Armando Sánchez y varios exfuncionarios de su gestión deberán responder por 25 cargos que abarcan pagos sin respaldo, contrataciones irregulares y ausencia de documentación clave.
El Tribunal de Cuentas de San Juan encendió las alarmas tras auditar el ejercicio 2023 del municipio de Pocito. Como resultado, formuló 25 cargos contra el exintendente Armando Sánchez y varios de sus exfuncionarios, señalando presuntas irregularidades administrativas que rondan los 120 millones de pesos. Los implicados ya fueron notificados y se encuentran en plazo para presentar descargos y documentación que los libere de la imputación de un eventual perjuicio patrimonial.
La lupa del organismo de control apuntó al último tramo de la gestión de Sánchez, exministro de Desarrollo Humano de la provincia y figura del uñaquismo, que dejó el cargo en diciembre de 2023 en manos de Fabián Aballay.
Entre las irregularidades más graves figura una adenda al contrato con la empresa Hormigones de Cuyo por una obra de repavimentación en calle Maurín. El Tribunal detectó que no hay constancia de la base de cálculo de la redeterminación de precios ni certificación de los trabajos, a pesar de que se autorizó el pago de casi $49,8 millones. Por esta operación fueron imputados Sánchez; el exsecretario de Administración y Hacienda, Claudio Collado Moll; y el extitular de Obras y Servicios Públicos, José Luis Martín, según dio a conocer el medio 0264 Noticias.
Otra de las observaciones más pesadas involucra contrataciones directas sin contrato ni facturación respaldatoria para colocar juegos y equipamiento deportivo entregado por la Secretaría de Deportes provincial. Las firmas involucradas son Hormigones de Cuyo, Yohmelju y Bulk Sas. La suma observada asciende a casi $16 millones, y entre los señalados están Sánchez, Collado Moll, la exsecretaria de Acción Social Lucía Altamirano, y el exdirector de Deportes Néstor Font Oliver.
Además, el Tribunal cuestionó un operativo de limpieza y riego por más de $9 millones, en el que no existen constancias de los contratos, ni facturas, ni registros de los servicios prestados. Nuevamente, Sánchez, Collado Moll y Martín fueron responsabilizados.
A estos cargos se suman otros pagos por alrededor de $6 millones cada uno, entre ellos la adquisición de materiales y mano de obra para espacios verdes (con la firma Más Negocios) y la compra de equipamiento para plazas a Crucijuegos, empresa que no estaba habilitada para contrataciones directas. En ambos casos, faltan comprobantes esenciales como la recepción de bienes o su incorporación al inventario municipal.
También hay dos observaciones por más de $5 millones cada una. Una por una obra de enripiado sin contrato, certificación ni cobertura de seguros para el personal. La otra, por la contratación de un servicio de catering para la fiesta de Santa Bárbara, con una factura sin conformar y un decreto de pago sin monto estipulado.
En total, el Tribunal de Cuentas identificó un conjunto de gastos sin respaldo administrativo ni legal, lo que podría derivar en una declaración de responsabilidad patrimonial directa para los implicados. Si no logran justificar las erogaciones, podrían enfrentar un proceso de cobro judicial por parte de Fiscalía de Estado, que quedaría habilitada a ejecutar la deuda.
No obstante, los exfuncionarios aún pueden defenderse: primero ante el propio Tribunal, luego, si es necesario, con un recurso ante la Corte de Justicia. Todo dependerá de la validez de los descargos que presenten.
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