en referencia a Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri que estuvo tres años y medio en Uruguay pese a que lo reclamaba la justicia argentina. Kueider apelará aspectos de la decisión de mandar la causa al juicio oral por contrabando; apelarán también la resolución que pone en marcha el segundo juicio, el de extradición; y luego apelarán nuevamente lo que decidan los tribunales de alzada. Irán y volverán de la Corte Suprema guaraní. Hay conocedores del mundo judicial de Paraguay que pronostican que todo puede tardar -si así lo impulsa el poder político- diez años, con buenas chances de que Kueider y Guinsel Costa puedan transitar el proceso gran parte en libertad. En cuanto al poder político, es obvio que el gobierno de Santiago Peña, amigo de Javier Milei, jugará para que Kueider se quede en Paraguay sin que lo manden a la Argentina donde le harán preguntas incómodas. Por ejemplo, si el origen de los 211.000 dólares que llevaba en la mochila es la venta de su voto en la llamada Ley Bases. Todo parece calcado a lo de Pepín: el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou sintonizaba con Mauricio Macri y el operador se pasó tres años paseando por las playas de Punta del Este sin que se cumpliera con el pedido de la justicia argentina.

Este miércoles, el juez Humberto Otazu resolvió elevar a juicio el expediente por la tentativa de contrabando de los 211.000 dólares. O sea, se sorteará un tribunal para que se haga cargo del proceso oral. Sin embargo, aspectos de la decisión son apelables -que el operativo fue inconstitucional, que se invaliden las cámaras y las filmaciones-, de manera que los abogados de Kueider presentarán un recurso ante la Cámara de Apelaciones. Y, si la Cámara confirma, irán hasta la Corte Suprema. Como sucede en Argentina, todo el proceso tardará lo que el poder político quiera: seguramente años.

La pena por tentativa de contrabando es relativamente baja: el máximo son cinco años de prisión, pero también está la alternativa de una multa. Quienes conocen la justicia de Paraguay creen que en un caso como el de Kueider, la pena puede rondar los 2 años y el equivalente a 500 dólares. Pero lo más trascendente es que el exsenador y su pareja se esconden detrás de esta causa, porque la ley paraguaya indica que no podrán ser extraditados hasta que cumplan con la pena. Es decir, que habrá un largo proceso con apelaciones hasta la Corte, luego el juicio, una pena, largas apelaciones hasta la Corte nuevamente y, al final, cumplir la pena. Mientras tanto, Kueider y Guinsel Costa seguirán en la casita de un buen barrio de Asunción y seguramente en unos meses pedirán que les permitan seguir el proceso en libertad. Según dicen en Asunción, no hay siquiera policías verificando que se cumpla la presión domiciliaria.

En los tribunales paraguayos aseguran que el proceso judicial de extradición, pedido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, queda en pausa: no se puede hacer el juicio de extradición hasta que se haya terminado el caso de la tentativa de contrabando. Como se sabe, el juez Rolando Duarte concretó el martes la audiencia de reconocimiento de Kueider y Guinsel Costa en el marco del proceso de extradición. El magistrado le preguntó a ambos si aceptaban volver a la Argentina lo que fue rechazado por ellos y sus abogados. De manera que ese fue el primer paso hacia el juicio de extradición, el que queda en pausa por la causa del contrabando. Pero cuando ese proceso empiece a caminar, después asistiremos al espectáculo de las apelaciones, las idas y vueltas, tal cual ocurrió con Pepín Rodríguez Simón.

Sucede que el panorama que tiene el exsenador y su pareja es oscuro en la Argentina. Lo espera la causa que instruye Arroyo Salgado de coimas en la empresa de seguridad Securitas. Kueider era parte de la empresa y también directivo del gobierno entrerriano que contrataba los servicios de Securitas. La denuncia la hizo la propia empresa después de una auditoría interna y entregó frondosa documentación. La acusación la formuló el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien hizo una larga investigación.

En sintonía con ese expediente, se instruyó en Entre Ríos otra causa por enriquecimiento ilícito a raíz del descubrimiento de cinco departamentos en un edificio de Paraná en que las expensas las pagaba una empresa llamada Betail S.A. La revista Análisis determinó que cada uno de los departamentos tiene un valor de 150.000 dólares, aunque uno asciende a 350.000.- Los pagos de expensas los hacía Guinsel Costa y Betail figuraba a nombre de Kueider y de un empleado suyo en el Congreso Nacional.

Para redondear, también hay un expediente en Comodoro Py sobre las irregularidades en los votos de la Ley Bases, en que Kueider, sorpresivamente, se dio vuelta a última hora y votó a favor. Fue el voto decisivo. En esa causa, que instruye el fiscal Carlos Stornelli, va a declarar la semana que viene la abogada Valeria Carreras. La letrada pedirá, como es lógico, que se analicen los celulares de Kueider y otros extraños votantes de la norma que le permitió avanzar a Milei con buena parte del ajuste.

La experiencia de Pepín en Uruguay demuestra que la clave de las extradiciones está en la política, no en la justicia. El gobierno de Luis Lacalle Pou miró con pasividad que el operador transitara cómodamente el proceso de extradición pedido por la jueza María Servini. El operador pasó tranquilos tres años y medio y volvió cuando consideró que en la Casa Rosada había un gobierno afín, el de Milei. Lo mismo parece ocurrir en Paraguay. El gobierno de Peña está en sintonía con Milei y ambos se referencian en Donald Trump. Peña tendrá la última palabra. Es que una vez que termina el proceso de extradición, el que decide es el Poder Ejecutivo, porque puede otorgar un refugio aduciendo que existe una persecución política. Todo indica que nadie -y menos que menos Milei- quiere a Kueider en Argentina. 

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